Opinion · Dominio público

Un nuevo curso legislativo frenético y electoralista

José Campos Trujillo

Responsable confederal de Participación Institucional en CCOO

José Campos Trujillo
Responsable confederal de Participación Institucional en CCOO

Más de seiscientos decretos aprobados, hasta once reales decretos, dieciocho leyes, cuatro de ellas orgánicas. Sin duda una más que notable actividad parlamentaria durante el tercer año de la mayoría absoluta del Partido Popular. Ahora se inicia el último curso de la legislatura y se prevé más intenso y con marcados tintes electoralistas.

Este periodo legislativo nos traerá la reforma del aborto, que aprobará el Gobierno como proyecto legislativo este mes. También se aprobará la no menos controvertida Ley de Propiedad Intelectual, y se tramitará la Ley para la Seguridad Ciudadana. Además, tenemos en puertas la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 que incluirá una previsión de crecimiento de ingresos superior al 4%, que se combinará con un recorte del gasto público del 3,2%, a fin de reducir el déficit del Estado hasta el 2,9% del PIB. Los PGE 2015 se aprobarán en diciembre.  Próximamente también se aprobarán leyes tan importante como la Reforma Fiscal, Ley Concursal, la Ley de Fundaciones, la reforma del Código Penal, la de Tratados y Acuerdos Internacionales, la de Parques Nacionales., Ley de Telecomunicaciones., Propiedad Intelectual…

Por tanto, la agenda viene cargada de reformas. A decir del presidente Rajoy serán las “justas y necesarias”. Algunas serán dolorosas como ya anunciara el propio presidente en el camino de santiago junto a la canciller alemana. Esperemos que el balance legislativo de este año, no esté marcado por esa línea ideológica de escasa cintura democrática o de formas autoritarias con la que termino el periodo anterior con la tramitación del “decreto ómnibus”. El polémico RDL 8/2014 “de medidas urgentes (cómo no) para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia” merecía un debate riguroso para abordar asuntos importantes que afectan a 26 leyes vigentes. Sin embargo, el Gobierno la ha tramitado sin consenso.

Junto a la exagerada campaña sobre recuperación económica  hay un tema de interés prioritario para el Gobierno: afrontar con garantías de éxito las próximas elecciones. Con ese objetivo se plantea la reforma fiscal. La “venden” como un beneficio para toda la ciudadanía, pero sólo es una ley trampa que gravará más a los trabajadores y las trabajadoras, así como a la clase media. Una ley injusta, a veces confiscatoria, que incluso pretendía hacer tributar a los indemnizados las personas con indemnizaciones por despido. Asimismo, ahora el Gobierno trata de cambiar las reglas del juego, reformando la ley electoral, la LOREG, antes de las municipales de mayo.

Además, se quieren impulsar medidas de “regeneración democrática” que habrán de ser expuestas y debatidas en el Congreso, y de las que, por ahora solo hay declaraciones imprecisas y a veces contradictorias. Rajoy quiere negociarlas y pactarlas en un par de meses. Se trata de la antes mencionada reforma electoral, del control de la financiación de los partidos político, y también de una importante reducción del número de aforados propuesta por el ministro Ruiz- Gallardón. Un ministro que se ha propuesto dejar huella de su paso por Justicia con una actividad  frenética, no solo por sus innumerables indultos (algunos muy discutibles), sino por encarar casi de forma simultánea varias reformas importantes  como la del Código Penal, la Asistencia Jurídica Gratuita, o la reforma de la ley del aborto.

Insisto, esperemos que estas leyes no se tramiten con la extrema torpeza y arrogancia como se hizo en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial relativa a la justicia universal, que ha posibilitado la liberación de docenas de narcos capturados en zonas internacionales. Lo mismo sucedió en el caso de la ley exprés para la abdicación del Rey Juan Carlos, incluido su aforamiento. Y otras, como la de Racionalización del Sector Público, que han pisado áreas competenciales autonómicas y municipales,  provocando un aluvión de recursos ante el  Tribunal Constitucional.

Por tanto, la legislatura seguirá sin que se aborde un cambio profundo de las estructuras productivas del país (apenas ha cambiado el modelo anterior a la crisis). La crisis era una oportunidad para hacerlo pero sólo se han cambiado las reglas del juego en el ámbito económico y laboral en perjuicio de los trabajadores y trabajadoras  en vez del modelo económico. Se devalúa el trabajo y se trata de arrinconar a los sindicatos, pero no hay más control de los capitales, y la ciudadanía sigue bajo el imperio del monopolio energético. No hay una apuesta firme por la I+D+i con programas científicos que, por ejemplo, reduzcan la dependencia energética exterior. Para la actual mayoría parlamentaria hay temas más acuciantes como seguir recortando servicios y derechos ciudadanos en estos meses venideros, con la reforma del aborto, la del Código Penal o con la Ley de Seguridad Ciudadana, la “ley mordaza”.

En definitiva, el curso legislativo viene marcado por el electoralismo, la autocomplacencia y arrogancia del Gobierno y en el parlamento por la escasa voluntad negociadora de los partidos. Lejos de ayudar a resolver los problemas más acuciantes del país, como el desempleo o la exclusión social, la pugna política sigue lastrando la credibilidad de nuestra democracia y sus instituciones. La gente entiende mal la falta de consenso existente para articular soluciones que resuelvan de una vez la más grave crisis económica, social e institucional  vivida en décadas.