Núria Bosch

Recientemente, el gobierno francés ha anunciado que aplicará a partir del 2010 un impuesto sobre las emisiones de CO2 (dióxido de carbono) procedentes del uso de petróleo, gas y carbón. El impuesto recaerá tanto sobre ciudadanos como empresas. En concreto, se pagarán 17 euros por tonelada de dióxido de carbono que se emita, lo que puede venir a representar el pago de cuatro céntimos por litro de gasolina. Asimismo, se tiene el objetivo de compensar a particulares y empresas con rebajas fiscales o cheques verdes. Francia sigue el ejemplo de otros países, como Suecia, que implantó dicho impuesto en 1991 y hoy grava la tonelada de CO2 a más de 100 euros. Finlandia, Dinamarca y Eslovenia también aplican impuestos similares.

Estas mediadas vuelven a poner sobre la mesa la oportunidad de realizar una reforma fiscal verde. En España no la ha habido, y los impuestos medioambientales se han desarrollado básicamente a nivel autonómico por diversas razones: entre otras, por la insuficiencia de recursos de las comunidades autónomas; porque es un campo donde éstas han podido ejercer su poder tributario sin entrar en conflicto con el poder tributario estatal; y por su escasa visibilidad al ser impuestos indirectos. El resultado de su aplicación ofrece experiencias positivas y negativas, aunque hay que reconocer su escaso poder recaudatorio y su débil vinculo ambiental en algunos casos. Los impuestos verdes tienen sus defensores y sus detractores. Muchas veces se ven como meros instrumentos recaudatorios, y no se perciben claramente sus incentivos. No obstante sus defensores, se basan en la cuestión del doble dividendo. Supongamos que una reforma fiscal verde establece impuestos medioambientales a cambio de la reducción de otros impuestos que generan pérdidas de eficiencia, como la renta o el IVA, manteniendo constante la recaudación. Ello puede ocasionar dos beneficios o dividendos: una mejora ambiental y, a la vez, un sistema fiscal menos distorsionador del funcionamiento de los mercados de bienes y factores productivos.

Faltan estudios que analicen los efectos de los impuestos ambientales: su efectividad ambiental, su eficiencia económica, su impacto distributivo sobre la renta y la producción, el empleo, la competitividad y la localización industrial. Con todo, algunos estudios realizados por académicos españoles concluyen que los impuestos ambientales, introducidos al margen de una reforma fiscal verde con la única finalidad de regular el medio ambiente, ocasionan costes en términos de empleo y del PIB. En cambio, la simulación de una reforma fiscal verde en España que implantara un impuesto sobre las emisiones de CO2 y redujera simultáneamente las cotizaciones sociales empresariales, promocionaría buenos dividendos tanto en términos medioambientales como de empleo y del PIB, siendo poco significativos sus efectos distributivos. Por tanto, es tarea futura, tanto de los expertos en materia fiscal como de los políticos, el considerar seriamente una reforma fiscal verde en España en aras a reducir el efecto invernadero y cumplir con los compromisos de Kioto.

 Catedrática de Hacienda Pública