Un pacto para I+D

Miguel Ángel Quintanilla Fisac

España lleva casi 50 años intentando coger el paso de los países más desarrollados en materia de ciencia y tecnología. La primera vez que la OCDE hizo un informe sobre nuestro sistema de innovación, a principios de los años sesenta del siglo pasado, apenas éramos poco más que un país en vías de desarrollo (subdesarrollado, se decía entonces) y los expertos internacionales señalaban, con razón, que prácticamente estaba todo por hacer: ni siquiera había datos estadísticos fiables y la contribución de la ciencia y la tecnología a la economía española era prácticamente nula. Se estimó entonces que el gasto interno en I+D no llegaba al 0,5% del PIB y se propuso como objetivo alcanzar en cuatro años el 1%. Este dictamen sobre nuestro sistema de I+D y sus objetivos deseables se ha mantenido hasta hace unos años, sin apenas variación. Cuando en 1986 se aprobó la Ley de la Ciencia, los expertos seguían considerando un objetivo deseable lograr, en cuatro años más, un gasto equivalente al 1% del PIB. Años después, a finales de los noventa, seguíamos sin haber alcanzado la meta del 1%, y así casi hasta nuestros días (en 2002 se llegó al 0,99 % y en 2003 al 1,05 %)

La situación experimentó un drástico cambio con el programa de mejoras que introdujo el primer Gobierno de Zapatero, en 2005, y la puesta en marcha de nuevos programas innovadores y bien dotados económicamente, como el programa Ingenio 2010, lo que llevó a doblar el gasto público en I+D en tres años y a impulsar todo el sistema de forma que se pudo alcanzar, en 2007, un admirable 1,27 % del PIB. Que España dedique casi el 1,3 % del PIB a I+D puede parecer insuficiente, pero los que conocen la historia reciente de este país saben muy bien que ese índice marca la diferencia entre estar antes o después de su modernización científica, económica y cultural. Y el problema es que todo esto puede diluirse en las tormentas presupuestarias que se avecinan en plena crisis económica. Resulta difícil que los responsables políticos puedan resistir la tentación de meter la tijera en las partidas presupuestarias dedicadas a I+D, cuando hay que cubrir tantas necesidades en otras áreas mucho más sensibles. Pero el resultado de esa debilidad sería catastrófico. Uno de los grandes logros del país en los últimos años se perdería, cuando saliéramos de la crisis estaríamos de nuevo en situación de desventaja con respecto al resto de países desarrollados, habríamos perdido capacidad competitiva y sería mucho más difícil relanzar un nuevo tipo de economía basada en el conocimiento y la innovación.

Hay una forma de evitarlo: que todas las fuerzas políticas acepten mantener el esfuerzo presupuestario previsto en el Plan Nacional de I+D, actualmente en vigor, y que renuncien a hacer de este tema un motivo de controversia y regateo. Sería la forma más práctica de renovar un pacto por la ciencia que, en cierto modo, ya se adoptó informalmente en la conferencia de presidentes de enero de 2007. A partir de aquel acuerdo se diseñó el Mapa de Infraestructuras Científicas y se redactó el VI Plan Nacional de I+D. Ahora se trata tan sólo de renovar aquel compromiso para proteger nuestro sistema científico de las turbulencias de la crisis.

Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia