Posos de anarquía

Poner coto al Ibex

Varias personas esperan en la fila para recoger alimentos proporcionados por la Asociación de vecinos de Aluche. EFE.

España partía de una situación de precariedad absolutamente intolerable antes de la pandemia de COVID-19 y ésta no ha hecho más que agravarla. Según los datos del INE, tasa de exclusión cronificada se sitúa por encima del 20% de la población. Mientras, el Ibex-35 repartía dividendos por valor de más de 9.500 millones de euros y 740 de sus filiales operan en paraísos fiscales. ¿Puede existir mayor mezquindad?

Lo peor está por llegar. Los niveles de pobreza extrema se disparan en España; la desigualdad galopante pone a una parte del país -cada vez mayor- contra las cuerdas y demanda emprender acciones contundentes, recurriendo para ello a un endurecimiento de la legislación dado que ya ha quedado más que probado que la ética no cotiza al alza en el Ibex.

Los más de 9.500 millones de euros en dividendos son difíciles de encajar pero aún se atraganta más que los altos directivos ganen 121 veces más que sus empleados. Son datos del último informe presentado por Oxfam Intermón, que vuelve a sonrojar al Gobierno, puesto que sacar los colores al Ibex se antoja tan remoto como que sus empresas demuestren un mínimo de empatía con quienes más sufren.

Las diferencias entre los sueldos de los altos directivos y los empleados y empleadas son tan abultadas que no sorprende que la pobreza alcance, incluso, a quienes tienen empleo. A la cabeza de estas desviaciones, ACS, con Florentino Pérez ganando 531 veces el sueldo medio; le siguen Acciona (275 veces) y la vanagloriada Inditex (272 veces). Ya no es sólo que se explote de este modo a la clase trabajadora, sino que estas compañías ejercen esta presión a la baja en los salarios de proveedores, subcontratas y actividades deslocalizadas.

Urge que el Gobierno se plante y tome medidas de justicia social, limitando por ley la diferencia salarial entre la base y la cima de la pirámide laboral. Cuando Alberto Garzón era candidato a la presidencia por IU en 2015, el ahora ministro de Consumo defendió reformar el Estatuto del Trabajo de manera que esa brecha salarial se rompiera, que el mejor sueldo no fuera más de 10 veces el peor. ¿Dónde quedó aquel propósito, considerando que la situación de pobreza y desigualdad ha empeorado de manera muy significativa?

Del mismo modo, que empresas como Banco Santander, con 176; ACS, con 98; Repsol, con 62; o Ferrovial y Arcelor Mittal, con 55, lideren el ráking de filiales en paraísos fiscales debería imposibilitarlas para acceder a cualquier contrato y ayuda del Estado. Eludir impuestos debería tener un precio, dado que nuestra política fiscal sigue siendo muy laxa con esta práctica execrable.

Mientras un@s lo llaman intervencionismo o, incluso, agitan los fantasmas del peor comunismo, otr@s lo llamamos justicia social y acudir a la raíz del problema. Podemos seguir articulando ayudas millonarias que, por lo general, no son más que parches que contienen los guetos; podemos seguir aplaudiendo las donaciones de turno de quienes fomentan la desigualdad, pero mientras no se ataje el origen del problema, no lo resolveremos. ¿Veremos alguna vez a un gobierno con el coraje suficiente para ello?