Dominio público

PSOE: Proyecto difuso

Antonio Antón

Profesor honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid

Antonio Antón
Profesor honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid

La reciente conferencia programática del partido socialista tiene un objetivo claro: ganar ‘su’ futuro, remontar la desafección electoral y conseguir el apoyo de la mayoría social a fin de volver a gobernar. Para ello ha elaborado un proyecto político difuso que deja abierta la orientación principal de su estrategia política. Su sentido es cambiar la imagen, intentar hacer olvidar su impopular gestión pasada. Es un cambio estético que algunos dirigentes anuncian como ‘radical’, para evitar las responsabilidades de la actual dirección en su última gestión gubernamental impopular. Pretenden eludir esa justa crítica ciudadana y las consecuencias de su desafección, pero sin una reflexión autocrítica de la dimensión y las características de los errores cometidos.

Sin explicar en qué se han equivocado, no tiene suficiente credibilidad sus ‘propósitos de enmienda’; es decir, ha habido un silencio clamoroso sobre qué exactamente se ha hecho mal y, por tanto, no lo van a repetir. Al mismo tiempo que pretenden distanciarse formalmente de su ‘herencia’ antisocial y con déficit democrático, cuando uno de los principales protagonistas fue precisamente Rubalcaba. No se trata de hacer una valoración histórica de los aciertos y errores del partido socialista. La cuestión candente ahora era hacer balance autocrítico de su giro neoliberal en el año 2010, junto con el incumplimiento de sus ‘compromisos’ sociales y electorales, que demostraron los límites de sus convicciones democráticas y de respecto a la ciudadanía y su vinculación con los intereses de los ‘poderosos’. La gestión del Gobierno de Zapatero-Rubalcaba en sus dos últimos años fue, en lo fundamental, regresiva y poco democrática. La dirección socialista no puede eludir esa responsabilidad y menos hacerla olvidar. Intentarlo denota dejar abierta la posibilidad de volver a repetir ese incumplimiento de su contrato social con la ciudadanía. Sin una reconsideración profunda y abierta de su gestión anterior, es razonable el escepticismo ciudadano sobre la seriedad y el significado de ese cambio retórico.

El reconocimiento de la evidencia de su fracaso social y electoral no es suficiente. Es una realidad que no se ha querido asumir, pero es imposible de desconocer. Su deseo de ganar la mayoría social y ofrecerse de recambio institucional al PP es legítimo. Pero sin aclarar cómo, con qué contenido, quién lo encabeza y, por tanto, qué fuerzas sociales y políticas son necesarias para un giro consecuente hacia la izquierda, toda la operación se convierte, sobre todo, en un ejercicio de márquetin electoral. Sin definir claramente la reorientación social de su estrategia socioeconómica y la regeneración democrática del sistema político, lo que queda es la ausencia de una apuesta firme por el cambio progresista. O todavía peor, una actuación cínica de cambiar algo para no cambiar nada, reafirmando su prepotencia y sectarismo frente a los sectores críticos, debilitando las opciones alternativas y de progreso.

La puesta en escena de ciertas retóricas puede tener un significado problemático o ambivalente para un auténtico giro hacia la izquierda que permita avanzar hacia un cambio progresista. Por una parte, algunas medidas (laicidad, reforma fiscal, derogación de la ley Wert y aspectos significativos de la reforma laboral…) aunque limitadas son positivas y constituyen un nuevo ‘compromiso social’ frente a la agresividad regresiva de la derecha. Pero en la medida que se quedan muy cortos y con poca consistencia práctica inmediata pueden ser muy insuficientes para incrementar su credibilidad social y recoger el apoyo ciudadano a su representación.

