Este mismo miércoles, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Branco, pidió a la Xunta que ahora preside Alfonso Rueda que permitiese auditar los contratos que se hicieron con carácter de emergencia durante la pandemia, cuando aún gobernaba Alberto Núñez Feijóo, para descartar que hubiera habido algún caso de corrupción similar al que acaba de destaparse en la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes y que tiene en la figura de su asesor personal, Koldo García, al principal protagonista por contar con un cargo público en la Administración del Estado mientras cobraba mordidas millonarias por ayudar presuntamente a empresas a conseguir contratos con varios departamentos de Transportes, Interior o los gobiernos autonómicos de Illes Balears y Canarias: el comportamiento más rastrero en el momento más dramático para España, con miles de muertos por covid.

La petición de Branco a la Xunta de Galicia, que ésta se resiste a aceptar, tiene que ver con la comisión registrada por el PSOE la semana pasada en el Congreso para que, a raíz del caso Koldo, se investiguen todos esos contratos de urgencia (sin publicidad y a dedo) en todas las administraciones, algo que parece lógico y que, sin duda, ya llega muy tarde. Pero ahora es siempre mejor que nunca para que afloren, si no todos, el máximo número de "pillos"; porque, recordarán nuestros lectores, que Feijóo calificó con este salero a Luis Medina y Alberto Luceño por su pelotazo con comisiones de más de 6 millones de euros en contratos con el Ayuntamiento de Madrid y que se lograron con la nunca bien ponderada colaboración del primo del alcalde José Luis Martínez-Almeida y su agenda del consistorio capitalino.

La líder de la oposición del Parlamento gallego, Ana Pontón (BNG), se adelantó hace días a Branco: pidió "transparencia" y una auditoría externa de los urgentes contratos de la Xunta, y no lo hizo porque sí, ya que el Gobierno gallego de Feijóo arrastra varias polémicas con sus contratos de emergencia que, encima, tienen que ver con la familia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, perejil de todas las salsas del PP, para bien del partido ... y no tanto; es la misma Ayuso responsable de la caída en desgracia de Pablo Casado como presidente del Partido Popular por haber denunciado la falta de escrúpulos del hermano de su compañera y amiga en una entrevista en la Cope, cuyo tuit principal aún navega por las redes: "La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas al día, se puede contratar con tu hermana y recibir 286.000€ de beneficio por vender mascarillas".

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Los tentáculos de la familia Ayuso son alargados, no obstante, y así lo confirmó en 2022 la exclusiva de Nós Diario que -como casi todo en Galicia que no sea de medios oficiales u oficialistas- pasó prácticamente desapercibida bajo la aplastante pavimentadora del PP gallego, recién revalidada. En resumen, el periódico digital gallego informó de la contratación de la Xunta con Proyectos Hospitalarios Internacional S.A. (Prhoinsa) por cerca de 300.000 euros. ¿Quién figura como administrador único de Prhoinsa? Juan Carlos Herrero Casasola. ¿De quién es socio Herrero Casasola? Por un lado, de la madre de Isabel y Tomás Díaz Ayuso en la empresa MC Infortécnica SL y, por otro lado, del propio Tomás, con quien fundó Sismédica S.L., en la que el hermano de la presidenta madrileña figura como administrador único y de la que la propia Isabel Díaz Ayuso tiene un 50%, según desveló Infolibre en 2022. Sismédica es una sociedad durmiente que, entre otras funciones, dice suministrar productos sanitarios y que se saltó la ley de Sociedades desde 2014. La presidenta madrileña omitió el nombre de la empresa participada con su hermano hasta 2021 y nunca aclaró por qué la mantenían activa, aunque El Independiente sí informó sobre algunos contratos con Sismédica que obraban en poder de los caídos Casado y su número dos, Teodoro García-Egea, pero que el equipo de Ayuso negó sin más a Infolibre. 

De todo esto, nunca más se supo en la Comunidad de Madrid ni en Galicia, más allá de la cuestión penal (contratos válidos legalmente y comisiones éticamente repulsivas pero muy lucrativas cobradas por el hermanísimo y el amigo de la infancia, Daniel Alcázar, que sirvió de tapadera al pariente de la presidenta en la empresa Priviet Sportive) y ahora que la oposición, incluido el PSOE en su peor caso de corrupción desde que Pedro Sánchez llegó al poder, quiere investigarlo todo y que aflore la mierda degenerada, con perdón, ¿por qué el PP se niega? Tanta moral acumulan en el partido de Feijóo y Ayuso (¿o viceversa?) que la tienen doble, o triple, o ...