Dominio público

2007-2019: Mejor mirar al futuro

Matilde Eiroa

Profesora Titular de la Universidad Carlos III de Madrid

Una docena de años han transcurrido desde la denominada Ley de Memoria Histórica, aprobada en el marco de un contexto reivindicativo del movimiento asociativo memorial y en la necesidad de abordar una política hacia el pasado. Desde los inicios de este siglo, la actividad memorial en toda Europa ha estado muy presente en la sociedad a través de expresiones diversas como la inauguración de monumentos y el señalamiento de lugares, la fijación en el calendario de días conmemorativos o las disculpas públicas de las autoridades, asumiendo la responsabilidad como representantes del Estado. A veces se ha tratado de actos simbólicos y otras veces de medidas específicas que fomentaran el recuerdo a los acontecimientos más trágicos y vergonzosos del siglo XX. Cada época y lugar administran su pasado de forma diferente y recuperan de éste los aspectos que se consideran interesantes para la convivencia en el presente.

España es uno de los lugares donde ha habido una mayor actividad reivindicativa de creación, difusión y consumo de temas memoriales, fácilmente observable en las diversas actuaciones del movimiento asociativo y en su plasmación en los medios de comunicación y redes sociales. Las demandas que planteaban, vinculadas a los principios básicos de los derechos humanos, fueron trasladadas a los partidos políticos y órganos de poder, cuyo resultado fue la redacción de la ley puesta en marcha casi al final de la legislatura socialista de 2004-2008. Su articulado, sin embargo, no recogía gran parte de las propuestas de los diversos colectivos memoriales, para quienes era tímida, mientras que para sectores sociales afines a la derecha parlamentaria la ley era excesiva y no respondía a los temas de interés nacional. Organizaciones mundiales como Amnistía Internacional y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU la consideraron un precedente muy negativo en la lucha contra la impunidad y un ejemplo pésimo para países que están en proceso de elaborar sus propias políticas de memoria. Los informes del Equipo Nizkor confirmaron estas valoraciones.

Algunas de las materias que suscitaron una mayor reacción del movimiento asociativo se referían a la cuestión de las fosas comunes, la anulación de las sentencias de los consejos de guerra y de tribunales represivos, la responsabilidad del estado, la identificación de los verdugos responsables, la elaboración de un inventario de los bienes incautados, la apertura de los archivos a especialistas que faciliten la investigación sobre el periodo, y, en definitiva, la necesidad del derecho a la verdad, la justicia y la reparación, a modo de trilogía básica en el derecho supranacional.

El problema no había hecho más que comenzar, no sólo por la oleada de críticas nacionales e internacionales, sino, porque la legislatura de Rodríguez Zapatero llegaba a su final y con ella la paralización de la ley. Durante los gobiernos del Partido Popular liderado por Mariano Rajoy (22 de diciembre de 2011-7 de junio de 2018) no ha habido opción de debatir en torno a sus carencias, la aplicación de los artículos o el desarrollo de la norma y su adaptación a las demandas sociales. Simplemente ha pasado a ser una ley muerta, apagada deliberadamente con una dotación presupuestaria nula y el bloqueo a cualquier iniciativa que la retornara al debate parlamentario. El escollo fundamental, en consecuencia, no ha sido tanto el que fuera una ley timorata, sino que apenas se ha aplicado. Sólo con la renovación de los gobiernos autonómicos surgidos de las elecciones de 2015, algunas comunidades han ido tomando medidas con la aprobación de leyes específicas de memoria que están dando resultados positivos. Aunque de nuevo los retrocesos están asegurados en aquellas comunidades, como la andaluza, donde el gobierno tripartito de la derecha está gestionando el enterramiento de los logros alcanzados.

Visto desde ahora, en un marco de involución política e ideológica que resultaba impensable hace poco tiempo y, si se me permite la ironía, la Ley de Memoria de 2007 era casi revolucionaria. Su articulado genérico, pero partidario del fomento de los principios y valores democráticos, el reconocimiento a la reparación personal, la declaración de ilegitimidad de los tribunales franquistas, el establecimiento de una reparación económica, la creación del Centro Documental de la Memoria Histórica…, parecen grandes propuestas frente a la nada. Sería interesante aclarar los motivos por los cuales los gobiernos del PP consideraron excesivas estas medidas de trazo grueso, porque sobre las de trazo fino -como el reconocimiento y recuperación de los desaparecidos, los niños robados, la herencia del dictador, la identificación de los perpetradores de los crímenes, etc.- es mejor no preguntar. Tal vez vean reflejadas antiguas historias familiares o tal vez aprendieron el discurso del franquismo con respecto a las "hordas rojas" y lo perpetúan en la actualidad. Tal vez les queda mucho para asumir los principios básicos de los derechos humanos o incluso puede ser que no se hayan apercibido de que las leyes hay que cumplirlas, aunque no gusten.

Desde el verano de 2018 con el PSOE al frente del gobierno de la nación, se han retomado algunos asuntos, como la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, precedida de un calvario de impedimentos que finalmente se han podido solventar. Los temas pendientes, entre otros, una revisión de la Ley de 2007 -en línea de la ampliación, concreción y conversión en Ley de Memoria Democrática-, resulta fundamental para los próximos meses.