Opinion · Dominio público

Un Gobierno de corta y pega

Lo hemos venido denunciado desde estas páginas: los ciudadanos han votado hacia el progreso y sin embargo el sistema político parece bloqueado y hace tender la política hacía lo moderado y conservador. El rechazo de un gobierno de coalición de PSOE y Podemos es un ejemplo de lo que decimos. Ahora el partido socialista pretende, con el amparo de algunos movimientos sociales, condicionar a Podemos para que éste le dé un cheque en blanco y que acepte pacíficamente su exclusión del gobierno. El veto a Podemos por el PSOE y por el IBEX es también el veto a muchas de las demandas sociales que vindicamos desde las asociaciones cívicas y movimientos sociales.

La vindicación del laicismo y la instauración de un Estado laico y lo que esto significa (la denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede, la religión fuera de la escuela, la no financiación pública de las iglesias  y en definitiva la ruptura con el confesionalismo  finisecular español) es algo que , desgraciadamente, ni siquiera Podemos ha planteado en su programa electoral y mucho menos el PSOE que ha entrado en una entente cordial con el clericalismo de la iglesia católica incumpliendo, en los  once meses del gobierno, los compromisos que había adquirido con las asociaciones y plataformas laicistas como ha sido, por ejemplo, la publicación de la lista de inmatriculaciones con la iglesia católica o la denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede ,algo que expresamente ya ha abandonado. Incluso en la reforma educativa, que dice estar diseñando, ni siquiera ha concretado sacar la religión fuera de la escuela y mucho menos poner las bases de un sistema público educativo que no esté comprometido con los centros concertados, verdadera lacra para el sistema público y amplificador principal del segregacionismo social en nuestro país, como bien se ha destacado en los últimos informes de la OCDE.

El PSOE suele utilizar las vindicaciones de los movimientos sociales para hacer propaganda electoral y después olvidar éstas en su acción de gobierno. Recientemente, en unas desafortunadas y arrogantes declaraciones, la Vicepresidenta ha declarado que el movimiento feminista “es cosa del PSOE”, intentando pratrimonializar dicho movimiento social, cuando eso no se corresponde, ni mucho menos, a la realidad. ¿O debemos recordar al PSOE que mantuvo la penalización del aborto o una ley de divorcio vergonzosa, por décadas, solamente para contentar a la Iglesia católica? En una de las pocas páginas brillantes del parlamentarismo español, el que fuera destacado socialista y secretario general de la UGT, Nicolás Redondo, junto a   otro diputado socialista, Ángel Saracibar, abandonaron sus escaños, en 1987, en protesta a unos presupuestos generales del Estado antisociales con graves recortes en pensiones y salarios.  Fue  entonces Marcelino Camacho, el dirigente de CCOO, quien saludó esta renuncia parlamentaria ya que manifestó que los líderes de los sindicatos o de los movimientos sociales deberían conservar su independencia por encima del gobierno o de su propio partido.

Pero últimamente ya no existe siquiera promesas para no cumplirse. Prima la moderación, la vaguedad y el conservadurismo en las propuestas. El programa que presentó Pedro Sánchez para la formación de un gobierno y   que pretendía suscitar el apoyo parlamentario de Podemos y de otros grupos ha sido calificado, por Pablo Iglesias, como un programa de corta y pega y efectivamente, aunque parece contener elementos declarativos atractivos, peca de una gran moderación y  no existen muchos compromisos precisos y  ni siquiera las escasas promesas electorales que hizo el partido socialista en el periodo electoral aparecen recogidas. Por ejemplo, en el ámbito económico, el PSOE parece más un partido liberal que uno socialdemócrata. Lo que sí existe son propuestas de bienestar o asistencia social pero no de gran calado y todo se supedita a un objetivo genérico de crecimiento del empleo. Aunque se proclame un nuevo estado de bienestar éste se sigue haciendo con los mimbres del actual e inyectado financiación presupuestaria al déficit de la seguridad social que se sustentaría sobre una más que tímida propuesta de reforma fiscal. Las propuestas que se realizan, por ejemplo, en relación a las rentas mínimas, son no solamente timoratas sino también evasivas en cuanto a su implantación; tampoco existe ningún plan concreto para acabar con la pobreza en España ya que no se plantea, con rigor, medidas que hagan efecto en la distribución diferente entre rentas. Cuando se plantea la restitución del gasto público social, referido a los principales servicios públicos, no se aborda la amenaza y la realidad de la privatización de los mismos y ni siquiera se plantea la derogación de la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, algo muy vinculado a la restitución del gasto público social.

