La pasada legislatura presidí la Comisión de Estudio del Endeudamiento de la Asamblea de Madrid. Durante cuatro años comparecieron políticos y técnicos responsables de la gestión del PP durante casi dos décadas. Entre ellos varios de los imputados ahora por el juez García Castellón como los exconsejeros Lamela y Güemes.

Esperanza Aguirre entró en 2003 en la Comunidad de Madrid con 9.000 millones de euros de deuda y doce años después la había multiplicado por cuatro (Cristina Cifuentes añadió 5.000 más para dejarla en 33.000 millones de euros). A pesar de tantos miles de millones los indicadores de calidad educativa, de camas hospitalarias por habitante o del  transporte han caído en picado ¿dónde había ido tanto dinero? De ahí partió la Comisión.

La primera dificultad fue saber por dónde empezar. La intuición era que estábamos ante un "todo", a una forma de gobernar donde el dinero se iba en grandes obras, pero no se mejoraban los servicios. Más obras pero peor calidad de vida. Una extraña paradoja que se notaba en todas partes.

Decidimos centrar los esfuerzos en cuatro temas: el Canal de Isabel II (que terminó siendo el caso Lezo), los siete nuevos hospitales (que ahora son Púnica), la autovía M45 y el Metro Ligero. En total gastos de más de 10.000 millones de euros. En todos se repetía el mismo patrón: no había ningún estudio de planificación que los justificase, había sobrecostes, siempre a las mismas empresas y un sistema de pago que multiplicaba entre tres y cinco veces su valor real. Los siete hospitales que ahora son investigados costaron 660 millones pero se acabarán pagando 2.500 millones. El exconsejero Lamela reconoció en la Comisión que el único estudio técnico para hacer esta inversión fue el programa electoral del PP en 2003. No hubo estudios sobre donde eran más necesarios, se ubicaron básicamente donde el PP perdía las elecciones y había más votos en juego (nunca en las zonas rurales).

La sensación de que estábamos ante un "todo" se confirmó. La dinámica del trabajo era como una web; un caso te llevaba a otro que tenía más enlaces que abrir y nunca se terminaba. Cada caso estaba relacionado con el anterior a través de una empresa, una fundación o un cargo que pasaba de una responsabilidad a otra. Era imposible que quien gobernaba el "todo" no supiera lo que pasaba. Era imposible que se le escapara el gasto de 10.000 millones que la Comisión estaba investigando. Imposible.

Los comparecientes y los parlamentarios del PP de la propia Comisión mantuvieron casi siempre actitudes entre el desafío y la soberbia. Hacían gala de una cierta impunidad. En las sesiones (son públicas y están grabadas) el PP justificó lo injustificable; pero fuera los comentarios eran distintos. Un miembro del gobierno de Cifuentes nos comentó salir de una sesión en la que había comparecido que el Canal de Isabel II "era la cueva de Alí Babá". Tras una sesión sobre la M45 en la que se demostró que había sobrecostes, el diputado que lo negó dentro, al salir me dijo "si tenéis razón, si yo te contara...". Ambos tienen hoy cargos de responsabilidad en el gobierno de la sra. Ayuso.

Más allá de cada caso particular detectamos dos problemas generales. El primero el círculo vicioso que se ha instalado en la región. Los beneficiados siempre son las mismas empresas constructoras que están en todos los sumarios judiciales. Se les asignan proyectos innecesarios y sobredimensionados y devuelven el favor en comisiones que ayudan a ganar las elecciones y tener sobresueldos en B. Mantener el poder es el fin, porque de perderlo no podría soportar la mínima investigación por más papeles que destruyera. No es cuestión política, sino de supervivencia.

El segundo es la ineficiencia en el gasto. Para que alguien reciba su 1% hay que gastar el otro 99%; por ejemplo, en un Metro Ligero (2.500 millones) que nadie usa porque no era necesario. La deuda se ha multiplicado para nada. Cada madrileñ@ que nace además de deber 5.000 € tendrá que soportar lista de espera para el médico o pagar por la escuela infantil a la que irá (si encuentra plaza).

Durante cuatro años lo tuve delante sesión tras sesión, con cada compareciente. Estaba claro, era nítido. Fui el ponente del dictamen, escribí el texto que fue después al Pleno de la Asamblea y a la Fiscalía Anticorrupción. No fue fácil sacarlo adelante y sólo pudo ser cuando aceptamos la sordina que le puso Ciudadanos. Aun así es claro y contundente. La imputación de Aguirre y Cifuentes no me sorprendió, fue más bien un "ya era hora".

La cuestión de fondo en Púnica, Lezo o cualquier caso de corrupción de la Comunidad de Madrid no está en lo moral, sino lo político. No son manzanas podridas en el cesto, es la forma que tiene el cesto. Y este cesto es el que el PP del señor Casado quiere que sea ejemplo y punto de partida para reconstruir su partido y aplicar al país. El problema no es el 1% que pervierte las elecciones. El problema es que no hay proyecto para el otro 99%.  El nuevo gobierno de Madrid ya piensa en un gran túnel o una radial, lo mismo que hizo Aguirre.

Si en algún momento España ha necesitado un gobierno progresista es ahora. No es conveniente, es estrictamente necesario. No se pueden hacer cálculos sobre la aritmética parlamentaria, hay que hacer cuentas sobre el futuro del país y tener un gobierno antes del 23 de septiembre. Porque la alternativa es lo que vamos a ver en los próximos meses en los tribunales, lo que los medios nos van a contar sobre el saqueo en la Comunidad de Madrid, lo que he estado viendo durante cuatro años en la Comisión.