La propuesta de seis debates cara a cara planteada por Pedro Sánchez (PSOE) a Alberto Núñez Feijóo (PP) sonó un exceso, no tanto por el número, sino por la simplificación del proceso electoral al recuperar el bipartidismo. La negativa de Feijóo, en cambio, olió a miedo porque, al negarse a ellos, lo que redujo fue la democracia misma. Días después, el popular cayó en la desfachatez machista e irrespetuosa de asumir que Sánchez acudiría al único cara a cara que aceptó en representación de Yolanda Díaz (Sumar). Los debates plurales son necesarios en democracia pero, ¿no deberían reformularse?
Quienes cuentan con encuestas más favorables tienden a amarrar el resultado reduciendo su exposición pública, especialmente si uno o una no se mueve con especial soltura en exposiciones públicas donde la espontaneidad es esencial. Lo vimos en la pasada campaña electoral con Isabel Díaz Ayuso, que incluso en un 'canutazo' llegó a admitir no tener respuesta a las preguntas de un periodista.
Por el contrario, quien arrastra sondeos demoscópicos más desfavorables es quien más ávido está de debates, en un intento por llegar a más personas y cautivar a un mayor electorado. De ahí ese afán de Sánchez por enfrentarse cuanto más mejor a Feijóo, sabedor además de que se faja mucho mejor que el conservador en el intercambio de argumentos. Esta mayor exposición, lo vemos también en el caso de Díaz, se está extendiendo al número de entrevistas concedidas, mientras que Feijóo también ha limitado su número hasta el momento, aferrándose a la premisa de "todo lo que diga es para empeorarlo".
Los debates electorales son una de las herramientas más valiosas en democracia, especialmente en un sistema electoral como el nuestro, en el que los partidos minoritarios tienen reducidos sus espacios de propaganda, limitando con ello sus posibilidades de crecer. Sin embargo, tal y como se conciben los debates actualmente, se plantean serias dudas acerca de si se aprovecha su potencial. Los candidatos y candidatas acostumbran a exponer sus argumentos, a menudo mostrando gráficas y trufando sus argumentos con toda suerte de cifras.
Estos datos se le escapan al público que, los creerán o no mayoritariamente en función de si quien los comparte es su candidato. Al día siguiente, cuando los medios hablan de ganadores y perdedores de los debates, se publican las imprecisiones o, directamente, las mentiras que quien aspira a gobernarnos ha dicho ante la audiencia. Para entonces, el daño estará hecho, porque la verdad no llegará a tantas personas como lo hizo la mentira. ¿Se imaginan un debate con un equipo de periodistas detrás que verificasen objetivamente los datos que exponen los candidatos y candidatas? Al estilo Twitch, la banda izquierda de la pantalla o un faldón inferior podría servir de espacio de verificación, poniendo en valor a quienes no recurren a la mentira para atraer votos.
Las entrevistas, en ese sentido, cumplen esa función de verificación cuando el periodista se ha documentado debidamente, pero pierden la capacidad de confrontación con otros aspirantes a la presidencia. En el actual espacio político estamos demasiado acostumbrados a que la mentira y la manipulación de los datos reine los discursos de nuestros representantes, incluso, en el Congreso o en el Senado. Sancionar en nuestras Cámaras a quienes mientan debería ser sencillo, pero nunca ha interesado. En los medios de comunicación, en cambio, tenemos esa oportunidad de revolucionar los debates, de exigir lo mínimo exigible a quien pretende llevar las riendas del país: que no mienta.