El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió con el independetismo catalán a reformar los delitos de rebelión y sedición, que suponen una excepcionalidad sonrojante en el marco legislativo, por cuanto a la desproporción de la pena en España y por la propia cualificación del delito, que en nuestro Código Penal no incluye la violencia y en las normativas de los países UE, sí: "Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales" (Art. 544 del Código Penal)

El incumplimiento de los compromisos nunca es una buena señal de los gobiernos, sobre todo, cuando no existe más razón que el deseo de evitarse más problemas con una oposición de (ultra)derecha echada al monte. Este año, Sánchez esquiva esa reforma de nuestro Código Penal, sobre cuya necesidad han advertido desde instancias internacionales como la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hasta grandes organizaciones vigilantes del cumplimiento de las libertades y los derechos humanos en el mundo, como Amnistía Internacional. El Gobierno argumenta que el último cuatrimestre del año debe centrarse en la recuperación socioeconómica del país tras el impacto de la pandemia y lo demás (la crisis política de Catalunya) tendrá que esperar; es complicado, no obstante, hablar de recuperación y estabilidad cuando en Catalunya, uno de los motores económicos de España, la sociedad se mantiene en una tensa calma únicamente por la expectativa de una negociación seria. Es difícil, además, que Sánchez consiga el apoyo a los presupuestos, por muy expansivos que sean, si el Govern empieza a ver un parón en los compromisos. Recuperación social y económica y cumplimiento con Catalunya no son incompatibles en absoluto. Veremos.

La reforma del Código Penal, es cierto, debería contar con el apoyo del PP. El principal partido de la oposición, sin embargo, no solo se ha puesto el "No a todo" por montera, sino que además, si tiene que recurrir a la inconstitucionalidad para bloquear acuerdos de Estado que requieren su participación, recurre. La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es la prueba más palpable de que el Partido Popular no hace oposición democrática, sino política de barricada para cargarse al Ejecutivo nos cueste lo que nos cueste en términos democráticos. Si la Comisión Europea no ha dado un toque de atención a la derecha ultra por bloquear estos cambios, como hizo con la pretendida reforma planteada por el Gobierno, debe de estar a punto de hacerlo, y no estaría de más que asociaciones y el propio CGPJ pidieran un pronunciamiento europeo al respecto.

"Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales". Como ven, el artículo 544 del Código Penal, que con tanto entusiasmo aplicó el Supremo a los líderes independentistas catalanes, encaja a la perfección con el comportamiento del PP: 88 diputados y diputadas del PP (podría sumarse al alzamiento el escuadrón de los 52 de Vox) están impidiendo con métodos "fuera de las vías legales", ergo, la Constitución Española, nada menos que "la aplicación de las Leyes", concretamente de esa norma primera pactada en la Transición.

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Obviamente, dudo mucho de que el Gobierno aplace la reforma del delito de sedición para materializar esta metáfora y denunciar al PP por ella, por mucha impotencia que genere su comportamiento antidemocrático y sus mil excusas balcuceantes (Pablo Iglesias, Unidas Podemos, los indultos, una reforma del sistema de elección del CGPJ inviable antes de su renovación,...) para no admitir su verdadera pretensión, que es mantener el control "desde atrás" y desde delante de las altas instancias judiciales para un lawfare de baja estofa. Lo que se llama una sedición de camorristas.