Opinion · Dominio público

La querella chilena

 

 

 

Ricard Vinyes
Historiador
Ilustrador Enric Jardí

La noticia asomó en la prensa, foros y redes sociales en la primera semana de enero; tomó perfil de estruendo y su eco, más allá de Chile, alcanzó algunos medios españoles y europeos. Según decían periodistas y comentaristas alarmados, el Ministerio de Educación chileno, al modificar las bases curriculares de primero a sexto año básico de educación para el área de Historia, establecía la substitución de la palabra “dictadura” por la de “régimen militar” para referirse al período pinochetista. El recién nombrado ministro de Educación, Harald Beyer, en sus primeras declaraciones oscureció el tema al atribuir la responsabilidad del cambio al Consejo Nacional de Educación (CNED), y al declarar –con la soltura de ese estilo naif tan propio del entorno Piñera– que no tiene problemas. “Yo reconozco que fue un Gobierno dictatorial, así que no tengo problemas (…). Respecto a las expresiones concretas hay que recordar que esto va a un consejo que es transversal y este consejo lo aprueba”. Y aumentó el lío cuando notorios dirigentes de la Unión Democrática Independiente (UDI), los editoriales y comentaristas de El Mercurio, o los representantes de la Fundación Jaime Guzmán Errázuriz, declararon su satisfacción por la medida.

Las reacciones a todo eso han sido contundentes y confiadas. Confiadas en la información inmediata. La profesora Cristina Moyano, de la Universidad de Santiago de Chile (USACH), por ejemplo, en su articulo del 5 de enero en El Mostrador, afirmaba que quien domina las palabras domina los discursos –lo que a estas alturas es solemnizar una obviedad–, y apelaba al Manifiesto de Historiadores de enero de 1999, como autoridad que en su día denunció la estrategia de manipulación conceptual de la historia de la dictadura.

Sin embargo, quien recurra a la merecida autoridad de aquel Manifiesto de Historiadores firmado por sólidos profesionales (tales como María Eugenia Horvitz, Mario Garcés, Gabriel Salazar, Armando de Ramón Folch, o María Angélica Illanes entre otros) comprobará que aquellos historiadores utilizaron indistintamente las expresiones “dictadura” y “gobierno militar” para calificar al régimen instalado con el golpe de 1973. ¿Manipulaban ellos la historia o por el contrario contribuyeron a desarticular el relato establecido por aquel obsceno cronista llamado Gonzalo Vial Correa? El mismo que, tras haber sido ministro de Educación de la dictadura y redactor del siniestro “Plan Zeta”, fue miembro de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1990-1991). También los paneles que ilustran las distintas secciones del Museo de la Memoria de Chile usan indistintamente las expresiones “régimen militar”, “gobierno militar”, y “dictadura”. Y también el “Informe Valech” (2003-2004) usó esas tres expresiones profusamente. En cuanto a los libros de texto a los que alude la querella reciente, cualquier periodista que los lea puede comprobar que los de 1986-1987 usan indistintamente las expresiones “régimen militar”, “gobierno militar” y, mucho menos, “dictadura”. Sin embargo, estalló la polémica. ¿Dónde se halla el conflicto?

Tal vez en lugar de buscar las razones en el procedimiento utilizado por el Ministerio y el CNED, los motivos del conflicto se encuentren en la construcción de la memoria pública chilena; un proceso en el que el discurso del pinochetismo cultural ha tenido una importancia notable al generar un relato eficaz que consiguió centrar el debate en la necesidad o no del golpe de 1973, y obviar los años de dictadura, o encubrirlos con el discurso de la modernización del país (como sucedió precisamente en los noventa con el revisionismo italiano en relación al fascismo; o en España con relación al franquismo, definido también por algunos como una etapa autoritaria, pero de modernización).

El esfuerzo narrativo del pinochetismo consistió en justificar las razones del golpe por una emergencia nacional generada por la intransigencia del Gobierno Allende y, al mismo tiempo, desaprobar –a media voz– la violencia “excesiva”. Un argumento iniciado por Jaime Guzmán al entorno del referéndum de 1988, y voceado por El Mercurio siempre; pero que alcanzó su mayor éxito a manos de Gonzalo Vial al redactar la introducción del Informe Rettig (un texto ratificado por la Presidencia de la República), donde cualquiera puede constatar el primer gran lavado conceptual, la equiparación ahistórica de víctimas y violencias, y la ya citada teoría del exceso. Si alguien coteja la introducción del Informe Rettig con la “Carta a los chilenos” (1998) que emitió el general Pinochet detenido en Londres, se sorprenderá por la coincidencia del relato.

La movilización de los organismos que reivindicaron “justicia, verdad y memoria”, sin flaquear y desde el casi abandono oficial, consiguieron su éxito al establecer los derechos humanos como una pieza central del vocabulario y el sentido común nacional e internacional. Pero la cultura de la memoria es mucho más compleja que la del olvido, y los procesos sociales en los que se construye revelan que en ocasiones se utiliza la memoria como cobertura de frustraciones sociales y políticas, sobretodo en coyunturas de derrota, –el triunfo de Piñera en 2010, fue presentado por la UDI como un triunfo de la memoria de Pinochet, y vivido como una derrota de la memoria de Allende– y con frecuencia produce tanto la estética del vencido como una propensión a analizar cualquier circunstancia con técnicas conspirativas. La
reacción airada y acrítica sobre los cambios en los textos escolares tal vez responda a eso, y en cualquier caso no contribuye a consolidar el relato histórico y memorial alternativo al pinochetismo, porque genera caos, pero sobre todo porque ahuyenta razones sostenibles y atrae el desconcierto.