Opinion · Dominio público

Una Memoria debida

JOAN HERRERA TORRES

Esta legislatura tenía diversos retos; entre ellos, el de las políticas a favor de la memoria democrática. La demanda de políticas por la memoria democrática se convirtió en una exigencia, por la sencilla razón de ser uno de los rincones de Europa con más años de dictadura a nuestras espaldas, con mayor represión y con menos memoria. Tan sólo el olvido puede explicar que 30 años después de la muerte del dictador, en el aún denominado Valle de los Caídos, en vez de explicar los horrores del franquismo, se exalte la figura del dictador. Un síntoma de esta anomalía es que hoy sectores relevantes del principal partido de la oposición entiendan los 40 años de dictadura como una etapa autoritaria necesaria ante los desmanes de la República.

Esta legislatura podíamos abordar este reto porque las fuerzas políticas hoy mayoritarias en el Congreso reivindicaron desde la oposición la condena del franquismo o la nulidad de las sentencias. Teníamos la demanda y la insistencia de las entidades memorialistas. Y tras la demanda de diferentes grupos parlamentarios, conseguimos renovar el compromiso del presidente del Gobierno. No se trataba sólo de presentar una ley que ordenase lo hecho hasta el momento, sino que tuviese consecuencias políticas y jurídicas en torno a la represión; que entendiese que, además de la memoria individual o familiar, debía existir una política pública por la memoria democrática de nuestra sociedad.

A medida que ha ido avanzando la legislatura, podemos decir que el compromiso inicial del Gobierno y su discurso fueron cambiando. Ante el previsible bloqueo del PP, se pidió tiempo. Después de mucho insistir, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley decepcionante: no había una política pública ni en fosas, archivos o símbolos; como contraprestación a las sentencias de la represión franquista otorgaba, desde un consejo de notables formado por cinco personas, una declaración, sin efecto jurídico alguno, de injusticia de dichas resoluciones. Amnistía Internacional llegó a hablar de una ley de punto final y muchos otros se sintieron decepcionados e incluso traicionados.

Por la insistencia de las asociaciones memorialísticas y nuestro compromiso en la necesidad de que este año hubiera una buena ley, IU-ICV considera que había tres elementos fundamentales para desbloquear la ley y lograr que nos acercase a nuestro puerto de destino. La base del acuerdo del mes de abril era un punto de partida, que aún hoy se tiene que materializar.

El primero era la condena del franquismo, algo que de forma insólita aún no se ha producido en nuestra democracia en ley alguna. Acordamos en la exposición de motivos incorporar una condena en los términos expresados por la declaración de la Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa.

El segundo era la asunción de políticas públicas para la recuperación de la memoria por parte del legislador, elemento clave si queremos que haya un antes y un después de esta ley, afectando a la política archivística, museística, de fosas o al Valle de los Caídos…

El tercer elemento eran las consecuencias jurídicas de las resoluciones de la represión franquista. El texto acordado en abril suponía un primer paso, cuando expresaba la ilegitimidad de los tribunales, una declaración de ilegalidad de los tribunales de los que se deriva la ilegitimidad de sus resoluciones, privándolos de cualquier eficacia jurídica. Pero aún hoy tiene que concretarse en un acuerdo en la exposición de motivos y en una disposición adicional, que haga posible, para quienes así lo quieran y por la vía del recurso, conseguir la nulidad de las sentencias de la represión.

El texto que se pactó en abril incorporó una nueva disposición adicional que declara la ilegitimidad y la ineficacia de todas los decretos y leyes que supusieron la base legal y pseudojurídica de la represión franquista.

El objetivo, aún no cerrado, es que un nuevo articulado tenga efectos jurídicos y pueda suponer una nulidad derivada de cada una de las sentencias a través del recurso de revisión previsto, lo que de por sí sería un hecho histórico.

Después vendrá la tarea de exigir al próximo Gobierno que haga todo lo posible para que el Ministerio Fiscal y especialmente el Ministerio de Justicia de oficio y acumulando todos los casos soliciten en un recurso de revisión la nulidad de dichas resoluciones, haciendo que el ejercicio del recurso de revisión no tenga que ser necesariamente un ejercicio individual.

Si al final hay ley, será por la insistencia y perseverancia de algunos. Muchas entidades lo han dejado claro, cuando se han dirigido a un Gobirno que sólo ha querido negociar a contrarreloj después de haber aparcado la ley durante meses, después de habernos presentado un mal proyecto de ley.

Y de lo que se trata es de que en un momento decisivo no fallemos. Entendiendo que cualquier ley no nos vale: que la condena, que la recuperación de la memoria, que la trascendencia jurídica de la ley tienen que quedar claras y diáfanas.

La ley de memoria no sólo debe restituir la memoria de las víctimas del franquismo, sino que servirá, una vez aprobada, para que las nuevas generaciones crezcan en una democracia que sólo podrá cerrar heridas si éstas se han curado.

En los próximos días, veremos si por fin llega la hora de cumplir, sin titubeos, y no con un grupo parlamentario como el nuestro, sino con la sociedad. Con una condena expresa y sin tibiezas de la sistemática violación de los derechos humanos por parte del régimen franquista; con un marco institucional que garantice y dé continuidad a la puesta en marcha de políticas públicas en materia de archivos, símbolos y fosas comunes, y por último, con un redactado que subraye la trascendencia jurídica de la declaración de ilegitimidad, que supone la carencia actual de la vigencia jurídica de aquellas disposiciones y resoluciones contrarias a los derechos humanos dictadas por el aparato pseudojurídico del franquismo.

Joan Herrera es portavoz de IU-ICV en el Congreso de los Diputados.