Dominio público

Los retos de la Comunidad de Madrid

Antonio Fernández

José Quintana Viar, diputado autonómico y senadorEnrique Cascallana Gallastegui, diputado autonómico y senador Gordillo, diputado autonómicoMario Salvatierra Saru, diputado autonómico

José Quintana Viar, diputado autonómico y senador
Enrique Cascallana Gallastegui, diputado autonómico y senador
Antonio Fernández Gordillo, diputado autonómico
Mario Salvatierra Saru, diputado autonómico

En la Asamblea de Madrid se han producido debates políticos de gran calado y, sin embargo, no han tenido suficiente repercusión en la opinión pública regional. Esta es la razón por la que nosotros, diputados del PSOE, afirmamos que la cámara autonómica ha estado insonorizada e incluso hemos insistido en que ha permanecido blindada para la mayoría de la población madrileña. Por ello, al terminar nuestro mandato, pensamos que es oportuno que expongamos a la ciudadanía madrileña qué es lo que, a nuestro juicio, nos jugaremos en las próximas elecciones.

Estamos ante unas elecciones municipales y autonómicas que se presentan claves para el devenir político de nuestro país. Partimos del convencimiento de que en Madrid el concurso electoral no responderá al patrón tradicional de los últimos años. Precisamente por ocupar Madrid el centro político nacional, esta vez vamos a confrontar no programas electores sino modelos sociales.

Los ciudadanos perciben el fin del ciclo político que iniciamos con la Transición. Una Transición que, por cierto, con todas sus imperfecciones, constituyó un régimen de libertades frente a la dictadura e incorporó a España en Europa. Sin embargo, en los últimos años ha ido calando la sensación de agotamiento de aquel proceso de modernización y la mayoría social registra un profundo desfondamiento en la confianza del sistema.

La crisis ha hecho que aumenten las reticencias de que vaya a funcionar el Estado del bienestar como hasta hace diez años atrás y menos aún la gente cree que el llamado "ascensor social" continuará cumpliendo su papel. Tampoco hemos de olvidar que en España la crisis castiga a un Estado de "medioestar", es decir, Estado que comenzaba a conquistar los parámetros de bienestar que en los países del Norte de Europa están afianzados. Por consiguiente, aquí la repercusión de la pérdida de derechos y prestaciones sociales es mucho más dramática.

¿Qué consecuencias debemos extraer de este cambio de rumbo? Que o vencemos la nefastas secuelas políticas y sociales de la crisis o la crisis acaba con la democracia. La globalización es el elemento central y clave de lo que está pasando. Es en ella y en los poderes que la alientan donde debemos buscar las causas del agotamiento ciclo político del que hablamos:

. Un modelo de crecimiento económico que está acabando con los recursos naturales y acelerando el cambio climático.

. La inexistencia de una gobernanza global y, por ende, la ausencia de control político y regulación financiera.

. El recurso a la vuelta del Estado-nación como solución cuando sabemos que es un empeño inútil.

. Unas instituciones democráticas cada vez más alejadas de la ciudadanía o, dicho de otro modo, la política se ha doblegado tanto al poder económico que ya muchos consideran viable una democracia "sin promesas".

El molde de la globalización ha sido el neoliberalismo cuyo objetivo prioritario es establecer el Estado Mínimo: bajada de impuestos, infrafinanciación para los gastos sociales, recortes en los servicios públicos, mercantilización de la vida social, reducción del espacio de las libertades, traslación del riesgo exclusivamente al ámbito personal, etc. Además, consustancial a dicho paradigma es el ataque sin matizaciones a todo lo que suene a público. Desprestigiar a la administración pública es una de las mayores obsesiones de la brigada neoliberal.

Prueba de ello es el intento de privatización de la sanidad madrileña, la precarización de la escuela y la universidad públicas, la venta del patrimonio público, etc. Identifican lo público como un aparato burocrático, mastodóntico y partidista que está al servicio de los partidos de turno y que, por ende, sus instituciones son innecesarias, ineficientes e ineficaces. Añadamos, por si fuera poco, el empeño de los neoliberales por devaluar el objeto de la política, esto es, el bien común, hasta el extremo de sostener que el único interés noble es el interés privado, como también desteñir el valor de la actividad política dando por supuesto que sólo se dedican a ella una camarilla sindicada en la perpetuación de sus propios privilegios.

No obstante, la más abyecta de sus pretensiones es ligar la corrupción exclusivamente a la política y asociarla con lo público. Si algo hemos comprobado con total nitidez a partir de la quiebra de Lehman Brothers es la consustancial implicación del sector privado con la corrupción y la existencia de una innegable transversalidad en este tema entre el sector privado y el público. La corrupción también circula en el cosmos celestial de la propiedad privada. Esta es la razón por la que nos parece una verdadera aberración tratar el tema de la corrupción únicamente desde el ángulo de los corrompidos. Hay que abordarla también desde el prisma de los corruptores: éstos no son ajenos a la detestable situación que estas prácticas producen. Ni uno ni otro han de librarse al peso de la ley.

Este avance sin parangón del modelo económico y social del neoliberalismo ha minado las bases del contrato social: ha fracturado el pacto capital-trabajo sellado en el siglo pasado hasta el extremo de inaugurar un nuevo marco de relaciones laborales en el que desaparece la negociación colectiva, se acosa al sindicalismo de clase y se fragua la precarización de los derechos a la par que empobrecen los salarios. La ruptura del contrato social conlleva a una redistribución oligárquica de la riqueza, al aumento de la desigualdad y dualización social. En definitiva, esta quiebra de la cohesión social desencadena un grave retroceso de los derechos de ciudadanía.

