Antonio Antón
Profesor honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid

El cambio político ha comenzado en España. Los dos partidos gobernantes han perdido más de la mitad de sus votantes desde que iniciaron su respectivo declive. Según la media de las encuestas demoscópicas recientes, el PP desde las elecciones generales de 2011, perdería más de cuatro millones de votos. El PSOE desde las de 2008, seis millones y medio. En total más de diez millones de personas desafectas del bipartidismo, aunque conserven otro tanto.

En ambos casos esa pérdida de confianza y ese masivo alejamiento electoral de las élites gobernantes, inédito en la historia de nuestra democracia, expresa el rechazo popular a su gestión gubernamental, prepotente en lo político y regresiva en lo socioeconómico en este contexto de predominio de las políticas de austeridad y dinámicas autoritarias con desprecio a las demandas populares.

Según el CIS, existen todavía un 40% de indecisos entre las personas que dicen que van a ir a votar. Los resultados son inciertos. Pero, de confirmarse esas tendencias, la alternancia exclusiva dentro de ese régimen del bipartidismo, completamente hegemónico en estas décadas, ha pasado a la historia. Aunque todavía representan a la mitad del electorado, sacando ventaja entre los mayores de 65 años, por sí solos ya no constituyen la única alternativa de gobierno. El sistema político ha cambiado. El PSOE ya no representa la única opción gubernamental para derrotar a la derecha.

Según la media del voto estimado definido de los últimos sondeos, Podemos tiene más de cuatro millones y Ciudadanos más de cinco millones, y ambos en ascenso, particularmente entre la gente joven. Son cuatro las fuerzas políticas que pueden participar o ser muy determinantes en la conformación del gobierno y sus políticas. La representación política va a ser diferente. Los acuerdos parlamentarios y gubernamentales van a llevar a formas y equilibrios distintos, aunque dependiendo de quién ostente la mayoría relativa y su distancia con el resto. Lo significativo como posibilidad y garantía de cambio: una amplia representación alternativa, polarizada por Podemos y diversa territorialmente.

Ese cuestionamiento del continuismo es positivo y refleja la voluntad democratizadora de la gente. Está basado en la persistencia y la reafirmación de una cultura y una ética cívica que ha puesto de manifiesto unos valores de justicia social y honestidad en la mayoría de la ciudadanía, particularmente entre la gente joven, progresista y de izquierdas, más firme en las exigencias democráticas y sociales.

El cambio político tiene amplias raíces

El cambio de tendencias electorales refleja esos cambios culturales y sociopolíticos.  La cultura política y la ética cívica progresista de la mayoría de la sociedad se han fortalecido y renovado. La conciencia democrática y de justicia social constituye un valor social fundamental desde el que la ciudadanía juzga la actuación de los poderosos y frena su deriva regresiva,  autoritaria y corrupta. Forma parte del bagaje social mayoritario y va a seguir condicionando la futura gestión institucional y del poder económico.

La sensibilidad cívica y la justicia ya han frenado los comportamientos más deshonestos. La demanda ciudadana de responsabilidades por la corrupción ha deslegitimado a los representantes públicos y privados comprometidos directamente con ella. La vigilancia y el control ciudadanos del cumplimiento de los compromisos sociales y democráticos de las élites gobernantes se hacen más evidentes y delimitan un campo de juego institucional más limpio y transparente.

Esta transformación cultural y sociopolítica ha sido debida, en gran medida, al desarrollo de todo un ciclo de la protesta social y ciudadana frente al reparto desigual e injusto de los costes de la crisis socioeconómica y su gestión regresiva y prepotente, en detrimento del bienestar de las capas populares.

Esa ciudadanía activa, cuyo mayor protagonismo público expresó el movimiento 15-M, las mareas ciudadanas y las grandes movilizaciones sociales, ha sido un factor decisivo para la deslegitimación del poder liberal-conservador y su estrategia de recortes y austeridad. Ese movimiento popular ha impulsado la democratización política y un giro social de las políticas públicas.

La conformación de un electorado indignado y la amplia representatividad de Podemos y otras fuerzas alternativas refleja, en el ámbito electoral e institucional, esa tendencia social de fondo. Su acierto ha consistido en ser capaces de expresar electoralmente esa masiva actitud cívica y fortalecer la dinámica de cambio político e institucional.

Pero, cuál puede ser el impacto de ese cambio cultural y sociopolítico en la representación parlamentaria y la composición gubernamental y su orientación. Y, derivado de esa realidad de las capacidades y la relación entre las distintas fuerzas políticas y sociales, cuál es la perspectiva a medio plazo sobre la gestión de las crisis actuales (socioeconómica, político-institucional, territorial, del modelo europeo...) y las estrategias adecuadas para impulsar un cambio profundo, igualitario y democratizador.

