Dominio público

El futuro de nuestra democracia pasa por un parlamento climático ciudadano permanente

Nuria Borda de la Fuente, Agnès Delage Amat, Fernando Prieto y Rafael Jiménez Aybar

Decenas de personas durante una manifestación en defensa de la justicia climática, a 1 de junio de 2024, en Madrid (España).- Gustavo Valiente / Europa Press
Decenas de personas durante una manifestación en defensa de la justicia climática en Madrid (España).- Gustavo Valiente / Europa Press

No estamos condenados al colapso climático y democrático, por mucho que se instrumentalice actualmente la cuestión del clima con el objetivo de desestabilizar nuestro sistema político en toda Europa. Un grupo de expertos acaba de lanzar la alarma ante la "máquina de fango" que es realmente la más peligrosa para las democracias: la difusión de las agendas negacionistas, con campañas digitales masivas de desinformación climática. Callum Hood, jefe de investigación del Centro de Lucha contra el Odio Digital, aclara que la desinformación sobre el cambio climático está jugando un papel clave en las próximas elecciones y en el futuro de Europa. El negacionismo climático de los influencers complotistas y los bulos de sus legiones de trolls arremeten contra las bases de la democracia, los derechos humanos y nuestros consensos sociales, en beneficio de los grupos de intereses relacionados con las energías fósiles, que ahora tienen nuevos compañeros de cama en ciertos regímenes autoritarios enfrentados con Occidente. Concretamente, en YouTube, el 70 % de videos negacionistas actuales promueven una nueva forma de negación climática que se centra en atacar las soluciones políticas propuestas, la ciencia del clima y criminalizar el movimiento climático.

Tras las elecciones europeas de junio, siempre quedará algo de esta ola de calumnia digital que machaca con que la ciencia actual es un "fanatismo climático". Además de beneficiar a todos los partidos de extrema derecha, los parlamentarios electos en Bruselas podrían sentir que ya no tienen el capital político para seguir promoviendo la acción climática del Pacto Verde, ya fragilizada, afectando a millones de vidas negativamente.

Contra la difamación negacionista que alimenta eficazmente un populismo anti-climático, xenófobo y autoritario, hace falta "democratizar la democracia" urgentemente, como lo proponía hace poco Javier Cercas. Pero no se trata de oponer la democracia directa a la democracia representativa. Más participación del demos no sirve para restar poder al parlamento, sino para defender la democracia representativa con la principal fuerza democrática que tenemos actualmente en Europa y que es el consenso social de una aplastante de la mayoría de la población en torno a la gravedad de la crisis climática. Si no somos capaces de preservar este consenso en lo que el filósofo Bruno Latour llamó un "pueblo climático", corremos el riesgo de ver replicar en Europa el violento giro hacia la democracia iliberal que experimenta Argentina. La presencia días pasados en Madrid de Javier Milei, líder indiscutible del negacionismo climático internacional, junto a Viktor Orban y Giorgia Meloni, para apoyar la candidatura europea de Santiago Abascal y de todos los partidos de extrema derecha ya es un aviso de la cruda realidad de esta amenaza.

En España, la fragilidad democrática es cada vez más evidente. Un 72% de la población desconfía de la clase política. Pero existen dos tipos de políticas públicas que todavía resisten a todas las calumnias y son capaces de generar una altísima adhesión social: las que están basadas en la ciencia y las que integran una participación real de la ciudadanía (para un 87% y un 79% de los encuestados, según un estudio reciente). De hecho, el último informe científico del IPCC hizo especial hincapié en las asambleas ciudadanas, cuando recomendó una "mayor participación pública en los procesos de política climática y gobernanza" porque "permite una transformación social y un cambio sistémico incluso en contextos complejos y controvertidos". En España, entre 2022 y 2024 se han organizado una Asamblea Climática estatal y Asambleas Ciudadanas Climáticas autonómicas como la de Cataluña y Navarra, además de otras como Barcelona, Mallorca, y Guipúzcoa. Hemos aprendido tanto de las limitaciones iniciales como de los grandes logros de todos estos procesos por sorteo representativo. Ahora ha llegado el momento de comprometernos con la dinámica de institucionalización de una co-gobernanza ciudadana climática que se desarrolla en la Comisión Europea y que ya tiene ejemplos concretos en funcionamiento, en Bélgica e Italia.

Queremos que España también se sume a las múltiples iniciativas europeas que han surgido desde la sociedad civil para construir asambleas ciudadanas climáticas permanentes capaces de conectar con el conjunto de la sociedad, defendiendo así la democracia contra las agresiones negacionistas. Un claro ejemplo lo han dado las numerosas ONGs internacionales, como WWF, Oxfam, Amigos de la Tierra o Greenpeace que, con otros actores históricos de la lucha social y ambiental pero también con empresas, sindicatos e instituciones científicas, promueven actualmente un manifiesto para las elecciones europeas que reclama justamente institucionalizar la participación ciudadana climática permanente e informada por la ciencia en todos los niveles de los órganos de gobierno.

No cedamos paso a las calumnias anti-climáticas y anti-democráticas que marcan la campaña de las elecciones europeas, y confiemos plenamente en la ciudadanía como garante de cohesión democrática ante la emergencia ambiental. Pidamos al Gobierno la creación de un Parlamento Ciudadano Climático permanente, compuesto por una Asamblea Ciudadana y un Consejo del Clima que correspondería en parte al Comité de Personas Expertas de Cambio Climático y Transición Energética que el artículo 37 de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética determinó crear en 2021, pero cuyo desarrollo mediante Real Decreto sigue pendiente. La defensa de la democracia y del derecho a la vida de las generaciones futuras necesitan un espacio público participativo de codecisión basado en la ciencia: un método con resultados probados, justo, transparente y plenamente abierto a la sociedad civil organizada y, sobre todo, al conjunto de la sociedad, para decidir a largo plazo sobre nuestra trayectoria climática y social dentro de los límites planetarios.

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