Ignacio Rodríguez (@14lawyers.org)

• El Ministerio de Asuntos Exteriores está rechazando solicitudes de protección a defensoras de derechos humanos afganas, a pesar de ser estas el objetivo prioritario de los talibanes
  

El pasado 8 de marzo, mientras en España se celebraba el Día Internacional de la Mujer, mi equipo y yo nos encontrábamos visitando un campo de refugiados en Abu Dhabi, Emiratos Árabes. Allí, en un limbo legal, se encuentran atrapadas, abatidas y olvidadas las cerca de 150 mujeres afganas que no sin muchas dificultades pudieron ser evacuadas de Afganistán por organizaciones españolas tras la toma del poder por los talibanes. Mujeres admirables, juezas, fiscales y abogadas defensoras de derechos humanos. A algunas de ellas las conocimos hace años durante nuestras visitas a Kabul, y nos impresionó su trabajo y valentía. Hoy, me entristece profundamente verlas agotadas, hundidas y desesperanzadas.

Las puertas de Europa están abiertas, pero no para todos

Estas mujeres se posicionaron políticamente desde el mismo momento que decidieron ejercer su profesión. Eligieron defender la democracia y el Estado de Derecho al amparo de la Comunidad Internacional. Eligieron enfrentarse a las reivindicaciones de los talibanes, y también a la presión social a la que se somete a cualquier mujer independiente y comprometida. Decidieron defender a otras mujeres de la violencia doméstica o luchar contra el casamiento de menores, a pesar de recibir amenazas a diario. Otras participaron en procesos judiciales contra grupos terroristas, talibanes y el crimen organizado. Ahora, ellos están en el poder, liberados, envalentonados y ávidos de venganza.

Estas mujeres se posicionaron cuando decidieron ejercer su profesión, defender la democracia, enfrentarse a los talibanes. Ahora ellos están en el poder ávidos de venganza. 

El sistema judicial afgano ha sido durante los últimos años el aparato represor, por vía de derecho, de talibanes, grupos terroristas y crimen organizado, y la vanguardia en la lucha por los derechos de la mujer. Y por esta razón, todos estos profesionales (mujeres y hombres) son señalados en su conjunto por el régimen talibán como el enemigo, como parte esencial de un sistema a enterrar. Más evidente aún es el caso del colectivo de mujeres juezas, fiscales y abogadas: que una mujer pueda acusar y condenar a un hombre es el anatema de la ideología talibán.

"El pueblo afgano puede contar con este Gobierno", ha repetido en muchas ocasiones el Ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares. Una declaración hueca, mendaz y cínica. Mientras entrega premios a activistas afganas e inaugura cumbres de mujeres afganas, como la pasado 28 de febrero en Madrid, hay decenas de mujeres fiscales, juezas y abogadas que llevan siete meses varadas Islamabad, Teherán o en un campo de refugiados de Abu Dhabi. Algunas incluso embarazadas y otras enfermas. ¿Se habló de ellas en la cumbre? Lo haremos nosotros ahora.

Si algo ha confirmado la reciente crisis de Ucrania es que ante una crisis humanitaria se pueden encontrar soluciones rápidas y eficaces, si se quiere

Las evacuaciones realizadas desde Afganistán han sido y siguen siendo una tarea casi imposible: los visados que se conceden son escasos y el ritmo de expedición, vergonzoso. Y si algo ha confirmado la reciente crisis de Ucrania es la sospecha que muchas ONGs albergábamos hace tiempo: ante una crisis humanitaria se pueden encontrar soluciones rápidas y eficaces, si se quiere. Vista la velocidad y eficacia con la que se ha evacuado a los ciudadanos ucranianos, tenemos la certeza de que las excusas que el Gobierno de España nos ha repetido a la hora de gestionar los visados formaba parte de una simple estrategia de demora y desgaste. Dada esta situación, nos encontramos ante un Gobierno que, consciente o inconscientemente, ha realizado un manifiesto despliegue de racismo institucional.

"El pueblo afgano puede contar con este Gobierno". Lo cierto, Sr. Ministro, es que las Embajadas españolas en Islamabad, Abu Dhabi o Teherán soportan una carga enorme de trabajo (son miles las solicitudes de asilo que reciben), y las misiones diplomáticas en estos países apenas han sido reforzadas, y carecen de personal y recursos. Únicamente la Embajada de Islamabad recibió un refuerzo -provisional- de una persona. Modestísimo, y obviamente insuficiente, refuerzo para una Embajada completamente colapsada en materia de asuntos consulares afganos. Decimos provisional porque a partir de julio esta persona hará las maletas y no está previsto que nadie la sustituya. Para que  nos hagamos una idea de la situación, hay ciudadanos afganos que, enviada su solicitud de protección internacional a la Embajada hace ya cuatro meses, aún no tienen ni acuse de recibo. ¿Es realmente esta la respuesta adecuada a una crisis humanitaria como la de Afganistán? ¿Acaso es esta la reacción esperada de un país comprometido con los derechos humanos y el derecho internacional de asilo?

