A las puertas de la tercera ola, nadie puede entender que de las 718.575 dosis distribuidas de la vacuna para COVID-19 únicamente se hayan administrado 82.834, lo que supone menos del 12% del total. La falta de planificación, la pésima gestión de los recursos  y los intereses mercantilistas con las privatizaciones llamando a la puerta se encuentran detrás de tamaña barbaridad, mientras el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se limita a alabar el buen hacer de las Comunidades Autónomas (CCAA).

Desde el verano se venía anunciado la llegada de la vacuna para el mes de diciembre, es decir, había plazo más que suficiente para plafinificar la estrategia de vacunación, que desde el ministerio de Sanidad se publicó el 2 de diciembre. Un mes después, el fracaso es absoluto, con excepciones puntuales como Canarias o Asturias, que han dispensado ya el 100% y el 79% de las vacunas distribuidas, respectivamente, según datos del ministerio.

La desprotección que siente la ciudadanía va en aumento, directamente proporcional a la ineptitud de quienes nos gobiernan desde el gobierno de España y las CCAA. El hecho de que, como sucediera con los casos de contagios y fallecidos, no concuerden los datos de vacunas administradas según los aporte Sanidad o las consejerías de cada Comunidad Autónoma tampoco favorece a incrementar la confianza. Divergencias como las de Euskadi, que según el ministerio no alcanza ni el 3% y según la consejería roza el 40%, es desconcertante. ¿Tan complicado es publicar datos actualizados?

No hay excusas y se deben asumir responsabilidades, mirándonos en espejos como Reino Unido, que ya ha administrado un millón de dosis. Illa, cuya compaginación de responsabilidades como ministro y candidato a la Generalitat de Catalunya lastra su gestión pues no quiere favorecer la crispación y, a cambio de nuestra salud, elogia los esfuerzos de las CCAA pese a cifras de vacunación tan desastrosas. Incomprensible.

En cuanto a los gobiernos autonómicos, suya es la competencia de Sanidad, como también lo es la planificación y dotación de recursos humanos y materiales para la dispensación de las vacunas. Volver a escuchar, como sucede en Madrid, ecos de nuevas privatizaciones crispa y, en esencia, supone el reconocimiento de la incapacidad para saber gestionar.

El dinero que se destine a privatizar los procesos de vacunación no cubre la dispensación de las vacunas, sino que en realidad representa una parte del coste de la ineptitud, de la desidia de nuestros gobernantes; la otra parte de ese coste es el riesgo para nuestra salud que, en muchos casos, puede traducirse en más muertes.