Dominio público

Algo habrán hecho

Varias personas alzan sus manos en una manifestación contra las leyes represivas, a 16 de octubre de 2021, en Madrid. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

"Existen contradicciones en lo manifestado por los agentes. La labor de un juez no es encajar un relato para justificar una sentencia. Su labor es juzgar unos hechos, más allá de la idea preconcebida de que si estaban allí, algo habrán hecho". Francho Aijón es el padre de uno de los seis jóvenes antifascistas condenados recientemente por unos altercados sucedidos en un acto de VOX en Zaragoza en enero de 2019. Acompañado de Pilar Vázquez, madre de otro de los condenados, hablaron el pasado mes de abril en las Cortes de Aragón representando a la Plataforma de Madres y Padres por la Absolución de los seis de Zaragoza. No hay pruebas que impliquen a sus hijos en los incidentes. Tan solo la palabra de los policías. Esta semana, acaban de recibir un año más de cárcel por parte del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Siete años de prisión. Siete. Sin más pruebas que la palabra de la policía. "Si estamos aquí no es por el convencimiento emocional", sino porque "no hay pruebas y la única vara de medir que recoge el juez son los atestados policiales y la veracidad que se les presume", recordaba Aijón.

 

El caso de los seis antifascistas de Zaragoza ha pasado bastante desapercibido. A pesar de las altas penas impuestas y de las irregularidades manifiestas durante el juicio. Pero los chavales no han estado solos. Una gran campaña de solidaridad los ha acompañado desde el principio, y han contado con el apoyo de doce eurodiputados y de más de 400 personas del mundo de la cultura, anónimas, y colectivos de todo el Estado que se han indignado por este caso.

Esta misma semana, el fotoperiodista de El País, Albert Garcia, era juzgado en Barcelona acusado de atentado contra la autoridad por, según varios agentes, empujar y golpear a dos policías mientras cubría las protestas por la sentencia del procés. El Fiscal retiró la petición de año y medio de cárcel que le solicitaba inicialmente, pero propuso una sanción de 4.800€ al considerar que hubo resistencia a la autoridad y que causó lesiones a los agentes. Garcia, por su parte, defendió su inocencia y acusó a varios policías de incurrir en falso testimonio. Numerosas asociaciones de prensa y periodistas a título individual se solidarizaron con su compañero y manifestaron su preocupación ante estos hechos.

Recientemente conocíamos la sentencia que condenaba también al diputado de Podemos Alberto Rodríguez, a un mes y quince días de prisión por otra presunta agresión a un agente de policía durante una manifestación en Tenerife contra las políticas del ex ministro de educación, José Ignacio Wert en 2014. La única prueba fue la declaración de la policía. Ninguno de los documentos gráficos aportados a la causa muestra dicha agresión. El analista de redes y responsable de la web Pandemia Digital, Julián Macías, elaboró un hilo en Twitter con imágenes de los hechos de aquel día, las declaraciones de las partes durante el juicio y el tratamiento mediático del caso. De nuevo, la palabra de la policía fue lo único que sirvió al juez para dictar sentencia.

Hace justo un año, la diputada de Podemos, Isa Serra, fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a 19 meses de prisión e inhabilitación de cargo público por un delito de atentado a la autoridad, un delito leve de lesiones y otro de daños. Los hechos se remontan a una protesta contra el desahucio a una persona discapacitada en el barrio de Lavapiés en enero de 2014. La defensa aportó más de 100 videos para acreditar la actitud pacífica de la diputada. Fueron rechazados por el Tribunal, considerando que no aportaban nada, y solo tuvo en consideración la palabra de tres agentes de la Policía Nacional que la acusan de los hechos por los que fue condenada.  Un proceso plagado de contradicciones entre los declarantes y en el que la acusada siempre negó los hechos que se le atribuían.

 

Un agente de la Policía Nacional me filtró el pasado año capturas de varios chats policiales donde se compartían bromas macabras y fotomontajes sobre manifestantes heridos durante manifestaciones, incluso de aquellos que habían perdido un ojo por disparos de balas de goma. Como en otras ocasiones, cuando otros agentes o militares me han hecho llegar informaciones similares, me pidieron la máxima discreción. Tienen miedo, pero querían que se supiera. Lo mismo pasó en un foro policial en Facebook plagado de insultos machistas y racistas contra miembros de Podemos, feministas o antifascistas, que nunca fueron advertidos ni borrados por el administrador. Cuando publicamos la información en La Marea, varios usuarios salieron a la defensiva advirtiendo a 'los chivatos' en el mismo foro. Ni una sola autocrítica. Lo mismo cuando retratamos a varios agentes almorzando en un bar fascista de Madrid bajo banderas de Falange y retratos de Franco y Primo de Rivera. Que ellos desayunan donde les da la gana, dicen.

La desconfianza de una parte de la ciudadanía con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es evidente. Digo una parte, quizás pequeña, puede ser, porque la mayoría de la ciudadanía todavía cree que todo lo que dice la policía es cierto y todo lo que hace está justificado. Sin embargo, nuestra labor como periodistas es cuestionarlo todo. Sobre todo, al poder. Cuestionar si determinadas actuaciones policiales están justificadas, como el cabezazo a un joven detenido y esposado en una protesta por la sanidad pública en Vallecas, por ejemplo. El juez, por su parte, no lo consideró así, y archivó la denuncia de varios jóvenes contra la policía por este y otros comportamientos denunciados durante la actuación policial que terminó con varios heridos y seis detenidos, y de las que hay abundantes imágenes.

Esto sucede porque en muchos casos los periodistas no hacemos nuestro trabajo y compramos la versión oficial sin rechistar. O por miedo a perder alguna simpatía del policía de turno que a menudo nos proporciona información en exclusiva para publicar y colgarnos una medalla de exclusiva. Como las filtraciones de los antecedentes policiales o informaciones que solo la policía conoce, de los detenidos en las cargas policiales contra antifascistas durante el mitin de Vox en Vallecas, por ejemplo. A veces, también sucede porque todos participan. Porque el periodista quiere creer lo que le cuentan, y le encaja en su relato criminalizador y estigmatizador habitual de estos grupos, ya sean movimientos sociales o diputados de izquierdas.

Pero quien corona estos casos son los jueces y los fiscales. La veracidad que tiene la palabra de un agente ante un tipejo con rastas, una feminista podemita o seis guarros antifascistas es obvia. Y ellos se encargan de sentenciar La Verdad. Y en estos casos, no es que haya una gran cantidad de pruebas que avalen la versión policial. Es que solo cuentan con su palabra, y desestiman las numerosas pruebas que la contradicen. Será cuestión de fe.

Lo preocupante es que quien gobierna prefiera dejar las cosas como están y no meterse en estos asuntos. Ni siquiera cumplir sus promesas de derogar la Ley Mordaza, que ha servido para multiplicar estos casos. Más vale tener a policías y militares tranquilos que meter mano y causar todavía más desafección contra el Gobierno dentro de estos cuerpos. El militar al que entrevisté para La Marea denunciando varias irregularidades en las FFAA y la existencia de una célula neonazi dentro del Ejército ya me lo advirtió: hay un pacto desde la Transición de que ni ejército ni policía se tocan. Tuvo que salir en la entrevista encapuchado por miedo a represalias. Si esto no es un síntoma de que algo no va bien, los gobernantes callan y los medios pasan de puntillas o se unen al relato oficial, lo que venga en un futuro no será inesperado. Al menos, no podrán decir que algunos no lo veíamos venir.