Ha pasado cerca de un año y medio desde que fuéramos conscientes de la pandemia que teníamos encima y el agotamiento físico y mental se hace notar. Éste no sólo viene dado por los propios efectos del modo en que nos ha cambiado la vida, sino por culpa de nuestros gobernantes, de la gresca entre las diferentes Administraciones, de su inquietante incapacidad para llegar a consenso y, sobre todo, para conjugar criterios sanitarios con económicos. Olviden sus colores políticos: a medida que avanza la tasa de vacunación, más aumenta la sensación de que no hay nadie a las riendas.
Hace un mes decaía el Estado de Alarma. La mayor parte de la oposición, tanto de izquierda como de derecha -y yo mismo-, consideraba que las restricciones que este estado permitía no debían desaparecer, que se antojaban esenciales para garantizar la mejora de la tasa de incidencia y los ingresos hospitalarios.
Un mes después, desde el 9 de mayo, todos los días ha descendido la incidencia acumulada, casi en 88 casos, y la presión hospitalaria se ha relajado. Quienes se oponían a la decisión de Pedro Sánchez, especialmente la derecha, no ha reconocido este hecho. En su lugar, parecen haberse invertido los papeles: quienes pedían hace un mes más restricciones han 'chantajeado' al Gobierno con los tribunales para que tengan manga ancha en su ocio nocturno, mientras que desde el Ejecutivo se quería endurecer ahora las medidas, precisamente, cuando nos encontramos en mejor situación.
En mitad de este agrio debate, del modo en que la utilidad del Consejo Interterritorial se ha esfumado por la ineptitud de todos los que lo componen, faltan argumentos y, especialmente, los sanitarios, que terminan siendo prescindibles. Así ha sucedido con el modo en que el ministerio de Sanidad ha dejado en manos de las Comunidades Autónomas (CCAA) las medidas a adoptar en el ocio nocturno y la hostelería. Unas CCAA que, como viene siendo habitual, no dudarán en culpar a La Moncloa si la jugada sale mal.
Pareciera que a medida que hay mayor porcentaje de la población inmunizada, crece también la improvisación. La polémica con la selección española de fútbol es otro buen ejemplo. ¿De qué sirve vacunar ahora al equipo si para cuando estén inmunizados estarán ya en semifinales (si llegan), como bien apuntaba ayer Marta Nebot en su columna?:
Suponiendo que hoy mismo sean vacunados con Pfizer, habrán de pasar diez días para tener cierta inmunidad. Eso quiere decir que incluso el España-Polonia que se jugará el 19 de junio, se disputará como si nada. No sólo eso, sino que la segunda dosis se inyectará hacia el 1 de julio (21 días desde la primera), arriesgándonos a que todo el equipo sufra los efectos secundarios y su rendimiento caiga. Ese día es una jornada de descanso, a las puertas de jugarse los cuartos. La inmunidad no se producirá hasta pasados siete días, es decir, el 7 de julio o, lo que es lo mismo, en las dos últimas semifinales.
Así las cosas, ¿compensa haber generado esta polémica que no está exenta de fundamento por el agravio comparativo que se está teniendo respecto a lo grupos de población vulnerable? La respuesta, evidentemente, es no. Y que salga el desaparecido ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, es otro despropósito.
Todos estos vaivenes hacen que la población en general se sienta hastiada. Una población en la que existe un porcentaje elevado que se vacuna a regañadientes porque, aun sabiendo que es la mejor protección contra la pandemia, siente incertidumbre por los efectos secundarios que puedan tener a largo plazo. Una incertidumbre que, siendo honestos, es incapaz de despejar la comunidad científica porque la única manera de hacerlo es dejar pasar el tiempo.
Por eso, cuando de nuevo unilateralmente y sin consenso nacional el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno (PP), asegura que el nuevo curso en esta Comunidad se iniciará con los menores entre 12 y 16 años vacunados uno se pregunta en qué está pensando. Muchas de esas personas que se vacunan con cierta intranquilidad difícilmente querrán exponer a sus hijos a la vacuna, más aún considerando que el resto de la población ya estará inmunizada y que ellos, en caso de contagio, suelen pasar la enfermedad asintomáticos.
Todas esas ocurrencias, improvisaciones y choques de trenes políticos, bien aderezados por nuestra dependencia enfermiza del turismo, hacen que los caballos de la gestión anden desbocados. Se ha evidenciado que no hay cogobernanza, más bien reparto de tareas (ni siquiera de competencias) y, por lo general, no sin antes habernos regalado un espectáculo lamentable de reproches de uno y otro lado.