(por @lularoal)

Desde hace una semana no dejo de recibir llamadas de personas que me informan de qué algún familiar o amigo ha dado positivo a la covid-19 en una PCR y se tienen que aislar a la espera de saber si están también contagiadas. Los plazos para que te realicen una prueba PCR en Madrid varían mucho según la zona en la que vivas. En algunos sitios de la comunidad pueden llegar a tardar más de una semana en hacerte la prueba, y otra semana más en comunicarte los resultados, y eso, si consigues que el Centro de Salud te atienda, porque algunos están ya colapsados y resulta imposible conseguir cita. El periodista José Bautista, coautor del artículo que publicaba este martes el New York Times sobre los rebrotes en España, me comentaba que en algunas ciudades de Andalucía los plazos de cita y comunicación posterior de los resultados son incluso mayores. Esto está haciendo que muchos pacientes asustados acudan a las urgencias para conseguir que les hagan la prueba antes, saturando así los servicios de atención inmediata y sobrecargando inútilmente el sistema sanitario. Ayer mismo un médico rural me comentaba que se está barajando empezar a cobrar las PCRs. "Queremos tener Sanidad Pública de calidad pero no tenemos dinero para pagarla", me decía. 

El problema es que sí tenemos dinero. Sin ir mas lejos, el gobierno de España invierte anualmente cientos de millones en la industria del control migratorio, como explicaba este medio en una investigación publicada en julio de este año. Una industria compuesta en su totalidad por empresas privadas a las que el Gobierno encarga productos y servicios que, en muchos casos, son absolutamente inútiles. Por ejemplo, son recurrentes los cambios en la valla de Melilla: 20 millones de euros en 2006, 4 millones de euros entre 2006 y 2013, 32 millones de euros en 2019... Estas son solo algunas de las cantidades invertidas directamente en la construcción y acondicionamiento de esta valla. A esos gastos hay que unir todos los relativos a la seguridad -la valla por sí sola no sirve para nada, necesita vigilancia 24 horas- o al mantenimiento, entre otros. Y todo esto para una valla que no impide que las personas sigan cruzando desde África. Sin ir más lejos, a mediados del pasado mes de agosto, con la frontera de Marruecos cerrada a cal y canto y sin apenas movimiento migratorio puesto que ha sido frenado por la pandemia, Interior aprobaba un presupuesto de 1,5 millones de euros en material policial que hacía llegar a varios países africanos con el fin de frenar al migración irregular, según publicaba El País. O, en esa misma línea, después de unas semanas en las que la Comunidad de Madrid buscaba voluntarios para hacer los rastreos, finalmente el 25 de agosto, el presidente Sanchez ofrecía a las comunidades 2.000 rastreadores militares para ayudar a contener la pandemia: tenemos militares de sobra pero nos falta personal sanitario. 

Gobernar consiste básicamente gestionar un presupuesto. Un presupuesto compuesto de dinero público que se genera con los impuestos que pagamos todas las personas que vivimos en este país. Por un lado, pagamos impuestos indirectos que se encuentran en todos los productos que compramos. Por otro, aquellas personas que cotizamos, entregamos un porcentaje de nuestro sueldo al Estado para llenar esas arcas públicas que luego el Gobierno de turno gestiona. Por lo tanto, tenemos derecho a saber exactamente qué se hace con nuestro dinero y a reclamar que los gastos se ajusten a lo que nosotros estimamos adecuado y necesario. Sin embargo, las cuentas públicas relativas a los gastos en industria del control migratorio son absolutamente opacas. Y todo para alimentar unos sistemas que son probadamente inútiles y deshumanizados a partes iguales, que se justifican gracias a una narrativa del miedo y la securitización muy conveniente, que se mantiene aunque la migración se detenga. ¿Cuántas pruebas PCR, rastreadores o personal sanitario se podrían financiar con todos estos millones opacamente gestionados? Y aunque este solo es un ejemplo de gestión deficiente de prioridades y dinero público, es uno de los mas sangrantes.

La Fundación por Causa, autora de informe que dio lugar al especial de este periódico sobre este oscuro negocio migratorio financiado con dinero público, lanza esta semana un crowdfunding* para poder seguir investigando este tema que tanto el Estado como las empresas beneficiarias, muchas de ellas del IBEX, quieren tapar. Cada donativo que se entrega a esa campaña se desgraba en hasta un 80% de los impuestos que paguen las personas que apoyen el proyecto. Resulta una hermosa forma de evitar que ese dinero alimente la industria del control migratorio y en su lugar sirva para desenmascararla.

Vivimos tiempos complejos e inciertos en los que más que nunca tenemos que encontrar la fuerza para luchar por lo que estimamos importante. En mi caso, lo tengo claro: menos concertinas, menos vallas, menos drones y más PCRs, más inversión en Sanidad y en Educación. 

*Puedes encontrar más información sobre esta campaña apoyada por banco cooperativo FIARE en la web de la Fundación por Causa o en la plataforma colaborativa de Goteo.