¿De qué vida hablamos cuando hablamos de la vida?

Por encima de nuestras posibilidades

Desde la llegada al Gobierno del Partido Popular hemos asistido a un ataque sistemático sobre todos nuestros derechos. La reforma constitucional llevada a cabo por el PSOE y por el PP en su artículo 135, por el que nos condenaban al pago de la deuda por encima del mantenimiento del estado social, era sólo la antesala de estos dos terribles años.

En estos dos años hemos visto cómo nos privatizan hospitales, eliminan el endeble sistema de atención a la dependencia y privatizan —mediante la imposición de tasas impagables— las universidades españolas. Un ataque en lo social pero también un ataque en nuestros derechos civiles. La ya conocida como Ley Mordaza, la reforma del código penal o la privatización progresiva de la seguridad —con la modificación y ampliación de la funciones de la seguridad privada— son claros ejemplos del proceso destituyente que venimos sufriendo. Llamo proceso destituyente al que tiene como fin la modificación y destrucción de todos los consensos políticos y sociales que nos asistían, se trata de convertir a España en un país periférico y dependiente de una Europa depredadora, que hace ya tiempo renunció a ondear la bandera de las libertades para situarse cómodamente como una extensión de los intereses de los consejos de administración de las grandes empresas. Así nos bajan los salarios y abaratan nuestros despidos, mientras suben las  facturas de la luz y el precio de los medicamentos. En un país donde el presidente de Iberdrola gana 7 millones de euros anuales todavía continúan insistiendo en que somos nosotras las que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades.

Unido a este proceso de expolio y empobrecimiento generalizado las mujeres estamos afrontando los mayores ataques contra nuestros derechos desde el pacto de la transición. Y el mayor de ellos, sin duda, han sido las constantes amenazas que el partido en el gobierno ha hecho sobre la eliminación de nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestra maternidad. Amenazas que, tristemente, parece que se materializarán hoy en el, ya temible, consejo de ministros.

El control de los cuerpos de las mujeres es una herramienta de dominación esencial del modelo patriarcal y una de sus manifestaciones más evidentes es el control de la natalidad de las mujeres, pues —y utilizando la metáfora de Silvia Federicci— el cuerpo de las mujeres se convierte en un proceso de acumulación originaria infinito consistente en la creación de mano de obra. Por eso su control por parte de las instituciones es el control de la producción de trabajadoras y trabajadores. El derecho de las mujeres a decidir sobre nuestros propios cuerpos se torna, desde este punto de vista, una amenaza directa a los cimientos del modelo económico.

Como pasa con la mayoría de los debates que afectan a derechos específicos de las mujeres, los presupuestos desde los que se construyen los discursos son, en muchos casos, tramposos. Buscan enmascarar, bajo dialécticas contundentes, injusticias sociales que, una vez salen a la luz en toda su magnitud, resultan de un carácter incontestable. El problema social que toca afrontar de manera ineludible es el derecho a la salud y a una vida libre de violencia, para el conjunto de la sociedad. No existe, por lo tanto, posibilidad de democracia cuando no están garantizados estos derechos para la mitad de la población.

Hay un hecho evidente: la existencia de embarazos no deseados. Tenemos que decidir qué medidas y qué marco legal vamos a articular en base a ello. La política debe por tanto centrarse en cómo intervenir sobre una realidad social específica y buscar soluciones. No debe, sin embargo, centrarse en elaborar disertaciones morales sobre las causas de esos embarazos, que es lo que pretenden la mayoría de los discursos a los que anteriormente me refería.

Lo que se está debatiendo, por tanto, no es otra cosa que la existencia de un marco legal que garantice el derecho humano a la salud de las mujeres. Que garantice que cuando decida enfrentarse a la interrupción de su embarazo, por las razones que sea, tendrá una atención médica segura que no pondrá en riesgo su vida.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, 80.000 mujeres mueren al año en el mundo por la práctica de interrupciones del embarazo en condiciones insalubres. Es indispensable, en este sentido, poner en el centro del debate el derecho a la vida de las mujeres. Resulta obvio plantear que el aborto ha existido siempre y, por lo tanto, plantear que, más allá de lo que se decida en ningún consejo de ministros, los abortos seguirán existiendo. Por mucho que se pretenda hacer del pecado ley, aquellas mujeres que tomen la decisión de interrumpir su embarazo, seguirán tomándola aunque esa decisión siga costándonos nuestras vidas. Téngase por lo tanto esta premisa inicial como una realidad material harto demostrable.

