Hay aseveraciones que, por mucho que se repitan, no tienen necesariamente por qué ser verdad. Es lo que sucede con el salmo a la democracia plena que entonan una y otra vez desde el Gobierno, sin terminar de sustentarlo con hechos. El Catalangate y la supuesta implicación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en uno de los mayores casos de espionaje de Europa ha desembocado en mucho más que la suspensión de las relaciones entre La Moncloa y ERC, extendiendo la sensación de indefensión en el conjunto de la sociedad española.

"El Gobierno no acepta que se ponga en cuestión la calidad democrática", decía hace unos días la ministra portavoz del Ejecutivo de Pedro Sánchez, Isabel Rodríguez, en una más que desafortunada intervención. Haría bien el Gobierno en aceptar tal cuestionamiento porque hacerlo es signo de calidad democrática; cosa bien distinta es que, una vez aceptado, se rebata con brillantez. Sin embargo, esto no sucede y es lo que termina motivando que no se acepte la crítica.

Las posteriores declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ni siquiera gozan de la entidad de explicación, no dejan en mejor lugar ni al CNI ni a la calidad democrática. La opacidad en torno a las operaciones del CNI, la incapacidad del Gobierno por demostrar si el espionaje se realizó con mandato judicial, sume al pueblo español en la más absoluta indefensión con la inquietante sensación de que nuestro Estado de Derecho se resquebraja.

Al amparo de la defensa de la seguridad nacional no vale todo, no se trata de un cheque en blanco como pretenden algunos gobiernos. Aun entendiendo la discreción que precisan las actuaciones realizadas por el CNI, lo que resulta imperativo es que éste siga los cauces legales a rajatabla.

El problema es que el CNI tiene a sus espaldas demasiadas manchas como para que las palabras huecas de las ministras, sin soporte de hechos, basten a la opinión pública para confiar en el Estado. Ya la mera acusación de uso del Pegasus para espiar a políticos nacionales inquieta pues, dado que el CNI dispone de otros medios más sencillos para realizar escuchas, sugiere que el objetivo era tomar el control total de los teléfonos móviles.

Los borrones en el historial del CNI desaconsejan en este punto la confianza ciega en el organismo. Ya no es sólo su implicación en el intento del golpe de Estado del 23-F, según algunos agentes del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID, antiguo CNI), sino otras oscuras actuaciones ya con la democracia más rodada. En el recuerdo aún quedan las escuchas ilegales a empresarios, políticos, periodistas y al rey realizadas durante los gobiernos socialistas de Felipe González entre 1983 y 1991.

El caso de 'los papeles del CESID', por el que fue condenado a siete años de cárcel el excoronel Juan Alberto Perote por revelación de secretos de Estado, terminó por demostrar, como se indicaba en la sentencia, cómo fueron espiados el emérito; los exministros Francisco Fernández Ordóñez, José Barrionuevo y Enrique Múgica; el que fuera presidente del Real Madrid, Ramón Mendoza; el empresario José María Ruiz Mateos; diversos periodistas o el exvocal del CGPJ Pablo Castellano, entre otros.

Más recientemente, hemos conocido cómo el CNI ha realizado acciones impropias, lo que supone un dispendio del erario público. Es el caso de cómo cuando José Bono era ministro de Defensa (2004-2006),  nuestra Inteligencia se dedicó a coordinar los pagos a Bárbara Rey para silenciar el adulterio del emérito. Vergonzoso, pero es que todo cuanto gira alrededor de Juan Carlos I lo es; pues posteriormente España ha destinado fondos públicos a espiar a otra de sus amantes -Corinna Larsen-, llegando a acosarla, según denuncia ella, o a ofrecer al buscado por la Interpol Abdul Rahman El Assir una rebaja de su deuda fiscal en 10,3 millones a cambio de silencio sobre sus negocios de armas con el emérito.

Parece, pues, que cuando hablamos del CNI sí hay motivos sobrados para poner en cuestión nuestra calidad democrática. Las continuas menciones del CNI en el sumario del caso Kitchen o el escándalo revelado por WikiLeaks de la contratación de Hacking Team para nuevos espionajes no hacen más que poner en duda si se están o no produciendo abusos de poder. Ante eso, las buenas palabras no bastan, se precisan pruebas porque nada hay más peligroso que la pérdida de confianza en los servicios de Inteligencia de un país. El hecho de que la oposición y una parte del Gobierno se vean obligadas a reclamar una comisión de investigación ya es en sí mismo una muy mala noticia porque sugiere que, efectivamente, no existe transparencia en este asunto. Y eso no despeja el pútrido hedor de la sospecha.