Dominio público

Felipe VI, otro rey pasmado

Ana Pardo de Vera

El 2 de febrero, si todo va según lo previsto, el presidente del Gobierno aterrizará en Dubái para estar en el Día de España que se celebra en la Exposición Universal, acogida por vez primera en Emiratos Árabes Unidos (EAU), ese oasis de tolerancia y democracia. Hace ya unos días que Pedro Sánchez habló por teléfono con el príncipe heredero de Abu Dhabi, y gobernante de facto de esta dictadura, para saludarse y concretar detalles, en una pura llamada protocolaria -dicen- en la que no se abordó el asunto del elefante en la habitación, con perdón de estos paquidermos tan sufridos con el tal. Es decir, que el jefe de nuestro Ejecutivo y Mohamed bin Zayed Al Nahyan, según sus respectivos portavoces, no tocaron ni por un momento el tema de la estancia de Juan Carlos I en EAU, aunque su posible regreso sea en una de las preocupaciones más delicadas del Gobierno y hasta del Estado.

Al viaje del 2 de febrero, el Gobierno se planteó que fuera Felipe VI, como suele ocurrir en ocasiones en las que se trata de ir a ver a estos señores que no entienden de democracias ni incordios semejantes y van al grano, esto es, a gestionar su enorme riqueza para que sea aun más grande a través de los negocios en los que colaboran -colaboramos- solícitamente los países que nos definimos democráticos, es más, plenos de democracia.

Por ejemplo, no hace muchos días que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, tras una gira exprés por el Golfo anunció a bombo y platillo el negociazo (24.000 millones de euros) que acaba de hacer vendiendo armamento a Emiratos y a Arabia Saudí para seguir masacrando a Yemen. La última parte, la de Yemen, no la contaron: demócratas pero no imbéciles, que además los franceses están en campaña y Macron necesita el empujoncito árabe después de que Australia le despreciara una docena de submarinos.

Más allá de la lógica incomodidad que pueda sentir Sánchez por tener que visitar un lugar tan emblemático para España (refugio de un rey, exjefe de Estado y delincuente sin condena posible) y foco internacional por su crueldad en el linchamiento de derechos, humanos y derechos humanos, el papel del monarca ejecutivo es digno de su antecesor, Felipe IV, presuntamente retratado en la novela Crónica del rey pasmado (Planeta, 1989), pero sin lujuria alguna en el Felipe actual, más allá de la constatada de su padre emérito.


En el libro de Torrente Ballester, llevado al cine por Imanol Uribe en 1991, el rey queda noqueado tras pasar una noche con una prostituta, lo que provoca una auténtica crisis de Estado. Pues bien, desde que los escándalos de Juan Carlos I le obligaron a abdicar y a huir después a Emiratos, empujado por su hijo, Felipe VI se ha convertido en ese rey pasmado de la novela de Torrente Ballester aunque por motivos bien distintos a los del personaje fabulado: las escasas apariciones públicas de Felipe VI son examinadas con lupa, siempre con la sombra de su padre encima; apenas se conoce información sobre la monarquía más allá los escándalos de Juan Carlos I durante sus 40 años de jefe del Estado, su vidorra en EAU, la estancia de la princesa Leonor en Gales o la ropa de la reina Letizia, e institución y Gobierno son incapaces de dar un paso al frente para tratar de dar salida a una situación que provoca un desgaste fatal a la credibilidad del Estado español. ¿Dónde están los cambios, la transparencia, el desarrollo de la ley de la Corona, el fin del delito de injurias a la ídem,...?

Felipe VI y Pedro Sánchez sabían perfectamente que lo del rey no se resuelve enviándolo fuera de España, ni mucho menos; este inminente viaje del presidente a Dubái es la prueba, aunque aún cabría la posibilidad de que el rey acuda a la clausura de la Expo, a finales de marzo. ¿Estará ya Juan Carlos I en España entonces y habrá dado a los españoles las "explicaciones" que le pide el jefe del Ejecutivo? ¿Creen en serio que ésta es la solución y que aquí paz y después gloria? ¿En tan poca consideración nos tienen a los/as demócratas?

Durante una conversación mantenida estos días con el exfiscal anticorrupción, jurista excepcional, Carlos Jiménez Villarejo, éste me recordaba que ya se tendrían que haber "cursado órdenes para el traslado forzoso a España" del emérito, en principio, para declarar como imputado y continuar posteriormente la investigación "para el definitivo esclarecimiento de sus conductas delictivas. Lo exige el artículo 55 Bis de la ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ)". Para Jiménez Villarejo, "cualquier otra decisión de cualquier autoridad española constituirá un delito de prevaricación, porque sería una decision abiertamente injusta". Realmente injusta.