CARME MIRALLES-GUASCH

Hace unas semanas se publicó un informe del Parlamento Europeo sobre el impacto de la urbanización extensiva en España. En él se considera que las islas y las zonas costeras mediterráneas españolas han sufrido una destrucción masiva en la última década. El cemento y el hormigón han saturado esas regiones de tal forma que han afectado no sólo el frágil medio ambiente costero, sino también la actividad social y cultural de muchas zonas, lo que constituye una pérdida trágica e irreparable de su identidad y legado cultural y medioambiental.

Y todo ello por la avaricia y la conducta especulativa (y se podría añadir, en algunos casos, delictiva) de las autoridades locales y miembros del sector de la construcción. Dicho informe pide y recomienda a las autoridades españolas que lleven a cabo una profunda revisión de toda la legislación urbanística, que declaren una moratoria de los nuevos planes de crecimiento urbano que no respeten los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social, y que busquen soluciones a los problemas existentes derivados de esta urbanización masiva, irresponsable e insostenible.
A mediados de 2006, un grupo de profesionales relacionados con el territorio (urbanistas, arquitectos, geógrafos, ingenieros, etc.) presentaron el manifiesto Por una nueva cultura del territorio, refrendado por varios centenares de ellos, con el objetivo de denunciar, al igual que el informe del Parlamento Europeo, el abuso de esta urbanización masiva, y a la vez alertar de la necesidad y urgencia de sentar las bases para una nueva cultura del territorio.

Una cultura que perciba el territorio como un bien no renovable, esencial y limitado, que debe ser entendido como recurso, pero también como cultura y parte de nuestra memoria histórica colectiva, a la vez que referente identitario, por lo que una de las primeras preocupaciones de esta nueva manera de entender nuestro entorno físico puede ser la preocupación por encontrar la formula para que, en cada lugar, la colectividad pueda disfrutar de los recursos del territorio y preservar los valores para las generaciones posteriores. Porque el territorio también es un relato colectivo que necesariamente transmitimos a nuestros hijos y nietos.

Además, un territorio bien gestionado constituye un activo económico de primer orden que confiere un valor añadido a los productos y a los servicios, en particular los turísticos, básicos para la economía española. La gestión sostenible del territorio es ciertamente una obligación social y ambiental, pero también un apremiante imperativo
económico.

Necesitamos una nueva cultura que permita la impregnación de la legislación estatal, autonómica y local, a la vez que oriente la práctica de los ayuntamientos y del conjunto de las administraciones, y que pueda proporcionar un marco adecuado para el buen funcionamiento del mercado, corrigiendo en beneficio de la colectividad los excesos privados y que haga prevalecer los valores de la sostenibilidad ambiental, la eficiencia funcional y la equidad social.
En tiempos de crisis, y por lo tanto de cambio de modelos y de prioridades, esta tendría que ser la nueva fórmula: una nueva cultura de entender un bien común como es nuestro territorio y nuestros paisajes. De ello depende no sólo nuestro bienestar sino también nuestra riqueza.

Carme Miralles-Guasch es Profesora de Geografía Urbana