A nadie le sorprenderá que el debate sobre el Estado de la Región no haya servido para nada más que para confirmar el modelo de negocio que tiene implantado el Gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid desde hace 27 años. Una sarta de medidas cosméticas, muchas de ellas anunciadas una y otra vez a bombo y platillo, pero carentes de utilidad para la mayoría. Un debate sin un ápice de balance de gestión, autocrítica ni repaso alguno a los incumplimientos manifiestos del Gobierno regional, desde la reapertura de los Servicios de Urgencia de Atención Primaria hasta la construcción de dotaciones, colegios, institutos o zonas verdes en barrios consolidados como Montecarmelo o de reciente creación como el Cañaveral.

Tampoco fue sorprendente volver a comprobar la total ausencia de empatía de Isabel Díaz Ayuso que, en reiteradas ocasiones, ha manifestado "no gestionar sentimientos". Pero esta vez, fue incluso capaz de ridiculizar el testimonio de un taxista que contenía valiosos elementos para comprender el verdadero Estado de la Región que no es otro que el estado de la gente que habita en ella, ridiculizar la situación de los afectados por la línea 7b de metro de San Fernando de Henares a los que ha decidido dar la espalda y obviar la situación de las 4.000 personas, entre ellas 1.800 niños y niñas, que viven sin luz desde hace dos años en la Cañada Real.

Sin embargo, frente a esta situación -aparentemente consolidada- toca sacudirse los aires de resignación, no conformarse con reforzar posiciones en la oposición desde un presunto "realismo", sin tener en cuenta que Ayuso y el PP no tienen la fortaleza que aparentan. Lo cierto es que carecen de un proyecto capaz de responder a las demandas de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, más allá de su evidente plan de negocio, que avanza decididamente en educación, sanidad y vivienda. No en vano ya hay más alumnos matriculados en la escuela privada que en la pública en Madrid capital y el 36,6% de los madrileños ya tienen seguro médico privado.

Pero más allá de sus planes de negocio lo cierto es que empieza a ser palmaria la ausencia de soluciones para las mayorías sociales de la región. Sus parches son tributarios de viejas recetas neoliberales fracasadas: privatizaciones, más mercado y menos papel protector del Estado, visión de negocios en lugar de políticas públicas para combatir la desigualdad, el cambio climático, o el acceso a la vivienda. Políticas fracasadas hasta el punto de que la mismísima Ursula von der Leyen se muestra contraria a ellas.

Frente a esto, la ciudadanía necesita que salgamos de la resignación, que nos sacudamos el pesimismo y que construyamos entre todos y todas un proyecto ilusionante y factible para Madrid. Un proyecto de largo aliento, pensando no solo en el corto plazo, ni siquiera solo en clave electoral. Un proyecto que alinee a la Comunidad de Madrid con los pasos a dar y las medidas a tomar en los próximos años para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que conforman la Agenda 2020-2030. Un proyecto que se traduzca también en un programa para la próxima legislatura autonómica que recoja los anhelos y las justas demandas de los colectivos y sectores sociales hoy lesionados y postergados por la gestión de Ayuso y del Partido Popular.  Un programa que vayamos construyendo entre todos y todas en las próximas semanas y meses, aportando ideas y propuestas concretas.

En el debate del Estado de la Región desde Unidas Podemos hemos avanzado varias propuestas. Una, la de destinar los 992 millones de euros perdonados por Ayuso a los ultrarricos para asegurar una renta crianza de 360 euros mensuales, que garantice a 230.000 familias madrileñas cuyos ingresos no superen los 35.000 euros anuales, que van a poder alimentar a sus hijos de manera adecuada y saludable, que van a llevarles al colegio con el material escolar necesario, que van a poder renovar el chándal o las zapatillas de deporte. Pero no solo: que esos niños, niñas y adolescentes tengan también garantizadas que si no ven bien la pizarra puedan acceder a unas gafas. Que si tienen caries puedan ir al dentista. Que tengan la oportunidad de ir a un campamento de verano, a clases extraescolares o adquirir un instrumento musical. En definitiva, que tengan derecho a una infancia digna. A día de hoy 1 de cada 4 niños en la Comunidad de Madrid se encuentra en situación de pobreza o exclusión social según un informe de UNICEF del mes de junio de este año.

