JORGE CALERO

Catedrático de Economía Aplicada

En las elecciones autonómicas de 2007 una de las ofertas electorales del Partido Popular de la Comunitat Valenciana consistió en proporcionar una ayuda de 4.000 euros por cada nacimiento. Se trataría de una ayuda adicional con respecto a la entonces recientemente aplicada por el Gobierno central, el cheque-bebé de 2.500 euros. Y digo se trataría, en condicional, porque el asunto no ha llegado al presente de indicativo: la promesa electoral, una vez ganadas las elecciones, no se ha trasladado a ninguna ley ni ha tenido ningún efecto presupuestario. En suma, el cheque-bebé valenciano ahí se quedó, en promesa incumplida.
Se podrá argumentar que llueve sobre mojado, que las promesas electorales incumplidas no son infrecuentes y que, después de todo, la falta de fiabilidad del Ejecutivo autonómico valenciano está puesta en duda por otras causas (judiciales) más relevantes. Se podrá argumentar, también, que el electorado conservador no parece modificar su voto ni por unas causas ni por las otras. Pero permítanme que llame la atención sobre la gravedad de este incumplimiento en concreto. Me parece especialmente destacable en función de al menos tres elementos. Primero, el contraste que se establece con la retórica de apoyo a la familia que emplea el Partido Popular. Segundo, la gran importancia que tienen las políticas orientadas al incremento de la natalidad en un contexto en el que el número medio de hijos por mujer es sólo de 1,4 (esta cifra es prácticamente idéntica en la Comunitat Valenciana y el conjunto de España). Y, tercero, el bajísimo esfuerzo presupuestario que supone el apoyo a las familias en nuestros presupuestos públicos: únicamente el 1,1% del PIB, cuando la media de la Unión Europea es del 2,2%.
Vistos estos elementos, me pregunto si, puestos a incumplir promesas, no podrían elegirse otros ámbitos menos sensibles para hacerlo. Es lícito cuestionarse hasta qué punto los cheques-bebé cumplen los objetivos deseados y, también, qué efectos redistributivos tienen. Pero resulta inaceptable que, una vez anunciados y, por tanto, aceptados como un elemento de la política social del propio partido, sean llevados al limbo sin mayor reparo. Esto indica que el Partido Popular (al menos en la Comunitat Valenciana y me temo que más en general) concibe la política social como un buen recurso antes de las elecciones y una rémora después de ellas.