Quizás la declaración más progresista de todo el discurso se refirió a la enseñanza ya que se habló de la derogación de la LOMCE y poner en el centro del sistema educativo español a la educación pública, además que se esbozó la necesidad de una reforma de la formación profesional y extender la gratuidad hasta los primeros años de los grados universitarios al tiempo que se programa el objetivo del alcanzar el 5% de gasto del PIB en educación para el año 2025. Si estos son los elementos declarativos progresistas, después existe poca definición para implementar la reforma educativa en España. Por ejemplo, ni se menciona a la enseñanza concertada y el papel que ésta juega en la segregación social o sobre la privatización de la universidad. La enseñanza en nuestro país ha dejado de ser un factor que jugaba a favor de la igualdad social y de la emancipación personal, como incluso significó en los últimos años del desarrollismo en el franquismo, para convertirse en un factor de ampliación de la desigualdad social. Por eso la derecha española esta  cada año más comprometida con la escuela concertada en base a la ideología de la libertad de educación y la elección de las familias algo que también comparte la derecha nacionalista y el partido que se autotitula liberal de Ciudadanos, sin entender que muchos de los partidos liberales en Europa defienden una escuela única, pública y laica desde hace muchas décadas. Desde esta situación un gobierno progresista debe ser más ambicioso en cuanto la enseñanza con medidas claras y concretas de defensa de la educación pública.

En el ámbito de la democracia, el programa, prácticamente, no plantea impulso legislativo alguno. No se anuncian iniciativas de medidas contra la corrupción sistémica que existe en nuestro país o  medidas que impulsen o tiendan hacia un cambio en el sistema político, como impulso de una nueva ley electoral que garanticen la representatividad y la separación de poderes, por no hablar de la  ausencia total de medidas que impulsen el dialogo que canalicen los deseos de autodeterminación de los pueblos en Cataluña y en el País Vasco. Uno de los déficits más importantes, en este terreno, es  el laicismo, una asignatura pendiente que parece imposible de abordar en España. El discurso del Presidente estuvo más enfocado a lograr la aceptación de la derecha que la aquiescencia de la izquierda.

Se requiere otro programa y un gobierno progresista de verdad no un gobierno de corta y pega. En todo este viacrucis nos han sorprendido que, tanto el PSOE como Podemos, hayan defendido las necesidad de garantizar la discreción y el secreto en las negociaciones y recientemente ha insistido en este asunto hasta el parlamentario de Podemos   Gerardo Pisarello. No hemos estado en las plazas para esto: entonces exigíamos transparencia y ahora se reclama discreción y secreto. El secretismo es el fracaso del parlamentarismo y por eso lo rechazamos .El jefe del gabinete del Presidente, extraño personaje para ser el jefe de gabinete de un presidente que quiera encabezar un  gobierno progresista, fue también  el jefe de la campaña electoral mas xenófoba que se conozca en nuestro país que utilizando el odio y la xenofobia logró alcanzar la alcaldía   para un político del partido popular. Ahora se trata de utilizar ardides para alcanzar un gobierno de corta y pega, desprovisto de un verdadero espíritu reformista. Para los movimientos sociales, gobierne quien gobierne, lo esencial es el compromiso por la solución de las necesidades sociales y en nuestro caso, el compromiso con el laicismo como principio indisociable de la democracia, principio que parece estar  ausente en estas discretas negociaciones  para la formación de un gobierno de corta y pega.