Dominio público

El altavoz y los lamebotas

Miquel Ramos

La coportavoz de Podemos, Isa Serra (2i) y el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique (d) junto a familiares de los seis de Zaragoza, en las jornadas informativas sobre ‘Los 6 de Zaragoza’, en la sala Clara Campoamor del Congreso de los Diputados, a 15 de diciembre de 2021, en Madrid (España).- Eduardo Parra / Europa Press

"El Congreso ofrecerá esta tarde una estampa anómala", anunciaba el periódico ABC el pasado 15 de diciembre. Y así fue. No es habitual que en el edificio que representa la soberanía popular se escuchen historias que los grandes medios tratan constantemente de silenciar o retorcer. Temían que la historia de los seis de Zaragoza trascendiese, y que, además, sirviese para recordar otros casos recientes en los que tan solo con la palabra de la policía, se condenaba a alguien.

Javitxu, un joven de poco más de veinte años fue el primero en hablar. Arropado por su madre y su padre en la mesa, y ante varios diputados de todos partidos de izquierdas con representación institucional, activistas por los derechos humanos y periodistas, explicó su caso: él y otros cinco jóvenes fueron detenidos en un bar horas después de una manifestación contra Vox en Zaragoza que terminó en disturbios. La tranquilidad de saberse inocente, y confiar en que las pruebas demostrarían que él no participó de los disturbios, hicieron que confiase en la justicia. En el juicio, efectivamente, no se pudo demostrar su participación ni la de ninguno de los demás encausados en los hechos. Tan solo existía como prueba la palabra de la policía. Pero para el juez fue suficiente. Seis años de prisión. El recurso al Tribunal Superior de Justicia de Aragón no fue mejor, y subiría un año la pena. Los cinco jóvenes han sido condenados a siete años de cárcel por la palabra de la policía como única prueba y la veracidad que le ha otorgado el juez Carlos Lasala.

Ya lo expliqué en otro articulo en este mismo periódico semanas atrás, donde repasaba varios casos similares tras la condena a Alberto Rodríguez, el diputado de Podemos a quien la policía acusó de dar una patada a un agente, sin nada más que su palabra como prueba. Y en el acto del pasado día 15, nos encontramos también con el testimonio de la diputada de EH-Bildu, Bel Pozueta, madre de uno de los jóvenes de Altsasu, el de Isa Serra, diputada de Podemos, o Vicky Rosell, la jueza y también diputada víctima de otro montaje que terminó, este sí, desmontado tras años de suplicio. Quizás lo novedoso de estos últimos años es que estos montajes ya no son solo contra activistas anónimos, sino que ya alcanzan a miembros del propio gobierno que resultan incómodos para el poder. Porque el poder no es igual al Gobierno, que no se nos olvide. Este permanece intacto e inmune gobierne quien gobierne. Eso sí, ni se les ocurra despeinarles un pelo con sus políticas, o ya saben a lo que se enfrentan. El lawfare en todo su esplendor.

Que el pasado miércoles 15 de diciembre, en la sala Clara Campoamor del Congreso de los Diputados se escucharan todas estas voces dolió mucho a la derecha y a sus cloacas mediáticas y policiales. No soportan que hablemos abiertamente de esto, porque están acostumbrados a que se quede todo en un centro social, en los medios alternativos o en los corrillos de las izquierdas, que han conocido cientos de casos similares desde hace décadas. Por eso sonaron las alarmas y se puso en marcha una campaña improvisada que, finalmente, no saldría como esperaban. Primero, los medios de derechas señalando y criminalizando el acto. Después, mediante el comunicado de una de las principales organizaciones policiales rasgándose las vestiduras ante lo que consideraban una afrenta a todo el Cuerpo. Y durante el desarrollo del acto, el intento de boicot por parte de dos ultraderechistas que dejaron un altavoz para que sonase el himno de la policía. Una acción, por cierto, que contenía un mensaje subliminal: es un altavoz, pero podría haber sido otra cosa. Ya me entienden.

Este intento de boicot no hizo más que promocionar el acto. Les salió mal la jugada, y aunque entre ellos se regocijaran en sus redes por tal hazaña entre copas de Terry y caricias en el lomo, mucha otra gente se preguntó de qué iba el acto y por qué los ultras estaban tan molestos. Una excelente promoción del caso de los seis de Zaragoza y de los otros que allí se denunciaron, gracias a la torpeza de los lamebotas de siempre. De aquellos que saben cuál es su sitio: al lado del poderoso y enfrente del débil.

Más allá de (y gracias también a) esta ridícula anécdota, el acto ha tenido una gran repercusión, y hoy mucha gente conoce este caso, que se encuentra todavía a la espera de que se resuelva el recurso de casación. Y nos sirve, una vez más, para recordar cómo actúa la cloaca cuando el relato se les escapa. Justo la misma semana que la policía volvía a Cádiz para detener a varios participantes en las protestas del metal de las últimas semanas, entre ellos, al señor de más de 70 años que plantó cara a los agentes que golpeaban a otros manifestantes y cuya escena se hizo viral. El profesor de Derecho Constitucional y ex letrado del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías, presente también en el acto por los seis de Zaragoza, escribía el pasado sábado en este medio sobre el caso de Cádiz, advirtiendo que "legalmente no era necesario ni legítimo detenerlos, pues habría bastado con citarlos para que comparecieran ante el juez". Es decir, que todo fue una puesta en escena para atemorizar a la ciudadanía que tuviese el más mínimo impulso de salir a la calle a manifestarse por algo.

Casado no podía quedar por detrás de la ultraderecha, y de la misma forma que se apuntó a las fake news con el caso de Canet, este fin de semana se sacó de la manga que los seis de Zaragoza habían sido condenados "por patear Guardias Civiles", cuando en la protesta no había agentes de este cuerpo, ni a los chavales se les acusa de esto. No pasará nada, porque la mentira, que es el modus operandi de la ultraderecha, siempre les sale gratis. Eso sí, una vez más, contribuye a difundir el caso y a demostrar la bajeza moral de la derecha de este país, que institucionaliza la mentira cada vez que abre la boca. Pero lo más grave de todo quizás no sea su indecencia, sino su crueldad. La poca calidad humana de aquellos que contribuyen a arruinarle la vida a unos jóvenes inocentes porque esto sirve para sus intereses, y porque su contribución a tal injusticia será premiada, o eso creen. El propio Javitxu, por cierto, le respondió en Twitter.

La ultraderecha sabe bien que cuenta con el inestimable apoyo de las instituciones y de sus cloacas, porque siempre ha creído que eran suyas, y por eso cree que puede hacer lo que le salga de las narices. Cree, pero que no se confíe. Aquella tarde en el Congreso también había policías entre el público que no comulgan con las prácticas y los discursos de muchos de sus compañeros y que se acercaron a mostrar su apoyo a los chavales. Juristas que reconocen y denuncian la podredumbre de la judicatura y su metástasis reaccionaria. Periodistas que no se callan y difunden allá donde pueden este y otros casos. Y, sobre todo, personas anónimas, la gran masa social crítica y concienciada, que nunca ha dejado a ningún compañero atrás. Que ha vivido varios casos semejantes desde hace décadas, y que sabe que tienen algo de lo que quienes pretenden encarcelar, aterrorizar o someter a la disidencia, carecen: solidaridad, determinación y responsabilidad con los demás. Esto, créanme, es mucho más poderoso que cualquier arma, que cualquier condena o que cualquier campaña de criminalización.