El mayor agravante es que tenemos la juventud mejor formada pero que no vislumbra su futuro, atenazada por la falta de empleo digno y estable y la imposibilidad de emanciparse ante la falta de políticas que faciliten la accesibilidad a una vivienda como en el resto de la UE. Ello plantea un horizonte demográfico insostenible que hará inviable a medio plazo los derechos de protección social (el derecho a la seguridad social, a una pensión digna, a los servicios sociales, etc.) tal y como los hemos conocido.

Hasta aquí el diagnóstico. Dijimos que esta vez no vamos a contraponer programas sino que hablaremos de modelos sociales alternativos. He aquí la novedad pero también el gran desafío. La crisis ha afectado los cimientos de nuestro modelo de convivencia. Es preciso ir más allá de ligeros retoques para poner al día la pervivencia del sistema. Es imprescindible presentar a la ciudadanía madrileña un proyecto de nueva planta. Lo que hace falta es un nuevo pacto social y un nuevo pacto constitucional: el primero, para resolver la situación de atascamiento en que se encuentra el Estado del bienestar y el segundo, para solventar un proyecto nacional común hasta hoy enquistado por causa de dos maneras decimonónicas de comprender la nación española, esto es, el nacionalismo español y los nacionalismos catalán y vasco.

Respecto a la cuestión nacional, nosotros estamos convencidos de que desde Madrid podemos hacer mucho para atenuar la tensión territorial. A nuestro entender, tenemos que partir de una obviedad: no hay un único modo de concebir la nación española. Pensar que la unidad de España se fortalece rechazando la heterogeneidad y diversidad de su contextura poblacional es llevar el debate al absoluto fracaso. Unidad no significa uniformidad ni tampoco igualdad significa identidad. Igualdad y diferencia es la base para cimentar un proyecto común en el que no sólo nos"conllevemos" sino también "convivamos" con una ilusión compartida. Reconocer y aceptar el derecho a la diferencia no es equivalente a admitir diferencia de derechos. Queremos evitar el choque entre nacionalismos excluyentes. El único remedio eficaz contra el nacionalismo es la integración y la inclusión. Es tiempo de encaminarnos hacia un modelo federal y de construir un Estado verdaderamente laico. Federalismo y laicidad es el futuro del Estado español. Madrid necesita con urgencia abanderar estos nuevos pactos, no puede ni debe quedar atrapada en el conformismo resignado al que le condena la derecha. Orgullosos de nuestro pasado, conscientes de nuestros errores, los socialistas estamos abocados a promover un nuevo pacto social encaminado a blindar los derechos sociales e impulsar la regeneración democrática. Madrid tiene que pasar de ser un modelo de corrupción a ser un modelo de impulso democrático.

El nuevo pacto social tiene que dar respuesta a la siguiente cuestión: ¿cómo enderezar democráticamente un sistema económico que abomina de las reglas de control y que, en su libre juego, origina serias injusticias sociales? Es insoslayable convocar a todos los agentes sociales, a cuantas asociaciones tengan relación con el mundo del trabajo en sus diversas vertientes, a las instituciones políticas, universidades, etc. Hemos de acometer un gran pacto contra el desempleo, políticas activas de empleo, un nuevo marco de negociación colectiva y relaciones laborales. Tenemos que diseñar una nueva estrategia territorial para afrontar el problema esencial de la región metropolitana: la insostenibilidad de un modelo de ocupación del territorio basado en el consumo masivo de los tres elementos básicos del medio ambiente (suelo, agua y energía). Es necesario un plan de desarrollo de políticas de I+D+i . En este acuerdo social no puede faltar el pacto intergeneracional porque no es viable una sociedad con la mayoría de su juventud sin empleo, sin proyecto de vida autónomo y sin horizonte a medio y largo plazo. Asimismo, tenemos que acometer un nuevo proyecto de desarrollo basado en sectores claves de la economía madrileña: cultura, economía verde, servicios sociales, turismo, rehabilitación, sector agroalimentario de "calidad", etc.

El impulso de regeneración democrática implica:

. Que la Asamblea de Madrid sea un auténtico foro de debate y control al gobierno, puerta de la participación ciudadana y ejemplo de la democracia participativa. Hay que dar cauce a los instrumentos de participación directa: Iniciativa Legislativa Popular, Referéndum, Consejos Sectoriales de Participación, Diputado 130, etc.

. Acabar con los privilegios y promulgar una fiscalidad socialmente justa, es decir, tenemos que poner fin a esta concepción corrupta que tiene la derecha de la fiscalidad en la que a unos se le otorgan subvenciones y a otros les conceden excepciones.

. Crear un observatorio contra la corrupción que aborde todo lo relativo a la contratación, urbanismo, publicidad, etc.

. Descentralizar las decisiones acorde al principio de subsidiaridad tiene que ser el principio de vertebración del municipalismo.

Por último, es apremiante elaborar un plan de choque contra la desigualdad social como medida transitoria hacia los derechos de ciudadanía. Este plan, como mínimo, tiene que:

. Reconvertir de manera urgente la Renta Mínima de Inserción en Renta Básica de Ciudadanía.

. Crear un fondo de emergencia para abordar los casos extremos de pobreza.

. Establecer una moratoria de cuatro años de los desahucios en la región, desarrollando instrumentos de mediación e intervención públicas para parar las ejecuciones hipotecarias.

. Abrir comedores escolares e implantar un programa para la infancia en riesgo de exclusión.

. Establecer una tregua que determine la no interrupción de los suministros de electricidad, agua y gas por impago con el fin de combatir la pobreza energética.

. Garantizar realmente los derechos de las personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid. Somos conscientes de que las medidas señaladas no resuelven todos los problemas, pero desde luego si se aplicaran, contribuiríamos a que esta crisis no machaque a la mayoría social de nuestra región.