Pese a los vaivenes discursivos y los disimulos en según qué foros, el giro en la política exterior española con respecto al Sáhara Occidental, impulsada por el presidente Pedro Sánchez, ejecutada por el ministro de Exteriores José Manuel Albares y decorada por el PSOE, ha sido uno de los puntos más negros y conflictivos de la legislatura, hasta el momento. Se ha llevado a cabo a sabiendas de que es una contradicción con la legalidad internacional, ha supuesto una degradación de las relaciones bilaterales con un socio de la talla de Argelia y los beneficios para el Estado español todavía están por conocer.

El Estado español es, de iure y según señalan diversos textos administrativos y jurídicos, potencia administradora del Sáhara Occidental, territorio no autónomo pendiente de descolonizar. En el mes de marzo, a través de una filtración interesada por parte del Gobierno marroquí a sus medios de comunicación afines y sin coordinación con el español, conocíamos que Sánchez asumía la tesis marroquí sobre la autonomía del Sáhara en contraposición con las resoluciones de las propias Naciones Unidas. La incomodidad del Ejecutivo se vio, de nuevo, en el mes de octubre, en la comisión de descolonización de la ONU, donde la delegación española se mantuvo en silencio sobre el conflicto de descolonización que le afecta, el del Sáhara. Sánchez ha intentado, pese a las evidencias, hacer ver que no ha habido ningún giro estratégico al respecto.

El Gobierno de España tiene todas las expectativas puestas, en primer lugar, en que se celebre por fin la Reunión de Alto Nivel (RAN) entre Marruecos y España que estaba comprometida para el 2022. Ya va tarde y, si la contraparte marroquí cumple, se tendría que celebrar no más allá de la primera semana de febrero. Las relaciones bilaterales entre ambos países son muy complejas y afectan desde una perspectiva poliédrica a múltiples áreas: política migratoria, seguridad, defensa, energía, comercio, relaciones laborales...

Por ello, en segundo lugar, las expectativas españolas están en conseguir acuerdos en dos cuestiones principales. Por un lado, un compromiso duradero por parte de Marruecos para frenar la migración que de África llega a Europa a través de la frontera sur que es España: Ceuta y Melilla, pero también Canarias. Cualquier mención al respeto de los derechos humanos de las personas migrantes en este acuerdo será papel mojado, está comprobado. Por otro lado, el sueño húmedo del Ejecutivo español pasa por lograr unas palabras de serenidad en cuanto al respeto del statu quo con Ceuta y Melilla.

Y he aquí la paradoja. Las ansias expansionistas del régimen alauí han situado la cuestión del Sáhara Occidental como un pilar de la política del Majzén, el eje vertebrador de toda su política exterior, pero también a la interna. Esas mismas ansias expansionistas hacen que desde los despachos de Rabat no se deje de mirar de reojo a las ciudades autónomas españolas, incluso a las Islas Canarias, a Mauritania o a parte de Argelia o Mali: la construcción de "el Gran Marruecos" como anhelo último inherente al nacionalismo marroquí.

La celebración de la RAN en las fechas señaladas tendrá lugar pocos días después, precisamente, del XVI Congreso del Frente Polisario que se celebrará desde el 13 al 17 de este mes de enero en los campamentos de población refugiada de Tinduf, Argelia. El movimiento de liberación saharaui mantiene un enfrentamiento armado con el ejército marroquí tras la ruptura del alto el fuego por este último en noviembre del 2020, cuando disparó contra una manifestación de civiles saharauis contra el tráfico de mercancías por transportes marroquíes desde el Sáhara Occidental hacia Mauritania en la región de Guerguerat. En el cónclave de los próximos días, los saharauis decidirán hasta dónde profundizar en la lucha armada.

Es habitual que a los congresos del Frente Polisario acudan representantes de la solidaridad internacional con su causa desde distintos lugares del mundo. La presencia española, tanto de organizaciones sociales como políticas, está garantizada. Podemos, IU, el PCE y otras formaciones suelen enviar delegaciones a los congresos del Frente Polisario para mostrar su apoyo y solidaridad con el movimiento saharaui.

La contradicción, en esta ocasión, vendrá dada si pocos días después sus ministros (Yolanda Díaz, Irene Montero, Ione Belarra, Alberto Garzón o Joan Subirats) participaran en la RAN con el vecino Marruecos, país ocupante del Sáhara Occidental, y han de asumir una genuflexión ante el monarca alauí bajo el nombre del cual se consolidan sistemáticas violaciones de derechos humanos a la población originaria del Sáhara Occidental, tal y como denuncian numerosas organizaciones internacionales. estos de cercanía con miembros del Gobierno que ejecuta la represión contra activistas y defensores de derechos humanos saharauis.

El PSOE parece haber dado el paso definitivo de asumir que el respeto a la legalidad internacional (pronto se conocerá la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la explotación de recursos naturales del Sáhara Occidental y sobre la marroquinidad del Sáhara, que podría volver a dejar al Gobierno español sin argumentos) y los compromisos morales e históricos con el pueblo saharaui no valen tanto como unas tranquilas relaciones bilaterales con Marruecos. El giro histórico perpetuado por Sánchez y Albares así lo atestigua.

Está por ver hasta qué punto el PSOE arrastra a su socio de Gobierno. Las izquierdas del Estado español siempre han defendido al pueblo saharaui y su derecho a la autodeterminación. Sobre el papel, siguen haciéndolo. Falta ver hasta qué punto ese compromiso es coherente con los hechos de Unidas Podemos. Las palabras se las lleva el viento. Y en el desierto las tormentas generan corrientes de aire de muchos kilómetros por hora.