Fernando Saiz

Las cantidades millonarias que las cajas de ahorros prestan, en condiciones de privilegio, a sus propios consejeros y a sus familiares no son el principal problema de funcionamiento de las mismas, pero sí son uno de los síntomas más visibles de que el sistema está corroído.

Las cajas son fundaciones privadas de interés público, pero algunos piensan que operan exactamente al revés, que son entidades públicas dedicadas a satisfacer el interés privado (o sea, el propio). La mezcla de ambiciones personales, gestores incompetentes, intereses políticos indebidos y una supervisión que no supo limitar los excesos inmobiliarios ha empujado a las cajas a una crisis sin precedentes que probablemente se saldará con la desaparición de un tercio de las entidades. ¿Cómo atajar esa cadena de despropósitos para proteger un modelo que representa la mitad del sistema financiero español?

Una vez culmine el inevitable proceso de reestructuración, habrá que repensar al menos algunos de los rasgos del modelo, para fortalecer la gestión profesional e impedir que los dirigentes políticos actúen como titiriteros de las entidades. No será sencillo, porque la malla de intereses que rodea a las cajas es tan espesa que se hace difícil imaginar espacios de acuerdo para cambiar el statu quo normativo. Pero si la necesaria reforma legal ha de empezar por alguna parte, prohíbase que los consejeros de las cajas reciban créditos de las entidades que administran. Es probable que algunos empresarios locales dejen de tener interés por ser consejeros, pero no se perderá gran cosa por ello. A cambio, las cajas ganarán en densidad ética y quizás hasta mejorarán su tasa de mora.