La segunda es una propuesta compartida y reclamada desde hace años por decenas de entidades y colectivos en defensa del derecho a la vivienda: la aprobación inminente de una Ley de Vivienda para dejar de sobrevivir y empezar a vivir, máxime en este contexto de subida de precios del alquiler, subida de tipos de interés en las hipotecas y listas de espera de años para acceder a una vivienda social.

También pusimos encima de la mesa la necesidad y sobre todo, la urgencia, tras el verano más caluroso de los últimos 100 años, de abrir paso a una Ley de Emergencia Climática capaz de avanzar en la reducción de las emisiones y la descarbonización. Una ley que ya cuenta con las aportaciones de entidades como Greenpeace o Ecologistas en Acción.

Seguro que entre todos y todas podemos plantear otras medidas que den respuesta a los intereses y necesidades de la ciudadanía madrileña. Mi deseo es pues el de apostar porque demos rienda suelta, sin miedos, a la participación y a la esperanza. Y que cada una de nosotras -asociaciones, cooperativas, colectivos sociales, fuerzas políticas, ciudadanos hartos de que no se nos tenga en cuenta-, vayamos asumiendo los compromisos necesarios para hacer posible sin demora lo que algunos ven como un horizonte deseable pero aún demasiado lejano: lograr el buen vivir que nos niegan las viejas políticas del PP/Ayuso.

Estoy convencida de que se puede derrotar a corto plazo a Ayuso y a sus políticas. Para conseguirlo hacen faltan dos condiciones: una alternativa clara, sentida y construida por amplios sectores sociales y populares, y una amplia movilización de energías ciudadanas. No está escrito ni decidido ya que la derecha trumpista vaya a revalidar el gobierno de la Comunidad. Pero la condición necesaria para que no lo revalide, insisto, es la de propiciar la participación ciudadana y no me refiero sólo a la participación electoral, si no a la participación en la construcción de un proyecto aglutinante que incluya la comprensión de que esto no es tarea a delegar solo en las fuerzas políticas. Es tarea de todos.

Por eso hace falta la movilización y la organización de sectores populares madrileños hoy muy diversos, AMPAS, colectivos, sindicatos, organizaciones ecologistas, movimiento feminista, asociaciones vecinales.

Por eso hace falta sumar fuerzas comprendiendo que la diversidad es un valor añadido, una fortaleza que nos ayuda a ampliar el marco de los sectores sociales con los que queremos contar para transformar Madrid, estableciendo dinámicas de cooperación y de suma de colectivos sociales, movimientos populares, y ciudadanos que en algún momento han desconectado de la política institucional por sentirla ajena a sus demandas, por no encontrar caminos para ser escuchados o no poder participar en la propuesta de soluciones que den respuesta a sus necesidades y aspiraciones.

Mi trayectoria en los movimientos sociales viene de lejos, en el movimiento por el derecho a la vivienda y como abogada defensora de derechos humanos en una cooperativa de economía social. El compromiso político que me ha llevado a ser hoy diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid es mucho más reciente. Di el paso convencida de la necesidad de fortalecer los nexos entre, por una parte, la ciudadanía y los movimientos sociales y, por otra, una concepción de la política y una práctica de la misma como una actividad al servicio de la sociedad y por tanto atenta y conectada con las necesidades y demandas de esta.

Soy consciente de la concepción hoy tan extendida de la política como algo muy especializado, alejado y muchas veces ajeno a los sentimientos, a los sufrimientos y a los anhelos de amplios sectores sociales y populares que no se ven representados en el mundo de las instituciones políticas. Pero pienso que precisamente son esos sectores los que más necesitan de la apertura de unos espacios para la participación política y del fortalecimiento de instrumentos que les puedan defender con eficacia y trazar junto a ellos horizontes de transformación frente a los intereses de las élites y de los poderes que las legitiman y amparan.

Tampoco se me escapa que los caminos que queremos transitar no serán fáciles, estarán empedrados de dificultades. Por eso nos toca incorporar a muchos más en la tarea de cambiar Madrid para que los madrileños y madrileñas podamos tener el presente de dignidad, derechos y justicia social que necesitamos ya.