Dominio público

Nos mean y dicen que llueve

Miquel Ramos

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 2 de noviembre de 2022, en Madrid (España). -Eduardo Parra / Europa Press
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 2 de noviembre de 2022, en Madrid (España). -Eduardo Parra / Europa Press

Cuando el tiempo nos da la razón, quizás sea ya demasiado tarde. Es por eso por lo que tardan tanto en reconocer la verdad quienes la podrían haber reconocido antes, pero no lo hicieron para quedar impunes y esperar que su relato se instalase en las páginas de la historia oficial. Es lo que hemos visto con el rey emérito cuando han salido periodistas cortesanos a admitir que mintieron y ocultaron información para salvaguardar la institución, e incluso, según ellos, también la democracia. Sabían que el Rey hacía negocios sucios, que la liaba parda allá donde iba y que todo el mundo lo sabía, pero nadie lo contaba, excepto los cuatro rojos a quienes nadie creía. Todos callaron a voluntad o fueron amenazados para hacerlo. Trajo petróleo, hizo ricos a varios empresarios y ayudó a lo que ellos entienden que es el país, es decir, ellos mismos. Hoy lo reconocen. Y no pasa nada. Ellos eran y son los verdaderos demócratas.

Algo parecido a lo que nos regaló el exministro del Interior y responsable del terrorismo de Estado de los GAL, José Barrionuevo, con absoluta tranquilidad, en una entrevista reciente. Y es lo que volverá a pasar con la basura actual que muchos denuncian, incluso con pruebas, y otros lo niegan hasta con la evidencia en su cara. Que hasta dentro de unos años, cuando ya ni nos acordemos, y todos los responsables estén a salvo, salga a relucir la verdad. Como pasa cada vez que se desclasifican documentos y se descubre que alguien ya lo dijo pero se le trató de loco, de alborotador, de conspirador o de ácrata.

Pensar que la mentira y no asumir responsabilidades ni rendir cuentas forma parte del juego político es no creer en la democracia. Que un ministro del Interior se permita el lujo de negar lo que múltiples medios de comunicación llevan demostrando desde hace meses, en un asunto además tan feo como la muerte de decenas de personas demuestra que no debería ejercer tal cargo. Las muertes en la valla de Melilla han sido documentadas por varios medios como Público, y más recientemente por la BBC, donde se desmonta la versión oficial que el ministro se empeña en inyectar.

La garantía de impunidad permite este tipo de lujos. Se libró Juan Carlos I de sus fechorías porque tenía un buen ejército de plebeyos a su servicio, al mando del Estado, de la judicatura, de los servicios secretos y de los principales medios de comunicación que se encargaban de limpiarle el culo cada vez que se lo ensuciaba. Y se libró Barrionuevo con varios muertos sobre la mesa, algunos de estos hasta sin uñas de las torturas patrocinadas por su ministerio. Y se librará Marlaska una vez más por la muerte de varias personas en nuestra frontera, como se libró cuando no vio las torturas que denunciaron varios detenidos y él se negó a investigar. Solo con este recorrido garantizado, alguien estaría dispuesto a asumir el cargo y el marrón que este supone si algo se tuerce y no cuenta con el apoyo de quien le puso ahí. Eso sí, prescindiendo de toda dignidad y de toda vergüenza, por muchas medallas que tenga, por muchas palmaditas en la espalda que reciba de los suyos, y muchos cuadros que le pinten y cuelguen en el Congreso.

Ayer, la comisión de la Eurocámara que investiga el espionaje mediante Pegasus a varios líderes y activistas independentistas catalanes señaló al Gobierno español como responsable: "probablemente fue el primer cliente de la Unión Europea del grupo NSO", dice el informe. La eurodiputada liberal holandesa que lo presentó se quejó de que el Gobierno español no da información al respecto. "Los Gobiernos deben ser controlados por los ciudadanos, no al revés", añadió. Exige, como debería hacerlo cualquier demócrata, que los Gobiernos rindan cuentas ante la ciudadanía. No lo harán. Ni con esta trama donde hay implicados otros países como Marruecos e Israel contra nuestros conciudadanos e instituciones. Incluso habiéndoles pillado con las manos en la masa. Están acostumbrados a no hacerlo, pues no hay sanción ni reproche, gracias también a un aparato judicial cómplice que permite al Estado, a sus regímenes aliados y a sus funcionarios actuar como consideren oportuno. Y si finalmente no queda otra que condenarlos, como se condenó a Barrionuevo, no pasa nada, para algo está el indulto e iremos a abrazarte a las puertas del talego. Pero para qué jugársela ahora. Mejor admitirlo todo dentro de veinte o treinta años, sabiendo que todo está ya prescrito. Como Barrionuevo con los GAL. Como las fechorías del rey emérito.

Sale barato mentir, incluso cuando ostentas cargo público. Incluso cuando eres un medio de comunicación que recibe miles de euros de dinero público (en publicidad institucional) y cuentas con esa patina de respetabilidad como garante de la objetividad y del rigor. Incluso alguien de la catadura moral de Antonio Caño, exdirector de El País que anteayer nos intentaba dar una lección de periodismo afirmando que "el periodista es lo contrario del activista: este oficio no va de cambiar el mundo sino de contarlo". Esto, tan solo tres meses después de publicar en su cuenta de Twitter que desde el periódico que dirigía intentaron evitar que Pedro Sánchez gobernase "con populistas y separatistas". Los activistas somos los demás, claro que sí.

Luego nos sorprendemos cuando la derecha niega las atrocidades del franquismo y reduce el genocidio y la dictadura a una pelea entre abuelos. Es parte de esa mentalidad negacionista, irresponsable, que trata de súbditos y de imbéciles a sus ciudadanos. Se les puede engañar, contar milongas y joderles la vida, que cuando se descubra la verdad, o cuando quizás algún día se juzgue, ya será tarde o estarán a otras cosas. O mantendrán la mentira hasta su último aliento, pues no hay reproche más allá de la pataleta que podamos lanzar desde nuestras redes o nuestras tribunas. Vean las residencias de ancianos durante la pandemia. Vean los múltiples casos de corrupción prescritos. Vean los manifestantes condenados mediante la palabra de un policía como única prueba. Recuerden la cal viva con el sello del Ministerio del Interior.

Estos son solo algunos de los ejemplos recientes y sangrantes, pero podríamos llenar páginas enteras y escribir una historia por volúmenes de las retorcidas marañas de los poderes, públicos y privados, que someten a la ciudadanía a sus relatos convertidos en verdades oficiales y a sus designios poniendo o quitando Gobiernos y políticos, y machacando, juzgando y encarcelando a quien moleste mediante los grandes y pequeños lawfares que hagan falta. Es la ciudad de la euforia que describía Rodrigo Terrasa sobre la corrupción en València pero a escala estatal, y con mucha más casquería que el saqueo de las arcas públicas. Es el asalto y el saqueo constante a la democracia. Tapando las mentiras con cal viva. Como decía una pegatina de los grupos autónomos de los 90, nos mean encima y dicen que llueve.