FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN
El 6 de diciembre de 2009 se ha convertido en un día triste para celebrar una Constitución que está pasando por sus horas mas bajas. El problema no está en el texto de 1978 que –si bien necesitaría grandes y profundas reformas para situarse en el tiempo histórico que estamos viviendo– puede servir como instrumento de convivencia durante muchos años dada la apertura con la que fue diseñado.
Las dificultades por las que está pasando ahora la Constitución –que le anuncian un futuro más negro– se derivan de la actitud de quienes hace tiempo pensaron que el texto constitucional podía utilizarse como arma para descalificar y agredir a todos aquellos sectores que no estuvieran de acuerdo con sus planteamientos políticos. De la seriedad de sus convicciones constitucionales y de su voluntad real de defender la Constitución nos da cuenta su impugnación selectiva de los mismos artículos del Estatut que no sólo no han impugnado sino que han aprobado con sus votos sin ningún problema en otras cinco comunidades autónomas.
Detrás de su aparente preocupación por nuestra norma constitucional latía, como era evidente, un burdo cálculo electoral: recurrieron ante el Tribunal Constinucional (TC) frente a Catalunya porque allí no tenían base electoral que perder; no lo hicieron frente a Andalucía, por ejemplo, porque sabían que se hundirían electoralmente y arruinarían sus posibilidades de llegar al gobierno de la nación (las de llegar al Gobierno de Andalucía las perdió la derecha española hace ya casi 30 años). Con ese oportunismo lamentable y penoso se culminó la primera parte del proceso que condujo a la impugnación del Estatut.
La segunda no ha sido mejor: la absurda recusación de Pablo Pérez Tremps, el intento de mantener artificialmente en sus cargos a los magistrados cesantes para favorecer sus posiciones ante el TC y, finalmente, la descalificación de cualquier opinión favorable a la constitucionalidad del Estatut, presentada como una inaceptable presión al TC. El resultado ha sido una deslegitimación sin precedentes del TC que llevará mucho tiempo y esfuerzo restaurar en el futuro.
El PP quería llevarse por delante el Estatut para provocar un debilitamiento del Gobierno que facilitara su acceso a la Moncloa. En lugar de eso, si finalmente el TC declara inconstitucionales aspectos esenciales del Estatut, lo que va a tener enfrente es un debilitamiento del Estado y de la propia Constitución, con una crisis de dimensiones imprevisibles. Al provocar, de manera oportunista e irresponsable, un choque de legitimidades entre la ciudadanía catalana y el TC, ha minado los fundamentos de nuestro sistema constitucional, poniendo en grave riesgo la funcionalidad futura de la Constitución como instrumento de convivencia para el conjunto del Estado.
La actitud del Partido Popular hacia Catalunya evidencia que la derecha española sigue sin aprender una lección fundamental para la vida democrática que, si realmente les preocupara la Constitución, hace ya mucho que deberían conocer: no se deben despreciar nunca los sentimientos de un pueblo.
Francisco Balaguer Callejón es catedrático de Derecho Constitucional