NÚRIA BOSCH

La crisis económica en la que estamos inmersos afecta a las arcas de todos los niveles de la Administración Pública (Administración central, comunidades autónomas y corporaciones locales). Se recaudan menos ingresos impositivos al disminuir la renta y el consumo, y aumenta el gasto social por tener que hacer frente al incremento del desempleo, la exclusión social, etc. En consecuencia, el déficit en las cuentas públicas surge o se incrementa. Pero, en el caso de las comunidades autónomas y las corporaciones locales, estas circunstancias, junto a los problemas que los modelos de financiación autonómica y local presentan en la actualidad, colocan a las finanzas de estas Administraciones en una situación de especial precariedad para seguir prestando los servicios públicos al nivel y calidad adecuados e implementar las políticas necesarias ante la crisis.

Los ingresos de las comunidades autónomas están muy vinculados a la actividad del sector inmobiliario, por lo que se ven fuertemente afectados por la caída de la actividad. A ello hay que añadir las graves deficiencias estructurales del actual sistema de financiación autonómica. También las corporaciones locales tienen parte de sus ingresos vinculados al sector inmobiliario, con un modelo de financiación que ha demostrado ser claramente insuficiente.

España es, actualmente, un país descentralizado, donde la mayor parte del gasto de carácter social se presta a nivel subcentral si no tenemos en cuenta el de la Administración de la Seguridad Social, que corresponde básicamente al pago de pensiones y prestaciones por desempleo, y que además, ya goza de un sistema de financiación específico.

Así, el sector público central sólo gestiona el 51% del gasto público, siendo la suma del de la Administración de la Seguridad Social (29%) y del de la Administración central –Estado y Organismos de la Administración central– (22%). Las comunidades autónomas gestionan el 36% del total del gasto público y son las responsables de la prestación de los servicios básicos del Estado del bienestar, como salud, educación o servicios sociales. Si estas prestaciones ya de por si tienen una fuerte demanda y experimentan un fuerte crecimiento, en épocas de crisis todavía tienen un comportamiento más expansivo. Por su parte, las corporaciones locales, si bien sólo gestionan el 13% del gasto público total, también tienen una fuerte demanda ciudadana de prestación de servicios sociales por ser la Administración más próxima al ciudadano, lo que hace que muchas veces presten servicios que correspondería hacerlo a una Administración de ámbito superior.
Los graves problemas que afectan a la financiación de las Administraciones subcentrales hacen de la reforma de la financiación autonómica y local una cuestión inaplazable. En momentos de crisis, es imprescindible asegurar la suficiencia financiera de estas Administraciones si se consideran prioritarias las políticas sociales.

El incremento del déficit del Estado no puede ser un impedimento, ya que, todavía, la economía española presenta cierto margen de maniobra. Por todo ello, el Gobierno central debe abordar cuanto antes y en profundidad la reforma de la financiación territorial.

Núria Bosch es catedrática de Hacienda Pública