25/12/200820/09/2017

RAFAEL ESCUDERO ALDAY

El 26 de diciembre se cumple un año de la aprobación por el Parlamento de la Ley de Memoria Histórica. Un año en que se han confirmado los negros presagios que acompañaron su tortuoso recorrido parlamentario. La falta de interés por parte del Gobierno y el grupo socialista –atrapado por una promesa electoral a la que a duras penas quería dar cumplimiento– y la feroz oposición de un Partido Popular incapaz de marcar distancias con el franquismo lastraron su alcance y contenidos. Sólo gracias a la acción de grupos como Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Catalunya, junto con la incansable labor del movimiento asociativo, se pudo lograr la aprobación de la ley.
Era de esperar que tal panorama se trasladase al día después, cuando debía comenzar la tarea reglamentaria de su desarrollo. Desde entonces, ha pasado un año caracterizado por vacíos y silencios más que por la implantación de políticas de ejecución del texto legal. Un año en el que lo anecdótico ha sido elevado a la categoría de trascendental y en el que se ha pretendido –y, en buena medida, conseguido– sacar el tema de la memoria histórica de la agenda política. Y la responsabilidad recae de forma casi exclusiva en el Gobierno. Veamos las razones que sustentan esta afirmación. En primer lugar, la extrema lentitud con que ha puesto en marcha la ejecución de la ley: los primeros decretos de desarrollo están fechados el 3 de noviembre de 2008, casi un año después de su entrada en vigor. Merece la pena detenerse en esta coincidencia: la preparación de estos decretos fue anunciada por la vicepresidenta del Gobierno el mismo día de septiembre en que se hizo pública la ya famosa providencia de Garzón.
A pesar de su destino, dos conclusiones se pueden extraer de la actuación de este magistrado: una, puso de manifiesto cómo todavía hoy importantes sectores de la cultura jurídica se niegan a aceptar las obligaciones que el Derecho internacional impone a los Estados para investigar y sancionar las violaciones de los derechos humanos, perpetradas o toleradas por agentes del propio Estado. Y dos, nos enseñó cómo una concreta decisión judicial puede tener repercusiones más allá del particular proceso bajo el que nació. En este caso, parece fuera de dudas que su actuación sirvió para reactivar al Gobierno, que hasta esa fecha parecía optar por la vía del silencio. Aun cuando sólo fuera por este último punto, el auto de Garzón es digno de mención.

La segunda de las razones es el contenido de los decretos. Por ejemplo, el que establece el procedimiento para obtener ante el ministerio de Justicia la declaración de reparación y reconocimiento personal a las víctimas impone a estas y a sus familiares la carga de la prueba. Resulta cuando menos un sarcasmo que personas sometidas a condenas y sanciones ilegítimas por defender los valores democráticos sean ahora las que tengan que aportar los documentos que prueben los hechos. La violencia de la dictadura franquista llevaba el sello del Estado, de manera que es este –y no las víctimas ni sus familiares– quien debe soportar el peso y el coste de estos procedimientos de reparación. Tampoco deja de tener su gracia la ventanilla a la que tendrán que dirigirse: la División de Tramitación de Derechos de Gracia y Otros Derechos, es decir, la competente para tramitar –además de los asuntos relativos a los títulos nobiliarios– el perdón o la extinción de la responsabilidad penal.
La tercera razón consiste en el desvío de aspectos relevantes de la memoria histórica al ámbito privado. Así sucede con las labores de localización y exhumación de las víctimas, delegadas a las familias y asociaciones a través de la concesión de subvenciones que a duras penas cubren los gastos de su trabajo voluntario para conseguir no sólo identificar y recuperar los restos de las víctimas, sino también devolvernos la dignidad todavía sepultada en las cunetas de nuestros caminos. En los últimos días el Gobierno ha anunciado la creación de una Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura que, supuestamente, elaborará el protocolo de actuación para las exhumaciones. Junto con este anuncio –altamente indeterminado, al no indicarse ni la fecha de inicio de funcionamiento– el Gobierno también ha trasladado a la opinión pública su intención de dejar en manos de ayuntamientos y comunidades autónomas la decisión final sobre la apertura de fosas. Una vez más, el Gobierno hace dejación de sus funciones: resulta sorprendente que sea este un asunto de competencia local y autonómica, cuando se trata de exhumación de cadáveres. Es de prever que algunas entidades se nieguen y que ello afecte al principio de igualdad: algunas fosas se abrirán, mientras que otras permanecerán en el olvido.
Y por último, el problema de la retirada de los símbolos franquistas de nuestras calles. En este punto, el Gobierno sigue sin hacer uso del artículo 15 de la ley, que le permite no conceder subvenciones o ayudas públicas a aquellas instituciones que mantengan tales símbolos. Ahora que tanto se habla de financiación local, no estaría de más incluir una referencia a este tema para aquellos ayuntamientos que los siguen conservando. No es por falta de mecanismos legales, sino tan sólo de voluntad política, por lo que sigue existiendo ese infame callejero de los horrores tantas veces denunciado.
En suma, el actual desarrollo de la ley dista mucho del exigible en cualquier sociedad que se reclame a sí misma respetuosa con los valores de la legalidad democrática y los derechos humanos de quienes lucharon por defenderlos. Conviene seguir presionando al Gobierno desde todas las instancias para recordarle los compromisos que asumió al apoyar, hoy hace un año, la Ley de Memoria Histórica.

Rafael Ecudero Alday es Profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III y coeditor del libro ‘Derecho y memoria histórica’

Ilustración de Miguel Ordóñez