El multimillonario y polémico Elon Musk, que se hizo con la propiedad de Twitter (ahora llamada red X), ha expresado sus objetivos de negocio en las redes sociales. Lo que ha provocado una enorme preocupación entre los usuarios de esta plaza digital.

Es evidente que ni Musk ni las grandes plataformas tecnológicas están dispuestas a hacer filantropía en el mercado digital ni a ejercer una autorregulación responsable. Pasan de las Directivas de Servicios Digitales de la UE que regulan la libertad de expresión, el Estado de derecho, el respeto al individuo y la protección de la infancia. Y abren sus dominios al público para hacer negocio con el big data y con el poder de manejar la información.

Defienden su soberanía digital sin aceptar intromisiones ni una regulación legislativa y siguen criterios y reglas de funcionamiento que no son propios de la ética democrática. Por eso hay que impedir y sancionar la práctica de las fake news y la desinformación viral por parte del ciberpopulismo, convertido en el factor más desestabilizador de la democracia.

Todos los espacios accesibles en Internet son propiedad de cinco macroempresas tecnológicas con posicionamientos ideológicos, en muchos casos, muy cuestionables. En los tiempos convulsos que vivimos tienen el control y el uso de la comunicación en sus manos para "dar forma" a la opinión pública y aprovechar el poder de las redes sociales para sembrar incertidumbres, miedo y colonizar al electorado. Este escenario nos empuja a los demócratas a reflexionar y proponer la creación alternativa de redes públicas que aporten confianza digital.

No se trata de una quimera. De ahí la necesidad de trabajar una propuesta para definir un posible modelo de Twitter europeo, configurado como servicio público, regulado con criterios de ética democrática y con la gestión por un órgano independiente. Un modelo que nazca desde una alianza de entidades y sectores con vocación pública y al servicio de los intereses generales de la población. Es la única manera de ayudar a preservar nuestra soberanía informativa, tecnológica y política en el marco de la UE y frenar el avance del tecnofascismo.

Necesitamos un modelo de Twitter no sometido a los intereses privados de las empresas ni a intereses de gobiernos. Pero de igual manera, también precisamos unos medios de comunicación públicos sometidos a un control democrático y gestionados por un organismo realmente autónomo del gobierno de turno. Con un consejo de dirección que vele por la libertad de expresión -sin espacio para la injuria, el discurso del odio o la incitación a la violencia-, el rigor profesional sobre la veracidad y el pluralismo de la información. A la comunicación pública hay que exigirle credibilidad e imparcialidad así como una oferta de mecanismos para la verificación de la noticia en tiempo real.

En el caso de la red social, se trata de garantizar a la ciudadanía un instrumento para poder dialogar, debatir e intercambiar. Cierto que es un objetivo difícil -no imposible- y propio de las competencias de la UE. Pero el Congreso y en particular el Parlamento Europeo debieran iniciar el camino, con una voluntad política clara sobre el modelo de la red pública y la forma de su gestión.

Además del reto de hacer frente al cambio climático y las migraciones, los poderes democráticos del planeta tendrán que afrontar el reto de la regulación en el ámbito de la IA, las redes y la comunicación. Hoy, están en manos de grupos privados de ideología neoliberal y populista que nos acercan a la distopía y la posverdad. Es así que los enemigos de la democracia tienen todas las de ganar.