Opinion · Dominio público

La expulsión de Luis Herrero

 ALFREDO TORO HARDY

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El pasado 13 de febrero el eurodiputado español por el PP Luis Herrero fue expulsado de Venezuela. La mayor parte de la prensa española, como es habitual cada vez que el Gobierno de Hugo Chávez está de por medio, fue rápida en dictar sentencia condenatoria en contra de este último, sin preocuparse por analizar los pormenores del caso o consultar la opinión oficial venezolana. Lo dicho por el diputado Herrero, por su colega del PP Carlos Iturgaiz –a la sazón también en Venezuela– o por la oposición venezolana, bastó para que se asumiera como válida esa cara de la moneda. La sentencia fue expedita: una tropelía más del caudillo tropical.

Ocurre, sin embargo, que Venezuela, al igual que España, tiene leyes, lo que sin duda puede resultar una sorpresa para quienes creen que por aquellos rumbos sólo hay tambores. El ordenamiento legal venezolano regula, como lo hace cualquier otra legislación del mundo, lo que no está permitido a los ciudadanos extranjeros en el interior de su territorio. La actitud políticamente beligerante e irrespetuosa a la institucionalidad venezolana, evidenciada por el señor Herrero a pocas horas de un proceso comicial, obviamente violó dicho ordenamiento. Máxime cuando sus palabras promovieron dudas sobre la validez y la pulcritud del referéndum que tendría lugar.

La suya fue una actitud provocadora que soliviantó los ánimos y sentó las bases para un eventual desconocimiento de los resultados de dicha jornada electoral. Con base en ello, el Consejo Nacional Electoral –poder público independiente con competencia absoluta en materia electoral– solicitó, por desición unánime de sus rectores, la expulsión del diputado Herrero del territorio venezolano.

Invirtamos los términos. A pocas horas de un proceso comicial español, un diputado del Parlamento latinoamericano de nacionalidad venezolana declara como lo hizo Herrero en Venezuela: “La delegación (que represento) se encuentra aquí como invitado internacional para asistir a este proceso electoral, de un referéndum que (el Gobierno) ya perdió hace un año y no dejará en ningún momento de denunciar públicamente un comportamiento que considera profundamente lesivo para la dignidad del ser humano… Permítanme decirle a todos los (españoles) que nos están escuchando, que no pierdan de vista que son ciudadanos libres y que tienen que votar en libertad… y que jamás voten dejándose llevar por el miedo que premeditadamente un dictador está tratando de trasladar a su ánimo”. Para luego agregar, frente a una decisión del organismo electoral español de alargar el cierre de los colegios electorales en un par de horas, su temor de “que pueda ser utilizada esa nocturnidad… para hacer algún tipo de maniobra que no sea transparente y que no sea democrática”. ¿Cuánto hubiese tardado la expulsión de mi compatriota? ¿Quién en España la habría cuestionado?

¿Es que se considera acaso que las leyes de Venezuela tienen menos valor que las españolas? Recordemos entonces las europeas. El diputado Herrero solicitó la condición de observador internacional en Venezuela y, aunque esta no llegó a ser otorgada, puesto que sus declaraciones incendiarias antecedieron a la entrega de las credenciales correspondientes, tal fue el propósito de su viaje. El código de conducta para los observadores internacionales de la Unión Europea, regulado por la Decisión 9262/98 del Consejo Europeo, establece que “la violación del código de conducta conlleva la inmediata repatriación a su país” (por su jefe de Delegación). Por su parte, entre los factores de violación del mismo se encuentran el no mantener “la estricta imparcialidad”, “manifestar sus aspiraciones o preferencias”, “hacer comentarios personales o prematuros a los medios de comunicación”, no “ajustarse a todas las leyes o reglamentos nacionales”, no “guardar la mayor discreción posible”, no “comportarse de manera irreprochable”. Si bien es cierto que Herrero no llegó a ser observador, el espíritu de esta normativa no deja duda.

Ahora bien, de la misma manera en que buena parte de la prensa española obvió toda referencia a la existencia de marcos legales infringidos, no hubo economía de espacio a la hora de señalar los atropellos policiales cometidos en contra del señor Herrero. De poco sirvió que el Gobierno venezolano explicase que este fue tratado con cabal respeto a sus derechos humanos y con las consideraciones inherentes a su condición de diputado europeo. Mucho más válida resultaba, por supuesto, la versión, siempre objetiva, serena y sensata de un presentador de la Cope. Dudar de la palabra del señor Herrero en esta materia hubiera resultado tan insensato como asumir que su sucesor en dicha emisora, Federico Jiménez Losantos, pudiese no resultar objetivo en relación al presidente Chávez.

El Gobierno venezolano, sin embargo, puede llamar al estrado a un testigo de excepción: el propio Luis Herrero. Segundos antes de subir al avión que lo llevaría fuera del país, el eurodiputado sostiene una conversación telefónica en su móvil con el embajador de España en Venezuela, Dámaso Delirio, que fue captada por una cámara de televisión. Tanto el audio como el contenido de la conversación resultan claros: “Dámaso, qué tal, buenas noches. Bien, estoy a punto de embarcar en un vuelo de Varig que me llevará a São Paulo… No. Tengo que decirte que los funcionarios de la Policía han sido muy correctos. Bueno, ellos estaban cumpliendo con las órdenes que les han dado, pero que lo han hecho en todo momento con corrección. No tengo nada que decir contra eso. Bueno, pues yo llegaré a São Paulo en el vuelo de Varig… Gracias por todo, Dámaso, un abrazo muy fuerte, hasta luego”. Quienes alberguen dudas acerca de las palabras de nuestro testigo, pueden acceder al siguiente enlace.

Tanto el señor Herrero como la prensa que lo vitorea quizás olviden lo que se celebra a partir del próximo año: el bicentenario de las independencias iberoamericanas.

Alfredo Toro Hardy es  Embajador de Venezuela en España