Hay ciudadanos afganos que, enviada su solicitud de protección internacional a la Embajada hace ya cuatro meses, aún no tienen ni acuse de recibo

Peor aún, el Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de su Embajada en Islamabad, está rechazando solicitudes de protección a juezas, jueces, fiscales, abogados y abogadas defensoras de derechos humanos. Y lo hace alegando que "los interesados no pueden demostrar de forma fundada la persecución". Por lo visto la llegada de los talibanes al poder no es un indicio suficiente para considerar a estas personas en situación de peligro extremo. Y el ministro Albares aún va diciendo a los medios que "el pueblo afgano puede contar con este Gobierno".

El derecho de asilo no es una decisión arbitraria ni graciable. Es una institución protectora reconocida en nuestra Constitución y en la Convención de Ginebra de 1951, de la que España es signataria.  Es ante todo un deber ético y jurídico. Así lo reconocen el Tribunal Supremo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que han señalado repetidamente que no es necesaria una prueba plena, sino indicios suficientes. Está en juego, dice el Tribunal Supremo, la dignidad de la persona. Y añade que examen y apreciación de las circunstancias que determinan la protección no ha de efectuarse con criterios restrictivos, so pena de convertir la prueba de tales circunstancias en imposible. ¿Acaso se le puede exigir a una persona que lleve consigo en su huida la prueba concluyente de su condición de perseguido?

Las juezas, jueces, fiscales, abogadas y abogados defensores de derechos humanos afganos per se han sido y siguen siendo hoy objetivo prioritario de los talibanes, grupos terroristas y crimen organizado en Afganistán. No en vano, solo en el año 2017 al menos 60 jueces y fiscales fueron asesinados. En enero de 2021, dos juezas fueron asesinadas a las puertas de la Corte Suprema. Y desde la toma de poder de los talibanes podemos confirmar el asesinato de al menos siete jueces y fiscales. Cualquier observador medio entiende que existen indicios mucho más allá de lo razonable sobre la persecución a este colectivo y a sus integrantes, no ahora sino hace muchos años.

Al Ministro Albares esto le da igual, porque tiene un comodín: la modélica evacuación del aeropuerto de Kabul. Un pararrayos perfecto. Llegará el día en que los que conocimos aquella situación al detalle contemos lo que realmente sucedió. Por el momento diré, que los traductores del ejército y AECID llevaban desde al menos el año 2018 solicitando visados por temor a represalias, por temor a lo que vino después. De hecho, dos meses antes de la caída de Kabul, al menos 35 intérpretes solicitaron en la puerta de la Embajada que se atendiera su petición de protección internacional, alarmados por la deriva de los acontecimientos. La periodista Yolanda Álvarez y su equipo de TVE lo documentaron en un reportaje que se emitió en la cadena pública días antes de la toma de Kabul. Los intérpretes nunca obtuvieron una respuesta a su solicitud. Eso sí, apenas unos días después de aterrizar en España el último avión procedente de Kabul, el Ministerio se puso a repartir medallas.

Volviendo al día de hoy, la realidad es que hay muchos profesionales de la ley (y sus familias) atrapados en una situación de enorme precariedad jurídica, económica y social en Islamabad. Niños sin escolarizar, familias al completo viviendo en una habitación, sin fuente de ingresos y con sus ahorros consumidos. Sin posibilidad de entrar en el mercado laboral y sin un futuro. En The Humanitarian City, el campo de refugiados de Abu Dhabi, hay 250 personas aproximadamente. Son las familias de juezas, jueces, fiscales, abogados y abogadas evacuadas por organizaciones españolas como la nuestra, 14Lawyers, o por organizaciones internacionales como la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ, por sus siglas en inglés). Una de ellas es Anusha, una abogada defensora de los derechos de la mujer. Está embarazada de siete meses, y desquiciada con la idea de parir y criar un niño en ese lugar. Hace más de cinco meses que espera un visado de España. Y aún no tiene respuesta. En ningún momento, ese 8 de Marzo, se me pasó por la cabeza decirle que estuviera tranquila, que el pueblo afgano podrá contar con el Gobierno de España.

Ignacio Rodríguez Tucho es director de 14Lawyers, que desde 2018 presta apoyo a abogadas defensoras de los derechos de la mujer en Afganistán y desde agosto de 2021 ha impulsado la evacuación y la obtención de protección internacional a abogadas, fiscales y juezas afganas.