En plenas negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez pareciera que el único trabajo por hacer durante la próxima legislatura es amnistiar a las personas que participaron del procés en 2017. No es así, ni mucho menos, como tampoco es verdad que el apoyo de Junts sea más determinante que el de Sumar, PNV, EH Bildu o BNG. Todos cuentan y hay legislatura más allá de la amnistía, por mucho que le pese al PP porque arruina su narrativa.
Anulado Vox con sus guerras intestinas y sus problemas con la justicia por la opacidad y derivación de fondos a su fundación, el PP quiere disfrutar de su protagonismo en la oposición. Para ello, se aferra exclusivamente a la medida de gracia que se negocia y que, más que corregir un fallo judicial, pretender resolver un fallo político. Al hacerlo, únicamente salpicado por su recurrente recurso de ETA –con agravios a las víctimas con su 'que te vote Txapote'-, obvia cuestiones trascendentales y evidencia su ineptitud para ver todo el dibujo, para entender España.
Aunque se trata de una auténtica perogrullada, tan imprescindible como el de Junts es el apoyo de cualquiera de las otras formaciones con las que negocia el PSOE. A pesar de esta evidencia, el PP carga las tintas y centra su mensaje en afirmar que Puigdemont marca las directrices de la próxima legislatura. Falso, aunque no sea poca la gente que por ignorancia, desinformación o apoyo ciego a la hinchada popular se crean el bulo.
Más interesante aún que exponer esta evidencia que el más simple vería es señalar otras cuestiones que debieran discutirse en las negociaciones de investidura y a las que el PP da la espalda. Este es el caso, por ejemplo, de todo cuanto afecta al ámbito laboral pues, si bien es cierto que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la reforma laboral han traído grandes beneficios al país, resta camino por recorrer. Así lo han expuesto sindicatos como CCOO y UGT y no sólo los únicos, pues otros posibles socios de investidura también lo contemplan en su hoja de ruta.
Blindar el SMI, disfrutar de mayor protección ante despidos y seguir explorando la reducción de la jornada laboral son medidas contra las que carga la narrativa neoliberal a pesar de haberse comprobado empíricamente que benefician al país, entendido éste no como una entidad inmaterial, sino como usted, como su familia, como todas y todos que habitamos este pedazo de tierra.
Al mismo tiempo, afrontar auténticas emergencias, como el terrorismo machista, el cambio climático o el acceso a la vivienda deberían ser prioridades que marcaran decisivamente la legislatura y, por tanto, las negociaciones para la investidura. Tampoco habla de ello el PP que, cegado por su revanchismo, obvia que cualquiera de estas cuestiones puede dar al traste con el nuevo gobierno. Por mucho que los de Génova 13 retraten a EH Bildu como herederos de ETA, lo cierto es que las conquistas de justicia social que persigue esta formación es realmente lo que marca sus líneas rojas. El pueblo vasco no obvia lo que sí hace el PP y por este motivo EH Bildu es la primera fuerza en Euskadi y los populares la última.
Otras de las prioridades deberían ser derogar la infame Ley Mordaza y garantizar el Estado de Bienestar, con una educación y una sanidad públicas cada vez más desmanteladas, especialmente en las Comunidades Autónomas en las que gobierna la derecha que ve cómo no cuenta con ingresos al perdonar impuestos a las grandes fortunas. Más a medio/largo plazo, la creación de una banca pública que evite los actuales abusos que sufrimos de los bancos o plantear energéticas nacionales para protegernos del oligopolio que manipula precios –hoy mismo Iberdrola se sienta por ello en el banquillo- han de estar en la agenda.
El debate amnistía sí, amnistía no no va a llenar su nevera, ni le va a proporcionar un techo ni reducirá su lista de espera para consulta médica; lo que negocian con el PSOE los partidos a los que el PP desprecia, sí. Del mismo modo que Feijóo y los suyos se niegan a ver el recorrido posterior a la adopción de una medida de gracia que abra paso a reformular el Estado, pretenden hurtar a sus seguidores que la justicia social forma parte intrínseca de cuanto se negocia para formar el próximo gobierno. Claro, que si rechazan las valoraciones positivas de la economía española por parte de algunos de sus habituales arietes, como el FMI o la OCDE, ¿qué podíamos esperar?