En un libro de publicación inmediata (Movimiento popular y cambio político. Nuevos discursos, editorial UOC) expongo la relación entre esos dos elementos que han configurado la actual oportunidad de cambio político y son claves para la nueva etapa que comienza. En ese sentido, hay que realizar un esfuerzo interpretativo y normativo. Así, analizo los ejes discursivos de Podemos y explico las insuficiencias de las interpretaciones sociológicas convencionales sobre los movimientos sociales y la contienda política, al igual que las aportaciones y los límites del enfoque de las izquierdas y la teoría populista.

Más allá de impulsar la tarea prioritaria de mejorar los resultados electorales para garantizar un cambio inmediato, hay que ir definiendo la hoja de ruta de la nueva etapa, la estrategia transformadora para construir hegemonía popular, democrática y progresiva, y mejorar la situación de la gente. Y, a partir de la nueva realidad, explicar la combinación y el ritmo de las dos dinámicas, movilización social y gestión y cambio institucional. Caben aquí algunos apuntes para encarar los objetivos de cambio en el corto (cortísimo) y el medio plazo y su vinculación.

El 20D un nuevo punto de partida

El 20 de diciembre el pueblo español determinará el tipo inmediato de cambio institucional, su orientación y su profundidad. Tendremos todos los datos sobre el escenario real. Veremos el peso representativo de cada opción política y su responsabilidad gestora y cuáles son realmente las demandas populares, así como la rotundidad, el grado de apoyo y el ritmo o prioridades de su implementación.

Comprobaremos, por un lado, lo que ha dado de sí esta marea cívica y la capacidad de Podemos y las fuerzas afines para representarla y garantizar un nuevo ciclo político-institucional de progreso; por otro lado, la capacidad de recomposición de los partidos del poder establecido y la credibilidad popular conseguida para su propuesta de continuismo y cambio limitado.

Con esa expresión democrática habrá que articular la negociación y el conflicto con los diversos poderes fácticos, económico-financieros y de las instituciones europeas, que condicionan la voluntad soberana de la gente. Con los datos actuales se presenta el siguiente panorama.

En el campo ideológico de la derecha, el PP pierde casi veinte puntos porcentuales de voto estimado, que van a parar, básicamente, a Ciudadanos, con un talante regeneracionista y menos reaccionario que le obliga a cierto distanciamiento del partido conservador. Su ascenso se debe al rechazo a lo viejo y el apoyo a lo nuevo, a unas élites alejadas de la corrupción y la gestión de recortes sociales, mientras esconde el carácter antisocial de su programa económico.

Su límite: su reafirmación en las políticas socioeconómicas neoliberales y su modelo territorial, europeo y geoestratégico, que comparte con las derechas. El riesgo es que sumadas ambos grupos parlamentarios sirva para consolidar el continuismo liberal-conservador con un leve toque renovador. Según Albert Rivera, podría avalar pero no participar en un Gobierno presidido por el PP (o por el PSOE); en ese caso de no quedar los primeros, pasaría a la oposición.

En el campo social de centro-izquierda, el PSOE, que había sido hegemónico, también pierde veinte puntos porcentuales, hacia Podemos y Ciudadanos. Parece que la renovación de su equipo dirigente y cierto cambio de discurso, ahora en la oposición, afirmando el respeto a los derechos sociales, no es capaz de hacer olvidar a gran parte de su anterior base social, crítica y desafecta, sus pasados incumplimientos sociales. Su actual moderación y la falta de credibilidad de una alternativa diferenciada de las derechas tampoco le garantizan superar ese suelo electoral de forma significativa.

Es en ese campo progresista, de centro-izquierda e izquierda o, si se prefiere, defensor de las capas populares, democratizador y antioligárquico, en el que Podemos y las fuerzas afines (incluida IU-Unidad Popular) presentan una alternativa clara de mayor firmeza en la defensa de un proyecto de cambio sustancial, de profunda democratización y justicia social.

Junto con la participación cívica, la imprescindible reforma política y constitucional y la contundente defensa de los derechos civiles, sociales y económicos, está el necesario reto de derrotar la austeridad del bloque de poder liberal-conservador y avanzar hacia con un modelo de construcción europea más justo, democrático y solidario.

La apuesta política alternativa es conseguir que el apoyo popular a esta opción transformadora sea suficiente para imprimir un giro claro y rotundo hacia una gestión institucional de progreso, como la conseguida en algunos ámbitos municipales y autonómicos.

Para ello sería imprescindible que Podemos y sus aliados consigan una posición superior o, al menos, equilibrada respecto del PSOE, para no estar subordinados a su hegemonía o con un papel secundario, y poder condicionarle hacia una necesaria reorientación. Y, además, sumados ambos vencer a las derechas y forzar un cambio sustancial. Existe el riesgo de no conseguirlo, pero todavía hay campaña por delante para intentarlo.