Ricardo Romero de Tejada Collado
Sociólogo y politólogo

Tras la constitución del nuevo Parlament este lunes, 26 de octubre, los errores pueden ser más decisivos que los aciertos en las primeras semanas de una legislatura que promete extraordinarios acontecimientos. No en vano va a ser la primera vez en su historia que la cámara catalana hará una declaración solemne de inicio de un proceso de independencia de la República catalana.

El Partido Popular empeñado en pegarse tiros al pie

No se pude negar al Partido Popular fidelidad a sus principios en lo que atañe a Cataluña. Sus dirigentes, coherentes con el ideario de su fundador y sus ancestros, excelentes y firmes representantes de la España de los castillos (atinada metáfora de Jaime Miquel en su La perestroika de Felipe VI) y que en su día se opusieron al Título VIII de la Constitución, aprovecharon la reforma del Estatut (2006) para hacerse notar y matar dos pájaros a la vez. Cargárselo tras sus manejos en el Constitucional y desgastar electoralmente a Zapatero y a su gobierno socialista. De aquellos polvos, estos lodos. En Catalunya, la independencia empezó a dejar de ser una mera hipótesis de futuro incierto, un imperativo hipotético, para comenzar a ser una utopía posible, un imperativo categórico, la única solución de futuro. En nueve años, el determinismo ideológico del Partido Popular, en última instancia siempre confiado en las soluciones a cañonazos (ahí está el aviso de que "se ha acabado la broma", de un inspiradísimo García Albiol), ha logrado que el independentismo sea ampliamente transversal y que esté a punto de poner rumbo formalmente hacia la independencia.

Ese descomunal error estratégico de la derecha española es consecuencia directa de su código genético, un ADN reacio a convivir con el siglo XXI y en el contexto de la Unión Europea. Con todo, y sin olvidar los más recientes desaciertos previos al 27-S, lo peor aún puede estar por llegar, arruinando definitivamente cualquier empeño de concordia, juntos o separados.

Por qué fracasó la campaña del miedo

La campaña del 27-S, la más larga que se recuerda en unas autonómicas en Cataluña y la más documentada y sazonada con editoriales de prensa, artículos de opinión, noticias varias y encuestas, tuvo en el Partido Popular su protagonista más acerado y beligerante, al tiempo que el más contradictorio en su estrategia.  Durante años ha mantenido contra viento y marea que la independencia de Catalunya es imposible porque la Constitución Española la impide; y esta legalidad en modo alguno están dispuestos a cambiarla. Sus coqueteos con una eventual reforma constitucional han sido sistemáticamente desmentidos a las pocas horas o días al ritmo de las circunstancias, y siempre negando que su alcance pudiera satisfacer en ningún caso a los soberanistas. De vez en cuando, también se lanzaban desde algunos de sus dirigentes y cargos ministeriales advertencias en el sentido que si Catalunya se independizara sufriría un sinnúmero de desventuras, entre ellas las de una absoluta marginación internacional. Con todo, la evidente contradicción entre los dos argumentos esgrimidos alcanzaría su apogeo en los últimos tramos de la campaña; con dos momento estelares, varias declaraciones de financieros y grandes empresarios y unas manifestaciones internacionales de doble filo, siempre en un contexto que situaba por encima de todo la legalidad constitucional, irreversiblemente pactada y renovada por las formaciones políticas del bipartidismo. Primero, la entrevista radiofónica a Mariano Rajoy que le puso en evidencia porque la nacionalidad española constitucionalmente no se pierde salvo por voluntad propia, y por ello no puede excluirse a nadie de su condición y derechos europeos. Días después, nada menos que el ministro de Asuntos Exteriores del Reino de España, García-Margallo, debatía en televisión, obteniendo un gran éxito de audiencia, con el líder republicano e independentista, Oriol Junqueras, sin lograr demostrar ni convencer que una eventual  independencia unilateral sería contraria a la legislación internacional y que conllevaría la expulsión de Catalunya de la Unión Europea y del euro; más bien al revés. El propio debate, civilizado y democrático, ofrecía una lectura: la independencia de Catalunya sí era posible, fuera o no constitucionalmente ilegal a la manera española...

Pero hubo más. Un documento del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, trucado (y retirado después) en su versión española con textos añadidos (que no figuraban en la versión oficial en inglés) y que contradecían la postura del PP y del Gobierno respecto a la cuestión catalana. Un boomerang, sin duda. Otro más, el pronóstico del Gobernador del Banco de España de la huída de la banca y un corralito en Cataluña si vencía el independentismo, dos efectos simultáneos contradictorios entre sí, que tuvo que rectificar al día siguiente. Las amenazas, así se vivieron, de la patronal bancaria y de algunos grandes empresarios, añadieron más credibilidad a la hipótesis independentista porque movía a risa la imagen de dirigentes económicos dispuestos a perder negocios para dejar los vacios a terceros. Detrás de todo, la gente común adivinaba la larga y torpe mano del Gobierno central. Nada que ver con Escocia y el Reino Unido.

