Opinión · Dominio público

#FAKEYOU y desinformación: de la manipulación informativa al recorte de libertad de expresión

El 25 de febrero de 2019 en la Oficina del Parlamento Europeo de Barcelona se llevaba a cabo una conferencia al más alto nivel. Hablaba el vicepresidente del Parlamento europeo y responsable de Política de información, prensa y relaciones con los ciudadanos, además de expresidente de la Comunidad de Murcia y eurodiputado del Partido Popular, el Ilustre Sr. Ramón Luís Valcárcel. Título de la conferencia: “Desinformación y elecciones europeas”.

Pudimos presenciar, en vivo y en directo, cómo un representante de uno de los partidos con una de las producciones más relevantes de fake news (desinformación) de nuestro país, tras una exposición cargada de bonhomía paternal en la que se mezclaban con soltura fábulas urbanas sobre un hipotético y temible enemigo externo y lugares comunes pop sobre los males de la tecnología —ni el uno ni los otros acompañados de datos que lo corroborasen—, llegaba a una práctica y sencilla conclusión, algo así como: “Por vuestro bien, frente al nuevísimo peligro de la desinformación y las fake news, la solución es ‘regular’ la libertad de expresión; naturalmente de forma consensuada, faltaría mas”.

El punto de vista del sr. Valcárcel es el punto de vista que prima en este momento entre los legisladores. Efectivamente, el “fenómeno” de la desnformación está siendo utilizado como excusa para recortar libertades y derechos fundamentales.

Es un enfoque extremadamente peligroso que, hace más de un año, nos ha empujado a emprender la realización de un informe que publicamos, para encarar el problema de las ‘fake news’ y la desinformación sin poner en duda los valores de los derechos humanos y la democracia.

La desinformación no es un fenómeno nuevo. Ni lo es que los históricos monopolios de la manipulación informativa lo utilicen como excusa para promover doctrinas normativas que recortan la libertad de expresión y de información y criminalizan el uso de tecnologías como internet.

Nuestro informe aspira a ser una herramienta de defensa contra el recorte de nuestras libertades fundamentales y, al mismo tiempo, un arma contra las nuevas formas de manipulación, mentira y falsificación.

Hemos querido recopilar investigaciones y proporcionar datos que desmontan los mitos sobre los que cabalga esta nueva ola de legislaciones liberticidas. Frente a ello, proponemos recomendaciones normativas que atajen el problema de raíz, es decir que ataquen ahí donde se forja el discurso mediático hegemónico y la propaganda.

En el fondo, en su aplastante banalidad, el enfoque que representa el Sr. Valcárcel funciona: partidos y gobiernos, auténticos conocedores de la verdad, deben proteger a los ciudadanos de sí mismos —en el fondo son como niños que hacen mal uso de su libertad de expresión— y de sus enemigos —que hoy son “los rusos”, mañana ya veremos.

Sin embargo, con los datos en la mano, la situación se presenta justamente como la opuesta: desde el origen de los tiempos, los grandes productores y viralizadores de ‘fake news’ y desinformación han sido los gobiernos, los partidos políticos, los mass media y las corporaciones de gran alcance; o sus equivalentes para cada época histórica. Por una razón muy simple. No es por bondad o excelencia moral que los ciudadanos de a pie no tengamos impacto en cuanto a la creación de bulos. Es que para ello, para tener un alcance real, masivo, se necesitan medios, y “la gente” no los tiene.

Por otro lado, en ausencia de medios, la libertad de expresión y de acceso a la información se ha demostrado como el único instrumento viable para destapar las mentiras —sistémicas y sistemáticas— de esos mencionados grandes productores.

Por todo ello, si queremos menos desinformación necesitamos más y mejor democracia, y menos tecnofobia y criminalización de las libertades; más rendición de cuentas y verificación y menos impunidad, paternalismo desinformado y monopolio de los medios y recursos informativos. En definitiva, necesitamos ‘demo-cracia’ es decir, vigilancia ciudadana sobre lo que dice y hace el poder.

Debemos ahondar en la defensa de internet y modificar el actual monopolio informativo, tendiendo hacia otro modelo que se base en una redignificación de la profesión periodística y un control ciudadano democrático, distribuido y abierto de las instituciones, en este caso de la “producción” de información.

Si queremos preservar las libertades básicas, no debemos entrar en el análisis de los contenidos ni pretender definir lo que es verdad y lo que es mentira.

Nuestra estrategia es la de follow the money: poniendo el foco en el lucro, se penalizarán los pagos y cobros por la emisión y viralización de información sin las debidas garantías de veracidad.

Las ‘fake news’ hacen daño no en comparación con otras informaciones más o menos ciertas, sino cuando tienen un impacto masivo. Esto ocurre cuando existe una inversión y por consecuencia cuando se generan beneficios.

A la luz de lo que hemos estado analizando, proponemos claramente una dirección a seguir:

En primer lugar, se trata de crear un marco normativo que desmantele el negocio de la desinformación, para así acabar con la impunidad de los grandes fabricantes y viralizadores de ‘fake news’ y desinformación (gobiernos, partidos políticos, mass media y corporaciones).

En segundo lugar, o mejor dicho, al mismo tiempo, siendo que internet permite el acceso distribuido a las herramientas, debemos perseguir la higiene del ecosistema informativo a través de la transparencia y la verificación abierta y distribuida que ya se practica en el ámbito científico y en múltiple comunidades ‘online’.

Toda iniciativa que implique delegar en unos pocos la confrontación del fenómeno de las noticias falsas, ya sea mediante un ente gubernamental o una empresa, conlleva un riesgo muy real de recorte de derechos fundamentales, sobre todo en el contexto actual europeo de regresión democrática.