El pasado domingo, cientos de miles de personas se manifestaron en Madrid para defender la sanidad pública y denunciar la mala gestión del Gobierno de Ayuso. Ha sido inútil el esfuerzo de la derecha por tapar el fracaso de su modelo de gestión de los servicios públicos así como el de ocultar el éxito de la protesta. Por mucho que sus voceros y compinches se esfuercen en minimizarlo y en criminalizarlo, tanto las imágenes de la multitudinaria protesta como las razones de la misma, sitúan a la derecha en un terreno difícil, haciendo malabares discursivos para salir al paso, insultando a los manifestantes e incluso difundiendo bulos sin ningún tipo de vergüenza. Sacando el comodín de ETA, llamando 'pancarteros' a los manifestantes, y tratando de memos a sus seguidores diciendo que quien defiende la sanidad pública está en realidad conspirando para instalar una república federal laica en España.

El telón de acero que la presidenta construyó para mantener a raya el comunismo que se cernía sobre el resto de España durante y después de la pandemia, y que le sirvió para ganar las últimas elecciones, tiene ya varias grietas que a la derecha le está costando tapar. La estrategia consistía en tratar de situar a toda su oposición en el comunismo, agitando el viejo fantasma y oponiéndolo a la supuesta libertad que ofrecen ella y sus socios. Sin embargo, el plan no funciona tanto cuando quien es usuario de la sanidad pública, aunque la haya votado, entiende perfectamente la reivindicación de la manifestación, e incluso estaba allí, al ver que le resulta imposible ser atendida por un médico cuando lo necesita.

Situar en el comunismo la defensa de los servicios públicos es un error de cálculo de la derecha, que regala a la izquierda una de las banderas más preciadas de las democracias liberales. Partiendo de la esquizofrenia manifiesta de la derecha, que, por una parte, reivindica la buena salud y la mejor gestión de los servicios públicos, pero por otra, acusa a quien pide no solo defenderla sino mejorarla, destapa la trampa. Pintar cualquier medida socialdemócrata de comunista, por mucho que en la cabeza de los neocons sea un plan perfecto, puede tener un efecto bumerán que normalice todavía más el comunismo que pretenden estigmatizar.

La batalla cultural que la derecha lleva años librando contra el sentido común progresista no es infalible. Estos contrapiés de la derecha, hoy respecto a la sanidad pública, pero mañana sobre cualquier otro asunto de interés público, son los puntos débiles de toda la carcasa neoliberal que luego, encima, se arroga el patrimonio de la buena gestión de la cosa pública. Ayuda, además, a presentar a la izquierda, con todas sus diferencias, contradicciones y miserias, como la única garante de los servicios públicos, los que usa la gran mayoría de la ciudadanía, vote a quien vote.

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Pero sería un error también leer esta batalla tan solo en términos electorales. La movilización por la sanidad pública no fue obra, como dice la derecha, de un complot de las izquierdas institucionales, de los partidos, sino que surgió de los propios profesionales y movimientos sociales que llevan años peleando por los servicios públicos. Estas plataformas deben pelear para no ser patrimonializadas por nadie, por mucho que se arrimen los políticos para salir en la foto, y por mucho que se estimule en estas movilizaciones la vía electoral para echar a los malos gestores. Nadie nos asegura que, una vez esté fuera Ayuso, los servicios públicos se vuelvan eficientes, aumenten su calidad y se vuelvan universales. Ni que la sanidad ni el resto de servicios públicos y derechos humanos estén garantizados allá donde no gobierna la derecha.

Esta semana hemos visto cómo la Policía entraba a golpe de maza para desahuciar a una familia con menores y enfermos de cáncer en el barrio madrileño de Tetuán, y esto no es competencia de Ayuso precisamente. También hemos visto cómo, con la propuesta de derogación del delito de sedición, se incluye todavía más pena al delito de desórdenes públicos con algunos añadidos que dejan a los pies de los caballos a numerosos movimientos sociales y actos de protesta pacífica a merced demasiadas veces de las versiones policiales. Tampoco es cosa de Ayuso la masacre de Melilla que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trata de esquivar ante la avalancha de evidencias y la investigación del Defensor del Pueblo. Y así podríamos enumerar infinidad de asuntos del actual Gobierno, que nos señala el caos sanitario en Madrid pero esquiva cínicamente sus propias miserias que afectan también a nuestros derechos y libertades.

Quizás la sanidad sea un punto de partida para volver a ver las calles llenas por múltiples reivindicaciones, no solo contra Ayuso por su gestión de la sanidad en Madrid, sino también en otras partes del Estado donde los servicios fallan y los derechos se ven mermados, gobierne quien gobierne. Reducir la responsabilidad de la pauperización de los servicios públicos, los mangoneos y el autoritarismo a las políticas del PP y sus socios es lo que quieren los partidos de la oposición en Madrid, pero no sirve para el conjunto del Estado, donde gobiernan otras formaciones y estos y otros problemas se repiten. Porque el problema es el modelo neoliberal que durante años se han empeñado en apuntalar unos y otros gobiernos.

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Salvar lo que queda de los servicios públicos, tan vitales para unos y tan suculentos para el negocio de otros, es hoy tildado de comunismo, algo que ni lo es ni pretende serlo, por mucho que se empeñe la derecha. Usan la excusa de Ayuso para retomar el poder y hacer un poco menos daño que ella, pero sin tocar demasiado el marco, sin cambiar las reglas del juego. Porque por mucho que nos traten de convencer con el caos de la gestión sanitaria madrileña para atizar otro fantasma, el de la derecha y la extrema derecha, más les vale aplicar todas aquellas medidas que garantizaran de verdad una vida digna más allá de la cita con el médico, ahora que todavía gobiernan y todavía pueden. No teman que los llamen comunistas. Prediquen con el ejemplo.