JOSÉ DE HARO BAILÓN

El actual sistema de financiación de las Comunidades Autónomas (CCAA) fue acordado por unanimidad, a propuesta del Gobierno de la Nación, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado en julio de 2001. Además, el sistema fue aceptado por cada Comunidad Autónoma en las correspondientes Comisiones Mixtas bilaterales, Estado-Comunidad Autónoma, que se celebraron a principios de 2002.

A pesar de su inicial vocación de permanencia, una evolución desigual de la población en las CCAA, y otros factores que podrían estar incidiendo en el nivel de prestación de los servicios asumidos por las CCAA, condujo a que, a propuesta de la II Conferencia de Presidentes, se constituyera el pasado año un grupo de trabajo en el seno del CPFF, como base para comenzar los trabajos de revisión del sistema actual de financiación de las CCAA de régimen común.

Así, los inicios de la futura reforma del sistema se están llevando a cabo desde el más estricto respeto al diálogo multilateral de todas las partes implicadas en el proceso y a la búsqueda del consenso por parte de todas las CCAA y de la Administración General de Estado, al igual que ocurrió en el caso del sistema de financiación vigente.

Andalucía fue la primera Comunidad Autónoma en remitir, en abril de 2006, su propuesta de reforma del sistema de financiación al grupo de trabajo del CPFF. En esta propuesta, con el pleno convencimiento de estar planteando un modelo adecuado de financiación, no sólo para Andalucía, sino para el conjunto de las CCAA, la Junta de Andalucía defiende los mismos principios, adaptados a la nueva realidad, que inspiraron el sistema vigente: la igualdad, la autonomía financiera, la suficiencia de recursos para atender los servicios transferidos y la lealtad institucional.

De acuerdo con los artículos 14, 31 y 139 de nuestra Constitución, los españoles son iguales ante la ley, tienen los mismos derechos y obligaciones, y contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo. El sistema de financiación, por tanto, debe garantizar unos niveles homogéneos y adecuados de prestación de todos los servicios públicos en el territorio español, en el marco de un sistema tributario que trate por igual a todos los ciudadanos, independientemente de la Comunidad Autónoma en la que tengan su lugar de residencia.

Los ciudadanos son los usuarios de los servicios públicos prestados por las CCAA. Así, la variable fundamental en la definición de las necesidades de gasto de las CCAA es la población. Por tanto, la población debe ser la principal variable que determine la financiación de las CCAA en el sistema, tanto desde un punto de vista estático como en una perspectiva dinámica. En particular, y dada la importancia de la educación en el conjunto de las necesidades de gasto y financiación de las CCAA, la Junta de Andalucía defiende la identificación explícita del bloque de financiación asociado a la educación, en el que la población en edad escolar habrá de ser el argumento sobre el que cuantificar las necesidades financieras de las CCAA.
Los ingresos de las CCAA, para atender de forma suficiente y autónoma sus competencias, deberán estar basados en un mayor peso de los ingresos tributarios frente a las transferencias del Estado. En este sentido, Andalucía defiende el aumento de los porcentajes de cesión del IRPF, IVA e Impuestos Especiales (en aquellos casos en que no estén cedidos en su totalidad) hasta llegar al 50%, hecho que, en el contexto actual de recursos ligados al sistema de financiación, reduciría significativamente la importancia del Fondo de Suficiencia en los ingresos de todas las CCAA.

Finalmente, en una estrecha relación con el principio de lealtad institucional, el sistema de financiación deberá reconocer la existencia de nuevos derechos y servicios universales, tanto en los campos de la educación, la sanidad o los servicios sociales, garantizando su homogénea prestación en el territorio, sin restar recursos a los logros ya alcanzados, y a mantener, por el Estado del Bienestar. En este sentido, la medición de las nuevas necesidades de gasto, y de las necesidades de financiación de las CCAA, debería incorporar variables de población potencialmente usuaria de los servicios, como la población dependiente y la población menor de cuatro años, así como una variable de renta relativa, con el objetivo de compensar los posibles déficits de financiación que puedan derivarse de la participación de los beneficiarios en el coste de los servicios, en el marco introducido por la reciente Ley de la Dependencia.

El proceso de negociación de reforma del sistema de financiación de las CCAA conducirá a un nuevo modelo que mejorará la financiación de todas las CCAA, al adaptar el sistema a una realidad cambiante y ambiciosa respecto a los derechos de los ciudadanos en la construcción del Estado del Bienestar. Y ello será así con la cooperación del conjunto de las CCAA y el Estado. En la Junta de Andalucía estamos seguros de que el proceso de diálogo abierto avanzará en la autonomía política y financiera de todas las CCAA y, por tanto, reforzará el progreso del conjunto del Estado.

José de Haro Bailón es secretario general de Hacienda de la Conserjería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía

Ilustraicón de Gallardo