El juez en excedencia y alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, esta semana en Twiter: "Es necesario cambiar la ley vigente y hacerla más justa ante casos como el de Marta del Castillo". Cambiar la ley vigente, ¿pero en qué exactamente? Casi al mismo tiempo el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, incluía en su batería de reformas legislativas la modificación de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. ¿Para qué? Para que en el futuro no vuelva a ocurrir lo que en el caso Marta, en el que el menor implicado fue juzgado separadamente de los cuatro adultos también procesados.

La reforma parece de sentido común y puede simplificar los procesos por delitos muy graves cometidos conjuntamente por adultos y menores. Pero la reforma de Gallardón no sólo es una mera reformita más que una reforma, sino que además es una reforma engañosa, en el sentido de que ha sido decidida en el contexto penal, emocional y mediático del caso Marta y ha sido implícitamente presentada como un cambio legislativo que, en palabras del alcalde de Sevilla, haría la ley "más justa".

Hacer un solo juicio, y no dos, a adultos y menores puede ser procesalmente deseable, pero habría sido irrelevante a efectos del desenlace judicial del caso Marta, dado que el hecho de haber juzgado juntos al Cuco y Carcaño y los demás es poco probable que hubiera arrojado un veredicto más acorde a los deseos de los padres de la joven.

La desgracia del caso Marta nada tiene que ver con que haya unas malas leyes. Si no ha habido más condenas que la de Carcaño por asesinato y el Cuco por encubrimiento no es porque la Ley del Menor o el Código Penal tengan deficiencias o sean blandos: no ha habido más condenas porque las pruebas reunidas eran las que eran, porque fueron interpretadas por la Audiencia de Sevilla de una determinada manera y no de otra y porque muy probablemente el cadáver fue arrojado al Guadalquivir con la mala fortuna de que el río esta vez no quiso devolverlo a sus legítimos y desolados dueños. Ni juzgar juntos a menores y adultos habría elevado el número de condenados o evitado que los procesados mintieran ni endurecer las penas habría impedido que se produjera el espantoso crimen. Lo que no podrá hacer jamás ninguna ley es añadir a un caso pruebas que no existen, modificar la interpretación de las mismas o prescindir de la presunción de inocencia. Los dirigentes del PP no deberían prometer a los padres de Marta cosas que no pueden darles ni hacerles creer cosas que ellos mismos no creen.