Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, quiero aprovechar esta ocasión para recordar que debería ser una jornada de concienciación social y centro de debate en muchas tertulias o medios de comunicación. No será así, porque nos falta todavía mucho trabajo en este terreno, trabajo que podría conducirnos a las puertas de la desaparición de este ominoso lastre histórico. Al contrario, nos encontraremos en los medios de comunicación a personas que no viven la opresión del racismo, hablando de racismo, nos encontraremos lugares en los que se sigue solapando las voces de las mujeres y hombres que conocemos perfectamente la realidad del racismo porque la recibimos en forma de violencia sobre nuestros cuerpos. 

En los poderes públicos se reproducen una multiplicidad de prácticas racistas que normalizan ideas y comportamientos institucionales que justifican la discriminación racial, incluso por razón de Estado. Estos comportamientos son responsables de contradecir de manera categórica ámbitos de consenso y políticas públicas que el propio Estado y las Administraciones Públicas pretenden poner en marcha para eliminar el racismo. La invisibilización política y epistemológica por la lucha contra el racismo es evidente y recae sobre las personas y los grupos que tomamos la lucha antirracista por bandera. 

 El Estado social y democrático de Derecho en España, no considera la lucha contra el racismo como una prioridad y lo expreso con conocimiento de causa. En el racismo el Estado es parte del problema, si se previene y elimina, el Estado es parte de la solución. Fui la primera mujer afrodescendiente Directora General para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial; primera mujer afro-alto cargo y responsable en una dirección, desde la que se establecía un marco generalizado de políticas y categorías de comprensión para la lucha contra las discriminaciones.

Una lucha en la que las instituciones presentan resistencias y en la que los poderes públicos esquivan su compromiso democrático con esta problemática. En primer lugar, mi nombramiento fue acompañado con una enorme disputa política que libraron una buena parte de las organizaciones antirracistas en este país, pues siendo un puesto de asignación política y partidista, creó malestar en el antirracismo por la falta de criterio interseccional antes de ser asignada en este puesto por mi organización política.

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Lo personal es político, es una aseveración del feminismo de la segunda ola, y con esto quiero expresar mi enorme preocupación ante la casi total ausencia de la diversidad y de personas racializadas con conciencia de clase en la lucha contra el racismo en los espacios partidarios y de representación políticos. Habíamos dado un pequeño paso con las transformaciones del ciclo del 2015, y esta acción casi revolucionaria en nuestro país, vuelve a situarnos en la nada. Ese ciclo político que generó esperanza a la diversidad en España con personas en las instituciones de diferentes perfiles étnicos, y en el sentido de que poco a poco, pudiésemos algunos sectores de la sociedad estar representadas en espacios importantes de toma de decisiones políticas, como establece la constitución. Pues actualmente, esta pequeña ventana se ha cerrado, se han esfumado por el sumidero nuestras esperanzas. Hace 10 años llegamos a las instituciones personas de otros orígenes y sensibilidades que hasta ese momento habíamos estado ausentes en estos espacios. Con ello, la democracia se actualizó democratizando el acceso al ejercicio del poder a la diversidad racial. Creíamos que se abría no solo una ventana, sino que, de igual modo, una puerta a la esperanza, pues parece que vuelve a cerrarse.  

Las puertas de las instituciones se cierran a los impulsos de ampliación de la democracia cuando el color de piel emerge para realizar responsabilidades estatales, en un momento de implosión de las extremas derechas en distintos países y en los escenarios políticos. El señalamiento continúo a los migrantes y personas racializadas como responsables de las crisis sistémicas que atravesamos de manera general en el mundo actual, y en particular en Europa, sigue su curso. Las instituciones en nuestro país van en dirección contraria en la lucha contra el racismo y me remito a señalar algunos elementos para situar esta afirmación. 

Las personas que encabezamos esta lucha en España, resultamos incómodas, no encajamos, ni somos funcionales al sistema. Dicho de otra manera, la lucha contra el racismo no está situada en las instituciones como una agenda prioritaria ni puesta en un horizonte de transformaciones. Las y los aliados dentro de las instituciones son escasos y escurridizos. Es una lucha reciente en España y son las comunidades antirracistas las que están encabezando los hitos desarrollados entorno a la misma. Sin recursos económicos despliegan imaginación política y horizonte epistemológico para mantener y actualizar la lucha. Ninguna actitud victimista se haya en las comunidades.  

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Las agendas antirracistas plantean debates dialécticos, puentes de entendimiento, vías de solución y refuerzan las capacidades democráticas que el Estado necesita para solventar el problema de la discriminación racial. Es cierto que resultan incómodas en el marco institucional. A día de hoy, en el contexto español, no tenemos todavía un corpus extenso de estudios sobre la perspectiva étnica. Por tanto, a la hora de problematizar las prácticas sociales, políticas y jurídicas entorno a las cuestiones derivadas del racismo estructural o sistémico, nos faltan muchas herramientas para actuar. Los debates públicos sobre el racismo son escasos y se han generado de manera puntual y sin recursos por parte de las organizaciones antirracistas que están centralizándolos. Además, las organizaciones políticas muestran un interés escaso, colonial y decorativo por el antirracismo, lo mismo ocurre con la interseccionalidad: no nos miran a la cara y a la hora de diseñar las agendas políticas apuestan por perfiles que les resultan cómodos. 

