Dominio público

Villarejo y Sánchez Galán, ojo que todo se pega

La pataleta de Ignacio Sánchez Galán contra el Gobierno sería una comedia si no nos fuera la vida diaria en ella. El presidente de Iberdrola lleva semanas haciendo campaña contra el Ejecutivo por frenar los beneficios de las eléctricas mientras el precio de la luz sea un disparate (han marcado marzo de 2022 como fin del disparate). Sánchez Galán, que ha sido imputado por contratar al excomisario José Manuel Villarejo al menos en cinco ocasiones, en un claro ejercicio de prácticas rastreras, nunca ha leído la Constitución Española, ni falta que le hace. Con los más de 12 millones de euros que viene ganando al año como presidente de Iberdrola (mientras tú destinas un 8,4% de tu renta anual para la factura de la luz, el porcentaje más alto de la Unión Europea, según datos de Eurostat), Galán puede permitirse que la lean otros u otras por él y también puede permitirse ignorarla, como en este caso.

El presidente de Iberdrola, que se ha erigido como portavoz de un oligopolio eléctrico mimado por los gobiernos de PSOE y PP a cambio de puertas giratorias  -tragicómico el fichaje de Antonio Miguel Carmona en un intento de golpear la imagen del PSOE-, cargaba este martes contra el Ejecutivo por su "intervencionismo terrorífico" con las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros para intentar bajar el precio de la luz. No contento con eso, y con las mismas maneras con las que presuntamente debió de contratar cinco veces a Villarejo, el capo de las cloacas, amenazaba al Gobierno con frenar las inversiones de la compañía para facilitar la descarbonización en España si no le garantizaban una regulación "estable y predecible", esto es, la que Iberdrola quiere para seguir forrándose a costa de un recurso de primera necesidad que los patrones de la energía son capaces de robar a la gente para sus intereses lucrativos.

La actitud de Sánchez Galán contra el Ejecutivo no hace más que reforzar la idea, en primer lugar, de que no existe en el oligopolio eléctrico "ninguna empatía social", como le reprochaba la ministra Ribera en una de sus comparacencias más asfixiantes tratando de explicar la subida del recibo eléctrico. En segundo lugar, el matonismo del presidente de Iberdrola viene a confirmarnos que si estos señores milmillonarios, que tienen la vida de varias de sus generaciones resuelta y que se manejan en la empresa como si la ley no fuera con ellos, son chantajistas hasta la inmoralidad es porque quienes nos han gobernado hasta ahora se lo han permitido desde 1988, con un jefe del Ejecutivo Felipe González tan socialista hoy como Carmona.

Sánchez Galán -y un presidente de la CEOE haciéndole los coros por la ley de vivienda que atenta "contra la propiedad privada"- acusa a Sánchez de intervencionista aprovechando la hiperventilación de Vox y del PP contra el Ejecutivo socialcomunista, etarra, bolivariano y comeniños. El problema es que la (ultra)derecha y el imputado Galán carecen, primero, de la más mínima credibilidad para hablar de intervencionismo con su cerrazón a favor del oligopolio energético y, segundo, de la más básica cobertura legal para defender semejante argumento, más propio de un tebeo del miedo rojo parido en los EE.UU. de la guerra de Vietnam que de un empresario que cotiza en el Ibex. Obviamente, que Iberdrola carezca de la más mínima base legal para amparar su razonamiento sobre el Gobierno intervencionista no significa que esta administración de Justicia nuestra, siempre exquisita con(tra) la justicia social cuando hay bancos o cotizadas por el medio, no acabe danto la razón al millonario investigado.


Pese a que siempre he sido partidaria de modificar la Constitución Española del 78 en asuntos que me parecen impresentables, como la sucesión de la Corona, el trato de favor a la Iglesia católica o la aparición del término "disminuidos", que PP y Vox se empeñan en mantener, entre otros, creo que muchas veces bastaría con que la Carta Magna se cumpliera, al menos, en la parte que garantiza esa justicia social en la que no cree Sánchez Galán. Sería suficiente, por ejemplo, con que el presidente de Iberdrola -y todos los gobiernos que tanto lo han mimado a él y a los de su esfera- cumpliera los artículos 45 y 46, y ya de paso, que Antonio Garamendi se leyera los artículos 47 y 33. Por este orden.