Para empezar, los dirigentes socialistas deberían reconocer su error, al final de su mandato, por la reforma constitucional de priorizar el pago de la deuda pública en detrimento del gasto social, que condiciona toda la política económica y presupuestaria. Su compromiso debería ser revertirla, cosa que al depender del beneplácito del PP queda impracticable si no hay una fuerte demanda popular y un amplio respaldo electoral a las izquierdas, cosa por la que no apuestan. La decisión debe supone acabar con la política de austeridad y definir, también en el marco europeo, una estrategia firme y solidaria por una salida equitativa de la crisis, cuestión apenas tratada. Y para tener suficiente credibilidad en su ‘cambio radical’, comprometerse a derogar ‘su’ reforma laboral y sus medidas de ajuste (rechazadas por más del 60% de la sociedad y gran parte de su electorado) e, incluso, echar atrás, al menos, la principal medida de ‘su’ reforma del sistema de pensiones, el alargamiento de la vida laboral de 65 a 67 años (al que se oponen el 76% de la población y la mayoría de su base social).

Ese giro retórico pretende modificar su imagen de ‘derechas’ y hacerla algo de izquierdas, intentar recuperar cierta base social, neutralizar las críticas a su gestión gubernamental antipopular y superar la gran desconfianza ciudadana en sus líderes. Si fuese el comienzo de una transformación más profunda, esos objetivos serían legítimos, pero queda la duda razonable, entre gran parte de la opinión pública, sobre su credibilidad política, derivada de su responsabilidad anterior y la poca concreción y convicción de ese giro hacia la izquierda.

Por otra parte, la función principal de este nuevo plan de la dirección socialista se puede quedar en maquillar simplemente su imagen, impedir un giro consecuente hacia la izquierda, evitar una clara renovación democrática y de liderazgo, neutralizar los movimientos sociales críticos y aislar al resto de las izquierdas plurales. En este sentido, esta escenificación consistiría en un cambio de ‘comunicación’ (otro más después del de otoño de 2010, primavera de 2011, campaña electoral de 2011 y el propio Congreso socialista a principios de 2012) para continuar con la misma política de fondo y similar liderazgo. Así, en caso de ganar al PP, esperando su fuerte desgaste electoral, el destino de esas medidas ‘progresistas’ podría ser dejarlas inoperativas o en un segundo plano y subordinadas al eje principal de su política de ‘responsabilidad’ económica e institucional.

Es comprensible el recelo ciudadano hacia los límites de su autocrítica, la ausencia del reconocimiento de sus graves errores y la ambigüedad estratégica de su proyecto. Y es razonable la desconfianza en la seriedad de este supuesto nuevo proyecto, sin la rectificación sustantiva respecto del anterior. Son probables sus dificultades para aumentar su credibilidad social, dada la insuficiencia de una reorientación, claramente de izquierdas y de reafirmación democrática en los planos económico, político, institucional y de alianzas. Falta un debate profundo sobre una estrategia, ausente pero necesaria, para afrontar los graves problemas de la crisis sistémica, la modernización del aparato económico y político, la consolidación del Estado de bienestar y los derechos sociales y la democratización política.

Algunos dirigentes socialistas, como la vicesecretaria Elena Valenciano, han apuntado que cometieron algunos errores (la congelación de las pensiones en mayo de 2010), fueron poco sensibles a la oposición popular a sus recortes (aludiendo al ¡Así, no! del sindicalismo frente a su reforma laboral y sus ajustes) y admitiendo la legitimidad de la exigencia de ‘rectificación’ (reconociendo el impacto deslegitimador de la huelga general del 29 de septiembre de 2010 contra el Gobierno de Zapatero-Rubalcaba). Incluso llegan a plantear que lo decidido en esta conferencia es un reformismo ‘radical’: hacer al PSOE más rojo, más morado y más verde; es decir, más de izquierdas, feminista y ecologista. Bien venido sea, si fuera cierto y se obrase en consecuencia.

Paralelamente, otros dirigentes, como el exministro José Bono, contra esa interpretación de giro hacia la izquierda, se aprestan a ratificar que antes que dialogar y acordar con Cayo Lara (IU), prefieren pactar con Rajoy (PP). Es la típica prioridad de la tercera vía por las relaciones con los grandes poderes económicos, su responsabilidad ‘institucional’ y por ganar el electorado centrista, antes que ‘caer’ en ‘aventuras’ transformadoras y apostar por la representación de los intereses de la mayoría de las capas populares, con el estímulo de la participación ciudadana y la movilización social.

