Traducción de Christine Lewis Carroll y Beatriz Martínez

En 2020, la Unión Europea habrá invertido más de 3000 millones de euros en el Programa Europeo de Investigación sobre Seguridad, concebido para desarrollar "tecnologías y soluciones innovadoras que aborden la cuestión de las brechas de seguridad y lleven a una reducción del riesgo derivado de las amenazas a la seguridad".

En la práctica, como revela un nuevo informe publicado por el Transnational Institute, Statewatch, el Cento Delàs de Estudios para la Paz, CEIPAZ y NOVACT, hasta la fecha el programa ha estado dominado por grandes empresas e importantes institutos nacionales de investigación que parecen resueltos a instaurar una sociedad de la vigilancia en nombre de la seguridad pública.

Este es un panorama especialmente preocupante en una Europa en la que unos Gobiernos cada vez más intolerantes han aprovechado las situaciones de emergencia para asegurar que "los poderes temporales y excepcionales se integren en el derecho penal ordinario", según un informe de Amnistía Internacional publicado en enero de 2017.

Los proyectos de investigación han incluido estudios multimillonarios para desarrollar robots y drones para el control de las fronteras, tecnologías de reconocimiento biométrico, nuevos sistemas analíticos de pronóstico y extracción de datos para la policía, toda suerte de equipos con sensores remotos para detectar drogas, explosivos y personas o mercancías ocultas, y hasta maneras de transformar las instituciones públicas para que acepten mejor las "innovaciones" en materia de seguridad.

España: uno de los principales receptores de fondos para investigación en seguridad

España es uno de los principales receptores de fondos para investigación en seguridad: entre empresas, organismos estatales, institutos de investigación e instituciones educativas, el país ha recibido más de 166 millones de euros (el 9 %) de los 1800 millones desde 2007, según cifras oficiales de junio de 2017. El país solo está detrás de Alemania (224 millones), el Reino Unido (220 millones), Francia (209 millones) e Italia (192 millones).

La filial española de Atos ha sido una de las participantes más entusiastas del Programa de Investigación Europeo sobre Seguridad (PEIS), al obtener 14,6 millones de euros por su participación en 33 proyectos durante los últimos diez años. Entre el resto de participantes españoles encontramos también a Indra (12,3 millones de euros, 16 proyectos), ISDEFE (10,5 millones de euros, 16 proyectos) e incluso el Ministerio del Interior (6,9 millones de euros, 34 proyectos desde 2007).

De hecho, en lo que respecta a organismos públicos, el Ministerio del Interior español es el segundo mayor receptor de fondos del PEIS, superado solo por la Inspección General de la Policía de Fronteras de Rumanía. Uno de los proyectos en los que está participando actualmente este Ministerio se llama LAW-TRAIN, que persigue desarrollar una "plataforma de juegos de realidad combinada" para integrar en los interrogatorios policiales.

El proyecto ha sido muy criticado por el papel destacado que desempeñan en él organizaciones israelíes, incluido el Ministerio de Seguridad Pública, que según la Coordinación Europea de Comités y Asociaciones por Palestina (ECCP) es "responsable de violaciones graves de los derechos humanos, como el uso de la tortura". Según la ECCP, el Ministerio de Justicia portugués ya se retiró del proyecto "por su carácter controvertido".

Empresas e instituciones españolas también han desempeñado un papel clave en proyectos concebidos para fortalecer tecnológicamente las fronteras de Europa. Durante el Séptimo Programa Marco (FP7, 2007-2013), el proyecto PERSEUS recibió más de 28 millones de euros del PEIS para mejorar el sistema de vigilancia de Eurosur probando tecnologías capaces de "recopilar, procesar, fusionar y utilizar datos" de diferentes tipos de sensores. Indra, la Guardia Civil y las filiales españolas de Airbus y Boeing también participaron en este proyecto.

Pero no se trata solo de control de fronteras. El Ministerio del Interior y otros organismos y empresas participan en proyectos como VICTORIA (análisis automatizado de videovigilancia), DANTE (extracción de datos para detectar "contenido relacionado con el terrorismo" en internet), TARGET (entrenamiento en "realidad aumentada" para unidades de lucha contra el terrorismo, guardias fronterizas y "personal de primera intervención") y ASGARD ("macrodatos" para organismos policiales).

Las empresas e instituciones españolas están colaborando en estas iniciativas junto con participantes de toda la UE y otras regiones. Pero independientemente de adónde vaya a parar la financiación, esta se distribuye en función de una agenda muy influenciada por agencias estatales y algunas de las mayores compañías de seguridad y defensa de Europa.

Marcando las agendas

Muchas de las organizaciones que han recibido fondos del PEIS han formado o forman parte del Grupo Asesor de Protección y Seguridad (PASAG en inglés) de la Comisión Europea, que es el encargado de marcar la agenda y establecer los programas de trabajo de investigación en seguridad, y que ha sido objeto de una notable influencia por parte de grandes empresas y otros grupos de interés.

El PEIS se estableció en 2005 por recomendación de un "Grupo de Personalidades" en que participaban funcionarios de la UE y los Estados miembros, junto con representantes de compañías armamentísticas y tecnológicas. Estas "personalidades" esperaban subirse a la ola de la "seguridad interior" que había surgido en Israel y los Estados Unidos después de la Guerra Fría, y que más tarde se vio complementada por otras propuestas de grupos informales público-privados, la labor del PASAG y las presiones de la industria.

Un informe encargado en 2012 por la Comisión Europea lo exponía de manera clara y rotunda: "Una industria de la seguridad de la UE competitiva es una condición indispensable para toda política europea de seguridad viable y para el crecimiento económico en general".

Sin embargo, aunque la Comisión siempre se ha mostrado entusiasta con la aportación de las grandes empresas a la política de seguridad, parece que elementos como la democracia y la transparencia siempre han estado por debajo en la lista de prioridades.

Por ejemplo, el establecimiento de los sistemas nacionales de registro de nombres de los pasajeros (PNR) para el transporte aéreo contó con una ayuda de 50 millones de euros de fondos de la UE, años antes de que se adoptara la Directiva europea pertinente, en abril de 2016.

Perspectivas de futuro

Las nuevas tecnologías, sin duda, pueden contribuir de manera significativa a empoderar a las personas y democratizar las sociedades, pero cuando las investigaciones y las innovaciones que se financian con dinero público están impulsadas por corporaciones sedientas de beneficios, los procesos en marcha deben cuestionarse a fondo.

En este sentido, resulta un triste consuelo que aquello que quizá haya limitado más el avance de la amplia concepción de la seguridad interior de la UE haya sido la ineficiencia burocrática y el carácter poco práctico de los proyectos.

Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas Europeo determinó que la implantación nacional del Fondo para las Fronteras Exteriores (un presupuesto de la UE concebido para ayudar a los Estados miembros a desarrollar sistemas de control fronterizo entre 2007 y 2013, ahora sustituido por el Fondo de Seguridad Interior-Fronteras) había sido muy deficiente.

En los próximos dos años se debatirán las prioridades y el funcionamiento de los nuevos presupuestos de la Unión Europea correspondientes a la política y la investigación en materia de seguridad que han de regir a partir de 2020, lo cual brinda una magnífica oportunidad para priorizar los derechos humanos, la democracia, la transparencia y la igualdad.