Porque nos importan las vidas, tenemos claro que es indispensable hablar de en qué condiciones son vividas. Proteger la vida de las personas, desde un punto de vista político, es decir, desde un punto de vista material, significa desarrollar servicios sociales que articulen la convivencia y la redistribución de bienestar. Es absolutamente incompatible con una sociedad democrática, no desarrollar servicios sociales que garanticen el desarrollo de la vida como son escuelas infantiles públicas y gratuitas, atención socio-sanitaria universal, comedores sociales, ayudas a la crianza… y al mismo tiempo pretender criminalizar a aquellas mujeres que deciden no ser madres. Hay que denunciar que no es posible seguir pretendiendo que la maternidad sea un valor absoluto en lo moral en una sociedad que no articula ninguna medida que realmente proteja dicha maternidad. La criminalización de las mujeres que interrumpen su embarazo nada tiene que ver con la protección de la vida y huelga decir que nada tiene que ver con la prevención de embarazos no deseados.

Si lo que se quiere es proteger la vida es indispensable la creación de un marco que garantice la práctica médica de la interrupción del embarazo bajo unas condiciones socio-sanitarias seguras. Asimismo es igualmente indispensable enmarcar cualquier tipo de regulación de este calado desde una perspectiva múltiple, hablamos de una ley de educación sexual y derechos sexuales y reproductivos. Insisto en esta idea: el problema social real es la existencia de embarazos no deseados. La interrupción del embarazo debe ser una medida de urgencia, no una solución al problema, la política pública real, el reto, es evitar los embarazos no deseados.

Y así lo denunciamos desde las calles y desde nuestros barrios. Y así lo reflexionaron muchas compañeras feministas que pelean en nuestro país por garantizar nuestros derechos. Por ello escogí uno de sus lemas para titular el artículo, porque hablamos de vidas, de las nuestras; sirva este título como mi homenaje y reconocimiento a sus luchas y sus ideas, de las que sin duda nos seguiremos nutriendo y seguiremos enriqueciendo con nuestro saber hacer juntas.

En primera instancia la lacra social de la violencia machista en un factor esencial en este debate. Es indispensable seguir profundizando en la erradicación total de dicha violencia en todas sus dimensiones y, en este caso concreto, nos referimos a una de sus manifestaciones más execrables como es la violación. Sobre este respecto podrían decirse muchas consideraciones, nuestro afán aquí es enunciarlo como problema esencial también dentro de este debate.

En segunda instancia es absolutamente necesario incluir la educación sexual dentro de todas las etapas educativas. Pues si bien sabemos que hay múltiples causas para los embarazos no deseados, una de ellas es la falta de información así como de acceso a medios anticonceptivos. Una vez más vemos cómo este gobierno elimina la educación para la ciudadanía y financia centros de educación segregados.

Por último hay otra reflexión que debemos hacernos. El problema del acceso a la salud es también un problema de clase. Así las mujeres que puedan permitírselo seguirán accediendo a clínicas privadas que a cambio de dinero les garantizarán confidencialidad y la mejor de las atenciones médicas. Como pasa siempre que los poderes públicos cierran los ojos ante las injusticias sociales: los de arriba continuarán gozando de todos sus derechos, mientras para las de abajo seguirá siendo un reto seguir con vida.

Por todo ello quiero manifestar la necesidad de plantear la desobediencia activa, en las calles y en todos los espacios en los que nos encontremos. No vamos a dar ni un paso atrás en nuestros derechos, y esta lucha no termina con la aprobación de ninguna ley injusta. Las mujeres vamos a seguir peleando porque sabemos que los derechos se ganan ejerciéndolos. Esta tarde nos vemos en las calles a partir de las siete y nos seguiremos encontrando en tantos otros espacios, no nos paran ni nos callan, las libertades se conquistan.

Sara Porras Sánchez