Así, el aparente consenso interno se establece por la combinación entre un ‘lenguaje’ de apariencia distinta al anterior, para soltar lastre de sus responsabilidades, y una estrategia política similar y de continuidad, con leves retoques. Lo específico del momento es que estando en la oposición parlamentaria y sin tener la responsabilidad de la gestión institucional, les resulta más sencillo mantener cambios formalistas sobre lo primero y lo segundo, sin encarar el esfuerzo y el compromiso de renovar profundamente su contrato social con la ciudadanía y, por tanto, sin asegurar la no repetición del incumplimiento de sus (nuevos) compromisos sociales.

Además, como es notorio, no se definen otros dos aspectos clave para su base social: la renovación interna con una regeneración democrática de su estructura y su liderazgo, y un proyecto coherente y solidario de integración territorial, de respeto a la singularidad de Cataluña y la unidad con el PSC.

La cuestión es qué hay de nuevo y de viejo en este proyecto; qué de reconocimiento de errores o de disculpa y olvido. O bien, la combinación entre su ambigüedad sobre cuestiones cruciales y su continuidad con similar estrategia, junto con algunos pequeños cambios y una puesta en escena que pone el acento en un cambio ‘radical’. Hay que definir si estamos ante una operación superficial para intentar hacer olvidar a la población su reciente gestión gubernamental impopular con incumplimiento de sus compromisos sociales y democráticos, o es un paso significativo hacia una reorientación política clara hacia la izquierda y la regeneración democrática del sistema político. En fin, si es una base relevante y sincera para la ampliación de la participación ciudadana, el acercamiento a los movimientos sociales y las mareas ciudadanas y la unidad con el resto de fuerzas sociales y políticas de izquierda para promover un auténtico cambio político progresista; o el resultado es simplemente reforzar su actual aparato para retomar un cierto margen de maniobra y conservar su poder institucional, con una orientación ambigua que permite una aplicación ‘adecuada’ en cada coyuntura. La hipótesis más realista es que se dan las dos tendencias, aunque la dominante sea la segunda, continuista y legitimadora del actual aparato, no hay que descartar algún aspecto positivo de la creencia de algunos de sus afiliados en la primera, de cambio progresista.

En consecuencia, la supuesta renovación socialista todavía no ha sido resuelta satisfactoriamente. Está claro su objetivo de recuperar a las bases sociales desafectas con su orientación anterior, pero no ha habido una clara autocrítica de su gestión gubernamental antisocial ni una política económica alternativa a la estrategia liberal-conservadora del bloque de poder europeo, ni una apuesta profunda por la regeneración democrática (más allá de su plan de primarias internas).

Por tanto, queda sin definir el compromiso por un auténtico giro progresista de la política socioeconómica y de refuerzo democrático del sistema político sin que se garantice un cambio político de izquierdas, apoyándose en la movilización de la ciudadanía y el acuerdo con los principales agentes sociales y políticos progresistas y de izquierda.

En definitiva, la conferencia del partido socialista, con la amplia representatividad que todavía posee, ha sido una ocasión perdida para fijar un rumbo que asegure un cambio político progresista, con un proyecto de izquierdas que ilusione a la mayoría de la sociedad, aglutine al conjunto de fuerzas sociales y políticas progresistas y abra un horizonte más justo y democrático a la sociedad española (y al sur europeo). Lo que queda es otro intento de ‘comunicación’, aunque sea dudosa su efectividad incluso para ampliar su base social. Sí parece que ha servido para cohesionar a su estructura orgánica y reforzar el liderazgo y continuidad de Rubalcaba y su equipo entre los propios sectores afines. Pero con poca solidez ya que, con el sentido poco definido de su proyecto, lo que pasa a un primer plano es la pugna soterrada por quién lo dirige y controla el aparato. Todo ello no garantiza el camino para persuadir al conjunto de su base electoral y, menos, remontar la desafección política de amplios sectores populares y la amplia desconfianza ciudadana en su política y su liderazgo. El PSOE no ha resuelto las garantías del cambio político progresista. Persiste la tarea colectiva de caminar hacia una democracia más social y avanzada.