La dimensión internacional del proceso soberanista se engrandeció cuando, a petición de Mariano Rajoy, varios líderes mundiales se pronunciaron a favor de la unidad española (Cameron, Obama, Merkel, Sarkozy), realzando la voz de los que, en silencio, no secundaron  al Gobierno español: todo el resto de dirigentes de los Estados europeos... De este modo y en realidad, se reforzaba el carácter plebiscitario y democrático de las elecciones en el ámbito doméstico y ante el mundo. El discurso del Partido Popular se hizo añicos y quedó sin argumentos. Y los independentistas ganaron la mayoría absoluta parlamentaria. Una clave añadida para comprender el fracaso de la campaña del miedo la proporcionaba una encuesta de Metroscopia publicada pocos días antes. De los datos se desprendía que el 90% de los partidarios de la secesión quieren la independencia de Catalunya aunque suponga quedarse fuera de la Unión Europea y del euro, a pesar de su indudable europeísmo... Atentos a las señales.

Los (posibles) próximos errores del PP pueden producirse muy pronto. Las candidaturas independentistas podrían aprovechar la primera sesión del nuevo Parlament para una Declaración solemne de inicio del proceso de independencia. O esperar a tener presidente de la Generalitat y gobierno. En el segundo supuesto, igual Mariano Rajoy se libra de la patata caliente; aunque siga siendo la victoria del PP la hipótesis más probable, puede que dependa del apoyo de otra fuerza política y si esto es así pedirán la cabeza de su líder actual. Después del 20-D, a saber...

Pero si la Declaración independentista se produce en la primera semana de noviembre como algunos pronostican, a Rajoy le tocará recurrirla al Tribunal Constitucional. Si se limita a esta acción, se habrá ganado tiempo para hacer política. Si decide intervenir la Autonomía de Cataluña (o aplicar, antes, al mismo tiempo o después, la ley de Reforma del Tribunal Constitucional), el Gobierno abrirá la caja de los truenos. Ya lo han advertido, si se obstaculiza el proceso, la Declaración Unilateral de Independencia será inmediata y con todas las consecuencias. Entre los independentistas se dan por seguro movilizaciones sociales masivas hasta conseguir sus objetivos, según se desprende del estudio prospectivo analizado en "27-S, Cataluña decide su futuro" (publicado en Público). En la Europa del siglo XXI, sin fronteras, no es fácil imponer la represión de un movimiento social de estas características sin hacer saltar por los aires todo el orden institucional.

Otra frente abierto es la persecución judicial emprendida por el gobierno de Mariano Rajoy contra el president Mas y dos de sus consejeras por el proceso participativo del 9 de Noviembre, con presiones al Fiscal General del Estado (que acabó dimitiendo) y sobre los fiscales catalanes que se opusieron al primer intento para que asumieran querellas. Las protestas gubernamentales defendiéndose de las acusaciones de intromisión en la independencia de la justicia añaden más madera (la del cinismo) al fuego y convierten en inútiles sus alegatos cuando denuncian los apoyos que los imputados han recibido en la calle al ir a declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, con la movilización de cientos de alcaldes y una multitud de varios miles de personas. Algunos sostienen que es la misma Justicia que invalidó el Estatut (aprobado por las Cortes Españolas y con referéndum en Catalunya) y que no ha querido anular el juicio que sentenció a Companys y que le llevó ante un pelotón de fusilamiento del ejército franquista; esta Justicia está en la picota del descrédito.

Sería deseable que los responsables del desaguisado tomaran buena nota de las señales, los avisos para navegantes, que transmiten estos apoyos del 13 y del 15 de octubre ante el TSJC, y que no olviden las que ya empezaron a ser atronadoras en julio de 2010, cuando se conoció aquella sentencia del TC. Si una sentencia, dictada a partir de una lectura esclerótica de la Constitución del 78, desató tal vendaval, con manifestaciones masivas en las Diadas y que ha desembocado en dos millones de votos secesionistas, qué se puede esperar que pase si inhabilitan al president Mas y la Guardia Civil le obliga a abandonar su despacho o lo detiene (o intervienen la Autonomía y envían a casa a gobernantes y diputados elegidos en las urnas). Con Europa mirando y las fotografías y las crónicas en las primeras páginas de todos los periódicos... Claro que a lo mejor, cuando tengamos sentencia, Mas ya no es el President.

El Partido Popular se ha metido en un lío; eso sí, muy coherente con su ideología profunda. Si los tribunales finalmente renuncian al juicio o sentencian la absolución, el Partido Popular habrá hecho un ridículo espantoso. Si tal cosa sucede, sobre todo antes de las elecciones generales del 20 de diciembre, Mariano Rajoy lo pasará mal. Si por el contrario, la sentencia es de culpabilidad (y si Mas sigue siendo en aquel momento president de la Generalitat) y se quiere hacer cumplir escrupulosamente con su inhabilitación y destitución, la cadena de acontecimientos que vendrán a continuación son previsibles. En el plano político, la candidatura que respalda a Mas ya ha advertido que los obstáculos al proceso establecido en su hoja de ruta tendrán una respuesta inmediata, precipitar una Declaración unilateral de Independencia. En el plano social, bien sea porque Mas no acata la sentencia y se emplea la fuerza, bien sea porque se interviene la Autonomía aplicando el artículo 155 de la Constitución (con el que un día amenaza un ministro - el de Justicia - para ser desmentido al siguiente por otro - el de Interior), la contestación ciudadana estará servida.