La falta de interés por el antirracismo político y su aportación a la política se traduce en baja intensidad democrática. También se puede observar desde el momento en el que las propuestas se acogen bajo el manto antidiscriminatorio, que guarda una estrecha relación en el marco europeo (para ampliar información recurrir a la Directiva europea 2000/43). Las propuestas  no son disruptivas, no son trasformadoras, cumplen únicamente su función dentro de las reglas del sistema.(Más información: La Banalidad del Mal, Hannah Arendth). 

En este encaje, desprovisto de una proyección antirracista se habilitó el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, con Medidas Fiscales y de Orden Social en su artículo 33 a través del cual se creaba este organismo. No es hasta 2007 cuando, por Real Decreto, se reguló su misión, composición y funciones, momento en el que se hace efectiva su habilitación, adscribiéndose al Ministerio de Trabajo e Inmigración correspondiente. ¿Cómo se traduce todo esto? El Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnico es un órgano Colegiado que forma parte de la Administración del Estado, sin independencia, sin personal asalariado y sin recursos económicos. Teniendo la función de hacer seguimiento y acompañar a las víctimas, sin poder intervenir directamente en la denuncia penal. El sentido del Consejo ha sido para ampliar y garantizar derechos.  

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Con la creación en 2020 del Ministerio de Igualdad y de una Dirección General específica en materia de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial, el Consejo pasó a adscribirse a esta última, nombrándose al primer presidente afrodescendientes en este organismo. Durante estos años, Antumi Toasijé ha tratado junto a las organizaciones de este organismo de llenar de contenido y líneas políticas que hasta ahora estaban ausentes o estancadas. Los Estudios, los Plenos, el acompañamiento a las víctimas del racismo y el reforzamiento y aumento de las oficinas antidiscriminación en todo el territorio, con la habilitación del 021, es una evidente mejora en la que nos volcamos. 

1. Pusimos en marcha el primer Estudio de Aproximación a la Población Africana y Afrodescendiente en España-Identidad y Acceso a Derechos. 
2. Las campañas antirracistas como la que se hizo sobre discriminación en la vivienda. 
3. El Estudio sobre Discriminación Racial en la vivienda y los asentamientos. 
4. El trabajo de la apertura del debate de recogida de datos sobre el origen étnico para reconocer las opresiones que viven las personas por su origen racial o étnico. Si no tenemos datos, no podemos evaluar el alcance del racismo, y tampoco podemos evaluar sus consecuencias. 
5. Los ejes del Decenio de los Afrodescendientes (2015-2024). 
6. El Anteproyecto de Ley Orgánica contra el Racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia, constituyó otra de nuestras apuestas en la que invertimos tiempo y esfuerzo junto a las organizaciones para recoger propuestas que forman parte de esta ley, que ya está redactada. No se pudo elevar al Consejo de Ministros, pues se adelantaron las elecciones y la ley se quedó ahí, en la cola, en ese lugar donde solo puede estar el antirracismo, en esos lugares en los que nuestros procesos de lucha y lo que representamos acaba siendo borrado. 

Esta ley está en el programa del Gobierno de Coalición, entendemos que por estar en algún lugar, pues muchas de nosotras esperamos el momento que este anteproyecto, sobre el que depositamos tantas personas algunas esperanzas y una visión democrática, pueda ser debatido en el parlamento español. No podemos negar la necesidad de una ley específica contra el racismo en España. No se consiguen todos los objetivos planificados con las leyes, sobre todo, si no se pone en marcha el desarrollo de sus competencias, pero es una buena herramienta de sensibilización social y abre caminos a las transformaciones requeridas.  

El antirracismo institucional está desprovisto de un legado de largo alcance, y lo peor es la muestra de baja intensidad a la hora de sociabilizarlo en un contexto europeo, que a su vez difumina esta lucha en sentido cortoplacista y se acaba perdiendo las intenciones en el marasmo del discurso de odio. A todo se le señala como discurso de odio para no ponerle cara a las imbricaciones del racismo estructural. Un racismo que, por circunstancias históricas, sufren determinados grupos poblacionales o étnicos, que derivan en que su situación de desventaja, se trasmita de generación en generación. 

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El pasado histórico es un marcador del presente y no podemos borrar la implicación de nuestro país en la Trata Trasatlántica y el Tráfico de personas esclavizadas del Sur Global, siendo todo ello evidente en la sucesión de hechos derivados que se siguen desarrollando en la actualidad. El racismo, la discriminación racial, la xenofobia  y las formas conexas de intolerancia, están imbricadas en nuestra cultura y forman parte de nuestra vida cotidiana. Conocer nuestra historia, puede ayudar a empezar a centralizar los mecanismos de debate que son necesarios para abordar esta lucha. Y para ello, se necesita a las personas que les atraviesa, aparte de reconocer los daños históricos causados, requerimos una agenda de diseño para las estrategias de la "Reparación," contexto que ya se está debatiendo y que formará parte del Segundo Decenio Afrodescendiente. 

Se aprobó por fin la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación; un hito político que se debe a la lucha de las organizaciones sociales. Se necesitaron más de 10 para que esta ley paraguas en el marco antidiscriminatorio, pudiera ver la luz. En estos momentos,  estamos esperando impacientes que su desarrollo se culmine con la creación y funciones de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación. Un organismo que debe tener independencia real con recursos humanos y materiales para luchar contra el racismo.  

Termino este artículo con un horizonte esperanzador que tiene que ver con una reflexión de Ángela Davis:

"Hay que actuar como si fuera posible transformar radicalmente el mundo. Y tienes que hacerlo todo el tiempo."