El Fiscal General del Estado es nombrado por el Gobierno. Y, como es ilógico, designa a alguien de su confianza. El Fiscal General tiene como función la defensa de la legalidad en representación de los ciudadanos, pero de hecho corre el peligro de convertirse en representante del Gobierno que lo nombró. El Fiscal General tiene una importancia extraordinaria en la administración de justicia. Por sus competencias y por ser la Fiscalía una institución jerárquica, esto es, todos los fiscales de España están sometidos a su criterio y decisión última. Los jueces, que son quienes tienen la última palabra, se apoyan grandemente en los informes del fiscal. Por ejemplo, el juez Silva no se encontraría sentado en el banquillo si hubiera hecho caso de los repetidos informes del fiscal correspondiente, que sostenía que no se puede decretar prisión preventiva por las actuaciones de Miguel Blesa, lo cual no quiere decir que no se pueda instruir la causa contra él. (Equiparar los casos del juez Silva y el juez Garzón y presentar a los dos como víctimas, revela una ignorancia manifiesta. El juez Garzón fue condenado por autorizar indebidamente escuchas de presos con sus abogados, no por otras causas torticeramente alegadas ni por sostenidos errores y disparates procesales, como es el caso del juez Silva. En mi modestísima opinión, y aún con su grave equivocación, el juez Garzón siempre fue un juez respetable y necesario, mientras que el juez Silva, no.) Otro caso discordante entre juez y fiscal es el de Urdangarin con la imputación o no de la Infanta, que próximamente veremos quién lleva razón. Por el contrario, en el caso Bárcenas la coincidencia entre juez y fiscal es absoluta y por eso Bárcenas está en prisión. En resumen, el fiscal no decide, pero influye en grado importante en la decisión a tomar por el juez.

Bien, pues que el Fiscal General se queje públicamente de la falta de medios materiales y de que no hay leyes bastantes para perseguir la corrupción revela el escaso o nulo interés del Gobierno en solucionar esta cuestión que tanto preocupa a los ciudadanos. Pase todavía que no haya los medios materiales necesarios a causa de la política de austeridad, pero de ningún modo resulta tolerable que no haya las leyes pertinentes. Las leyes no cuestan, y si no las hacen es, sencillamente, por el gobierno, con su mayoría absoluta, no quiere. Tiempo han tenido de sobra como lo han tenido para otras lindezas menos urgentes. Además de ello, el Fiscal General también denuncia que los asuntos llegan al juez precocinados por Hacienda y por la policía. Asimismo destaca que ello comporta la actuación exasperadamente lenta de la justicia, absoluciones difíciles de entender sin recuperación del dinero sustraído, así como prescripciones incomprensibles e indultos a corruptos. De modo que ya me dirán ustedes. Una catástrofe. Es indigno que un Gobierno no quiera luchar de verdad contra la corrupción y se ampare en la confusa maraña de la legalidad y los sospechosos intereses. Porque si de verdad quisiera, este gravísimo asunto que emponzoña toda la vida política, y, consecuentemente, ciudadana, estaría resuelto en quince días.