LUIS MATÍAS LÓPEZ
Periodista
Un reciente informe de Amnistía Internacional señala que la pena de muerte se ha abolido, en la ley o en la práctica, en 139 países, y que se sigue aplicando aún en 58. China, con miles de ejecuciones en 2009 (la cifra real es secreto de Estado), encabeza esta lista siniestra, y le siguen Irán (388 comprobadas), Irak (120), Arabia Saudí (69) y Estados Unidos (52). La pena capital, por tanto, goza de buena salud.
Otro caso penoso es el de Japón (sólo siete ejecuciones en 2009), que rompió el 28 de julio una moratoria no declarada de un año. La paradoja se hizo carne en una ministra de Justicia que firmó y asistió al ahorcamiento de dos asesinos convictos, pese a declararse abolicionista y prometer que se creará un comité especial sobre la pena de muerte. Japón tiene además otra reforma pendiente, la de un sistema que convierte detención, confesión, procesamiento y condena en sinónimos. El de abogado defensor debe ser allí un oficio muy frustrante.
Que en Irán se lapide a las adúlteras, o que en países no democráticos (Yemen, Sudán, Irán, Arabia Saudí, Siria...) siga habiendo ejecuciones es condenable, como todo acto de barbarie, pero no sorprende tanto. Tampoco el caso chino, donde se reducirá el número de delitos (hoy 68) susceptibles de pena de muerte. El dios de los secretos impide saber aún cuáles serán. Hoy por hoy, el tiro en la nunca o la inyección letal pueden llegar por un soborno de 12.000 euros, proxenetismo, dividir la nación (lo que ha costado la vida a varios detenidos por los disturbios de Xinjiang y Tíbet) y hasta por matar a un oso panda.
Hay dos continentes casi limpios de esta lacra. Bielorrusia es la excepción en Europa. Estados Unidos, en América. Vergüenza para ellos. Y para los otros 56.
Comentarios
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