Una nueva arma que se utiliza como un juego de videoconsola ha entrado con fuerza en los ejércitos: los aviones no tripulados o drones, que como cualquier otro avión, pueden ser civiles o militares, según el uso que se les dé. Centrándonos en su versión militar, en la que se usa para matar, podemos observar que no hay ningún ejército de nuestro entorno que no haya acogido con entusiasmo su implantación entre sus equipamientos. Y las razones son muchas: son más baratos que un avión de guerra convencional, no hace falta formar durante años a un piloto de combate, en caso de recibir artillería antiaérea no supondría la pérdida de vidas humanas de la correspondiente tripulación y además, se hace más sencilla la decisión de disparar sobre el objetivo militar, ya que comporta menos cuestionamientos morales disparar a objetivos que aparecen en una pantalla de ordenador que hacerlo viendo los efectos del ataque con tus propios ojos. A las ventajas militares hay que sumar las políticas. Si una cosa hace daño en un gobierno que emprende aventuras militares en tierras lejanas es tener que explicar a la opinión pública que sus compatriotas vuelven de la guerra en ataúdes.

Además, nadie quiere perderse formar parte de un negocio con un volumen de mercado previsto en 89.000 millones de dólares, 28.500 de los cuales corresponden a I+D+i, tanto el negocio militar como en el civil. En todo caso, tan sólo en la OTAN hay más de 60 tipos de drones, más de 2.200 estaciones de control terrestre y más de 6.700 UAS. A nivel mundial ya hay más pilotos de UAS que de aviones comerciales. En el caso español es el ejército de tierra el único que posee 17 UAV, cuatro de los cuales se encuentran desplegados en Afganistán. Las empresas españolas más importantes en cuanto a los UAV son Cassidian (EADS) e Indra, en un sector claramente dominado por los EE.UU. e Israel.

Más allá del negocio, aceptar el uso de los drones como un arma comporta problemas de orden jurídico y ético. 

Por una parte, un avión no tripulado no puede respetar el Derecho Internacional Humanitario, puesto que estas armas no son capaces de distinguir entre civiles y combatientes o de medir la proporcionalidad del ataque. De hecho, entre los criterios utilizados para la identificación de objetivos militares por los drones, se emplea el criterio de "grupo de hombres que se encuentren reunidos". Y no tenemos que olvidar que los Estados tienen la obligación de garantizar que todos los sistemas de armas vigentes respeten el ordenamiento jurídico internacional. Los EE.UU., que son líderes en su uso, sólo en Pakistán, Yemen y Somalia han realizado al menos 500 ataques, con un balance de cuatro mil víctimas mortales, una cuarta parte de los cuales eran civiles.

Desde un punto de vista ético el cuestionamiento es todavía más evidente: ¿Quién es responsable de un bombardeo hecho sin intervención humana directa? ¿Qué pasa si un hacker interfiere el sistema informático del UAS?¿ Qué pasa si hay un error de programación? Con los aviones no tripulados militares la guerra se convierte en una actividad trivial, en un videojuego, donde los objetivos sobre los cuales se lanzan bombas y misiles son imágenes en una pantalla de ordenador.

De este modo, podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que el uso de los drones militares es ilegal y éticamente inaceptable .Si no somos capaces de dejar en segundo plano los intereses económicos y políticos entraremos en la era de la guerra de playstation con la única diferencia que con el caso de los drones las víctimas serán reales. Es, pues, necesario y urgente una legislación que ordene el uso de los drones y que evite su uso militar.

Extracto del Artículo publicado en el Diario Ara