Lucila Rodríguez-Alarcón
Directora de la Fundación porCausa

El viernes pasado el defensor del pueblo declaraba en el Congreso que estaba muy preocupado por la situación de los menores no acompañados en Melilla. Esto sucede una semana después de que el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas expresara también su preocupación por este tema, urgiera al gobierno llevar a cabo cambios de actuación y de legislación para asegurar que se protege el bienestar y los derechos de los menores extranjeros no acompañados y declarara su preocupación por la presencia de 100 menores extranjeros no acompañados viviendo solos en las calles de Melilla.

Llevamos unas semanas en las que las noticias que nos llegan desde Melilla respecto a la protección de los menores extranjeros no acompañados son muy alarmantes. No se trata de un problema nuevo. Hace ya dos años que se publicaba el informe más completo y detallado sobre la situación de estos menores en Melilla, elaborado por la asociación Harraga. En él ya se denunciaban las malas condiciones de los centros de acogida, que están absolutamente desbordados; allí los menores se sienten maltratados y esto les lleva a abandonarlos, lo que da como resultado que casi un centenar de ellos, casi todos niños y cada vez más pequeños, estén viviendo en la calle.

En estos dos años la atención mediática sobre este problema ha sido intermitente, pero nunca contundente. Es un tema que se cubre como si se tratara de una serie de noticias puntuales que no reflejan el problema sistémico latente y que, por ello, al final acaba muy relegado a informaciones de ámbito social o local.

Hace unas semanas, sin embargo, murió un chaval en el centro de acogida tras haber sido trasladado desde el hospital en el que había sufrido una amputación en su pierna izquierda. Soufian, que así se llamaba, perdió el pie intentando entrar de polizón en un barco que le traería a la Península. Las deshumanizadas declaraciones del consejero de Bienestar Social, el señor Ventura, que no quiso ni recibir a los padres del niño, se convirtieron en un escándalo a nivel nacional. Ante la presión mediática y social, el Gobierno de Melilla ha reaccionado castigando y persiguiendo a los chavales de la calle. En primer lugar, el alcalde pidió a la población que no les dieran ni mantas ni comida. Después la autoridad portuaria incorporó concertinas a las vallas del en el puerto para evitar que los chavales pasen. El viernes pasado detenían a 120 menores en una redada en la calle.

Nosotros, desde la Fundación porCausa, que trata las migraciones desde la investigación y el periodismo, hemos estado dos veces en Melilla en los últimos años, preocupados por la desprotección de estos niños y por las reiteradas respuestas que ante este tipo de denuncias dan las autoridades. Diariamente vamos recuperando todas las informaciones contrastadas sobre este tema y las difundimos con el fin de que trasciendan y lleguen a las mayores audiencias posibles.

En este marco el pasado viernes fui entrevistada en Radio Nacional de España R5, dentro del programa informativo Entreparentesis. En la entrevista dije lo mismo que he dicho en este artículo: que los chavales son, por encima de cualquier otra condición, menores de edad, y por lo tanto las instituciones están obligadas a protegerlos y deben velar por que se respeten sus derechos y cuidarlos cuando entran a formar parte del sistema que dichas administraciones tutelan. Hablé de caso de Soufian y expresé que había muerto desatendido y solo. Según las declaraciones del portavoz de la Ciudad Autónoma recogidas por los medios de comunicación, Soufian, que tenía una capacidad de movimiento limitada por faltarle el pie por cuya amputación estaba convaleciente, estuvo solo desde las 8:30 horas hasta que hallaron su cuerpo, a las 13 horas.

Ayer me sorprendía la respuesta en bloque del Gobierno de Melilla. En esta respuesta dada a través de Onda Cero Melilla por la viceconsejera de Acción Social del Gobierno del PP, Paqui Conde Ramírez, me acusan de mentir al hablar de la situación de Soufian, y me advierten de que tendré que responder por mis falsas acusaciones. También reiteran que las acciones de presión sobre los niños de la calle son necesarias. Las declaraciones oficiales han sido ampliadas en Twitter por parte del señor Imbroda, que me llama "calumniadora".

Estimo que esta respuesta oficial es inaceptable. Entiendo que lo que podía haber levantando el equipo de Gobierno de la ciudad es un debate sobre lo que ellos consideran "estar atendido". Desconozco cuál es el protocolo en un caso como el de Soufian, pero dejar solo a un chaval en sus condiciones, sin pasar a verle durante cuatro horas y media, me parece sin duda dejarlo desatendido. Y me aventuro a decir, dadas las recientes declaraciones de la ONU y del Defensor del Pueblo, que mi concepto de atención es compartido por más personas e instituciones relevantes que el suyo. Pero acepto el debate que, llegado este punto, es por lo visto indispensable, y entiendo que tendremos que encontrar una definición común de lo que se entiende por atender a un menor extranjero que está solo en nuestro país.

Por otro lado opino que la reacción es desproporcionada. Como ciudadana y como responsable de la organización que dirijo tengo el derecho de cuestionar la gestión de Gobierno, sobre todo cuando hay indicios tan claros de que esta puede ser deficiente. Resulta abrumador recibir mensajes exigiendo que responda por mis mentiras por parte de varias autoridades públicas y del partido en el Gobierno de la ciudad. Y resulta muy decepcionante y preocupante que en los mensajes de respuesta solo haya descalificaciones, pero ningún dato que permita asegurar que el menor estuvo adecuadamente atendido.