Elías Trabada Crende
Sociólogo

Recientemente, se publicaron los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2015, con trabajo de campo realizado en la primavera de ese año pero donde los ingresos económicos y estimaciones sobre rentas y tasas de riesgo de pobreza se refieren al año anterior. La comparación con los resultados de las ECV de 2008 y 2012 nos permite conocer en qué sentido ha evolucionado el escenario socioeconómico en cuanto a los fenómenos de la pobreza y desigualdad, a raíz de la última crisis capitalista y las políticas y medidas neoliberales aplicadas en España por el Gobierno del PP y la Troika. En principio, observamos que la renta media por hogar de la ECV de 2015 supone una disminución manifiesta con respecto a las encuestas de 2008 (-9,4% ó -8,5% con alquiler imputado) y 2012 (-6% ó -5,2% con alquiler imputado).

La importante caída de la renta media ha derivado en el aumento de los hogares con carencias materiales en aspectos muy necesarios para la vida cotidiana: en concreto, observamos que los hogares que no pueden permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada supusieron el 10,7% en la ECV de 2015, porcentaje que superó con claridad el estimado en la encuesta de 2008 (6,2%) y también en la de 2012 (9%). Asimismo, la proporción de hogares que han tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal en los últimos 12 meses creció hasta el 9,4% en la ECV de 2015, superando con holgura los porcentajes respectivos de las dos encuestas anteriores, tal como se refleja en la siguiente tabla. En general, la representación de los hogares con dificultad o mucha dificultad para llegar a fin de mes aumentó hasta abarcar el 33,7% del total de hogares entrevistados en 2015.

Tras la lectura de esos indicadores con valores manifiestamente en alza, podemos deducir que la población en situación de pobreza ha aumentado: efectivamente, el valor de la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE) ascendió desde el 23,8% de la población española en la ECV de 2008 al 27,2% en la encuesta de 2012 y prosiguió creciendo hasta el 28,6% en la ECV de 2015. Este indicador sintético incluye a la población que está en alguna de las siguientes situaciones: a) en riesgo de pobreza, b) con carencia material severa y c) en hogares sin empleo o con baja intensidad en el empleo (las personas se cuentan solo una vez en el caso de estar incluidas en más de una de esas tres situaciones y se descartan las que superan los 59 años). Señalar que los valores de estos tres componentes de la tasa AROPE aumentaron sin vacilaciones en los dos segmentos temporales que analizamos.

A continuación, atendamos a dos indicadores sobre la distribución de la renta e ingresos disponibles entre la población: la ratio S80/S20 y el coeficiente de Gini. El primero, expresa la relación entre la renta disponible total del 20% de la población con ingresos más elevados y la del 20% con ingresos más bajos: la ratio S80/S20 creció desde 5,6 en la ECV de 2008 a 6,5 en la de 2012 y continuó subiendo hasta 6,9 en la encuesta de 2015. El segundo indicador, se refiere a la distribución de los ingresos y su valor expresa la proporción acumulada de población entre 0 (equidad perfecta) y 100 (desigualdad perfecta): el coeficiente de Gini también aumentó entre las ECV de 2008 a 2012 (de 32,4 a 34,2) y prosiguió en la corriente de subida alcanzando el valor de 34,6 en la encuesta de 2015.

Por consiguiente, no sólo ha aumentado la proporción de población en riesgo de pobreza o exclusión social en España, sino también la desigualdad económica en su estructura social. Además, la evolución en ascenso de los porcentajes de hogares con carencias materiales relevantes entre las Encuestas de Condiciones de Vida de 2012 y 2015 nos advierte sobre la cronificación de la pobreza. Asimismo, el alza de la ratio S80/S20 y del coeficiente de Gini nos avisa de una mayor desigualdad que parece polarizarse entre las clases baja y alta, por un empobrecimiento significativo de la clase media, proceso que ha desclasado a parte de sus hogares hacia abajo, impulsados por la crisis económica y un mercado de trabajo que se dualiza y precariza en mayor grado por la reforma laboral promovida por el PP.

El paro de masas, de larga duración y el acusado declive de la cobertura pública del desempleo, destacan como los principales factores de crecimiento de la pobreza y desigualdad desde 2008 en España. En concreto, la tasa AROPE entre la población parada de 16 y más años creció diecinueve puntos entre las ECV de 2008 (42,1%) y 2015 (61%), mostrando una evolución inversa con respecto a la tasa de cobertura del desempleo que retrocedió otro tanto (-19 puntos: de 76,5% a 58,8%, desde junio de 2007 a 2014).

Pero una recuperación económica basada en el crecimiento del empleo precario, intermitente y con remuneraciones bajas, también contribuye, sin lugar a dudas, a acentuar y cronificar la pobreza, desigualdad y polarización socioeconómica en el Estado español, pues no solamente han aumentado las y los asalariados con retribuciones por debajo del umbral de riesgo de pobreza, sino que también se ha agrandado la brecha salarial entre los niveles bajos y altos de la estructura ocupacional. De hecho, la tasa AROPE entre la población ocupada de 16 y más años principalmente ha aumentado entre las ECV de 2012 y 2015: de 14,3% a 18,1% de personas ocupadas en riesgo de pobreza o exclusión social. Ciertamente, con la precarización del empleo promovida por la reforma laboral de 2012, el trabajo asalariado ha dejado de ser una condición suficiente para superar el umbral de riesgo de pobreza; por el contrario, aumentan las y los «trabajadores precarios y pobres».

En definitiva, después de la última crisis capitalista y con las políticas y medidas neoliberales implementadas, se difunde un escenario socioeconómico de más pobreza, desigualdad y polarización, entre las clases de abajo y las de arriba de la estructura social. Urge un cambio copernicano de las políticas y medidas públicas, concentrando las actuaciones de un Gobierno del cambio en reducir de manera significativa la pobreza severa y la desigualdad que se polariza, derogando la reforma laboral de 2012 y promoviendo con determinación el trabajo digno y estable, una renta mínima garantizada para todos los hogares con unos ingresos por debajo del umbral de riesgo de pobreza y, simultáneamente, impulsando un parque público de viviendas de alquiler social.